domingo, 17 de septiembre de 2017

¿QUÉ ES EL DESAHUCIO EN MATERIA LABORAL? POR YUNIO ANTONIO DURÁN DE LA CRUZ


El desahucio es el derecho que tiene tanto el trabajador como el empleador de poner fin al contrato de trabajo por tiempo indefinido sin la necesidad de alegar causa alguna que no sea la formalidad de dar aviso previo y la comunicación al Ministerio de Trabajo o autoridad competente en un plazo de cuarenta y ocho horas después de comunicado a la parte desahuciada.

A diario escuchamos personas decir a fulano lo botaron, a perencejo lo despidieron, a zutano lo cancelaron o por el contrario fulano renunció, permítanme decirle que por lo general todos estos términos son mal empleado cuando se refiere al desahucio laboral, toda vez que la Ley 16-92, que regula la relación empleador - trabajador en el sector privado y las empresas públicas descentralizadas desde el 1992 a la fecha en la República Dominicana, solo habla de desahucio, despido, dimisión y abandono de trabajo.

viernes, 15 de septiembre de 2017

MOTIVOS DE DIVORCIO POR INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


Lo primero que debemos decir es que la incompatibilidad de caracteres debe probarse, SCJ, 1.a Cám., 24 de enero de 2007. Los jueces deben especificar los hechos y circunstancia que configuran la incompatibilidad de caracteres, SCJ, 1.a Cám., 9 de abril de 2008. En materia de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, los jueces del fondo pueden formar su convicción tanto por medio de la prueba testimonial como por otros elementos de prueba, como son las declaraciones de las partes, los documento aportados a la instrucción de la causa y los hechos y circunstancia del proceso, y hasta puede constituir una prueba de la incompatibilidad el hecho de que uno de ellos haya demandado al otro por ese motivo, SCJ, 1.a Sala, 7 de marzo de 2012.

La incompatibilidad de caracteres no tiene que probarse necesariamente por testigos. Los jueces del fondo pueden formar su convicción por otros elementos de pruebas, como son las declaraciones de las partes, los documentos aportados a la instrucción de la causa y los hechos y circunstancias del proceso, SCJ, 1.a Cám., 19 de noviembre de 2008.

REGULACIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y LA CONCESIÓN DE HIPOTECA


Es nulo el contrato de préstamo consentido sobre la vivienda familiar sin el consentimiento de la esposa, SCJ, 3.a Sala, 24 de julio de 2013. La vivienda familiar solo puede ser enajenada o hipotecada cuando se sustente en un acto de disposición que sea el resultado de la voluntad expresa de los esposos. No admite que dicho consentimiento pueda ser tácito, que pueda ser deducido del comportamiento de la esposa o evidenciado por hechos que hagan inferir que el esposo que impugna la enajenación tenía conocimiento de la venta, SCJ, 1.a Sala, 29 de agosto de 2012.

La esposa puede perseguir la nulidad del acto de hipoteca hecho sin su consentimiento sobre la vivienda familiar dentro del año de tener conocimiento de dicho acto, según lo establece el Artículo 215 del Código Civil modificado por la Ley 855 de 1978, SCJ, 1.a Sala, 27 de junio de 2012. El término vivienda utilizado por el Artículo 215 del Código Civil se refiere de manera exclusiva, al lugar donde habita la familia, cuyo destino lo diferencia de los demás inmuebles que forma la masa común en bienes, por lo cual ha sido objeto de una protección especial por parte del legislador, SCJ, 1.a Sala, 14 de agosto de 2013.

¿CUÁLES REGULACIONES EXISTEN Y QUÉ DAÑOS SE PUEDEN PEDIR POR MAL USO DE BURÓ DE CRÉDITO?


La Jurisprudencia Dominicana ha afirmado que establecer con carácter de obligación el agotamiento de una fase preliminar conciliatoria del apoderamiento de los tribunales de cualquier acción judicial, como lo establece la Ley 288-05 sobre regulación de sociedades crediticias, constituye una limitación al libre acceso a la Justicia. El preliminar conciliatorio reviste un carácter puramente facultativo y no debe constituir un obstáculo al derecho del interesado de someter el caso directamente a los tribunales, SCJ, 1.a Sala, 20 de noviembre de 2013.

¿CUANDO ES POSIBLE DEMANDAR EN INCLUSIÓN DE HEREDEROS?


La Jurisprudencia ha establecido que la inclusión de herederos no es posible después de saneado el inmueble y vencido el plazo de un año para revisión. Los derechos que no hayan sido invocados en el proceso de saneamiento quedan aniquilados por la sentencia que pone término a este, SCJ. 3ra. Cám., 25 de julio de 2007. Asimismo ha consagrado que un adquiriente de buena fe y a título oneroso no puede ser perjudicado por una litis en inclusión de herederos que es posterior al registro de sus derechos. Dicha litis no le es oponible, SCJ, 3ra. Cám., 22 de abril de 2009.

De igual forma, se ha fijado el criterio de que es inadmisible la intervención voluntaria hecha en casación sobre una cuestión de fondo (inclusión en determinación de herederos), la cual ha debido hacerse ante los jueces del fondo o ante el juez comisario competente para dirimir todas las cuestiones o contestaciones relativas a la partición de bienes, SCJ, 1.a Sala, 14 de diciembre de 2011. Pero ha afirmado que la demanda en inclusión de herederos no prescribe si los inmuebles aún forman parte del acervo sucesorio, SCJ, 3.a Sala, 23 de mayo de 2012. Y que la litis en inclusión de herederos es oponible a los adquirientes de buena fe que no han registrado sus derechos, SCJ, 1.a Sala 17 de julio de 2013.

lunes, 4 de septiembre de 2017

INOPONIBILIDAD DE LAS OPERACIONES NO REGISTRADAS O POSTERIORES A LA INSCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN EN MATERIA DE TIERRAS



Según el Párrafo II del Artículo 90 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, sobre inmuebles registrados no pueden existir derechos ocultos que no hayan sido debidamente registrados, por lo que no le es oponible al tercer adquiriente de buena fe ningún derecho no inscrito como ha sido juzgado por nuestra Suprema Corte de Justicia (3ra. Sala, 26, de marzo de 2014).

No le es oponible al tercer adquiriente de buena fe, a quien se le ha emitido un certificado de título sin gravamen, una hipoteca que, por error del Registro de Títulos, no ha sido registrado o anotada en el original del certificado de título del inmueble (1ra. Cámara, 5 de marzo de 2003). Tampoco le es oponible al tercer adquiriente de buena fe, a quien se le ha emitido un certificado de titulo sin gravamen, un bien de familia que, por error del registro de título, no ha sido registrado o anotado en el original del certificado de titulo del inmueble (3era. Sala, 11 de septiembre de 2013).

En este mismo orden de ideas, no le es oponible una litis sobre derecho registrado al adquiriente de buena fe que compra a la luz de un certificado de título, que para la época de la operación se bastaba a sí mismo, en el cual no consta la indicada litis, máxime cuando se le expide a este un certificado del título sin ninguna anotación, (3ra Sala, 4 de diciembre de 20013).

Los terceros adquirientes de buena fe no pueden ser perjudicados por una litis que ha sido inscrita después de habérseles transferido el certificado de título a su nombre, la cual no le es oponible. De lo contrario, se atentaría contra los principios que rigen la fuerza probatoria del certificado de título (3ra. Sala, 14 de marzo de 2012).

La omisión por parte del registro de títulos de hacer constar en el certificado de título o carta constancia que ampara un inmueble una oposición constituye una falta que no puede perjudicar al tercero que compra dicho inmueble, siendo de buena fe. (3ra. Cámara, 18 de enero de 2006).

No le es oponible al tercer adquiriente una oposición de traspaso sobre una inmueble notificada a requerimiento de la esposa del vendedor, quien ha vendido sin la autorización de esta, si la esposa levantó la oposición antes de la compra del inmueble por el tercero (3ra. Sala, 12 de febrero de 2014).

Un adquiriente de buena fe y a título oneroso no puede ser perjudicado por una litis en inclusión de herederos que es posterior al registro de sus derechos. Dicha litis no le es oponible (3ra. Cámara, 22 de abril de 2009). También se ha establecido que un tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso de un inmueble no puede ser perturbado por disputas entre los herederos del causante de su propiedad inmobiliaria (3ra. Sala, 11 de julio de 2012).


Las impugnaciones formuladas a un deslinde sólo son oponibles al propietario que lo obtuvo, no al tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso que adquiere la propiedad luego de deslindada (3ra. Sala, 28 de marzo de 2012). No es oponible al banco adjudicatario de un inmueble ni a sus causahabientes unas mejoras construidas sobre dicho inmueble que fueron inscritas después de haberlo adquirido el banco. Según los Artículos 89 y 90 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, sobre inmuebles registrados no pueden existir derechos ocultos que no hayan sido debidamente registrados (3ra. Sala, 20 de noviembre de 2013).

viernes, 11 de agosto de 2017

LA DEMANDA EN RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE PATERNIDAD


Los Tribunales Civiles son competentes para conocer de las reclamaciones del estado de las personas como lo es la demanda en reconocimiento judicial de paternidad. La norma contenida en el Artículo 69 de la Constitución Dominicana, establece que: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respecto al debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas, entre otras, el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa.

La vigente Ley 136-03, denominada Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes dispone en la norma contenida en el Artículo 63, Párrafo III, que: Los hijos e hijas podrán reclamar la filiación en todo momento, luego de su mayoría de edadTambién la norma establecida en el Artículo 211, literal a) de dicho Código, dispone que el derecho de reclamación de filiación no prescribe para los hijos e hijas.

Mediante sentencia dictada en fecha 28 de marzo de 2012 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, la cual se fundamentada en la Ley Número 136-03 y el Artículo 17.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dispuso que la acción en reclamación judicial de paternidad no prescribe, es decir, que es imprescriptible. Es decir, que por más tiempo que transcurra, el hijo o la hija puede ejercer la acción en reconocimiento judicial de paternidad. Mediante esta sentencia se estableció que:

“Considerando, que el Artículo 64 de la Ley Número 136-03, reza: “la filiación estará regida por la ley personal de la madre al día del nacimiento del hijo o hija. Si la madre no es conocida, por la persona del hijo o hija”; que la corte a-qua realizó, al decidir en el sentido que lo hizo, una interpretación errónea de la norma antes señalada, en función de lo cual aplicó las leyes números 985 y 14-94, declarando prescrita la acción en reconocimiento de paternidad incoada por la señora Miguelina Domínguez; que se debe observar que, el texto antes citado, al hacer referencia a la ley personal de la madre, hace alusión a los atributos de las personas, los cuales son a saber: su identificación individual, mediante el uso de un nombre, estado civil, sus relaciones de familia y matrimonio, haciendo abstracción del régimen de los bienes; que la expresión: “ley personal”, tiene conexión con el sentido de extraterritorialidad de las leyes, pues, sus normas siguen a la persona donde quiera que se encuentre. Por tanto, este artículo forma parte integral del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de establecer cuál es la norma aplicable (nacional o internacional) cuando surjan dudas en la determinación de la ley aplicable para la solución de la controversia, lo cual no se aplica en la especie, pues no existe un conflicto de normas;

Considerando, que, la interpretación que realizó la corte a-qua del artículo 64 de la Ley núm. 136-03, norma que le sirvió de base para indicar que la ley aplicable al caso era la número 985, del 5 de septiembre de 1945, que fue modificada posteriormente, por la Ley número 14-94 del 22 de abril de 1994; que la jurisdicción de segundo grado expresó, que al haber nacido la demandante original, hoy recurrente, el 29 de noviembre de 1982, tenía un plazo para intentar su acción hasta el día 29 de noviembre de 2005; que sin embargo, la demanda incoada por la señora Miguelina Domínguez, en reconocimiento de paternidad, se introdujo el 16 de septiembre de 2009, cuando ya había entrado en vigencia la Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, de fecha 7 de agosto de 2003, norma que deroga de forma expresa en su artículo 487 las leyes números 14-94 del 1994 y la 985 del 1945, en lo que le sea contraria;

Considerando, que, el referido Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, es el instrumento legal aplicable al caso; que dicho instrumento legal ordena en el artículo 63, párrafo III, que: “los hijos e hijas podrán reclamar la filiación en todo momento, luego de su mayoría de edad”; que, de igual forma, el literal “a” del artículo 211 de dicho cuerpo legal, consagra “el derecho de reclamación de filiación no prescribe para los hijos e hijas. Las madres podrán ejercer este derecho durante la minoridad de sus hijos e hijas”; que por consiguiente, la demanda en reclamación de filiación paterna por parte de los hijos es por su naturaleza imprescriptible, derecho que por demás tiene rango constitucional, al estar consignado en el artículo 55 ordinal 7 de nuestra Carta Magna, cuando expresa que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos”; que la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Dominicano en fecha 21 de enero de 1978, consigna en el artículo 18: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”; que por el contrario la Ley número 985, así como la Ley núm. 14-94, planteaban el carácter prescriptible de la acción en reconocimiento cuando se trataba de hijos extramatrimoniales, sin embargo, el artículo 328 del Código Civil, establece la imprescriptibilidad de la acción con relación a los hijos denominados legítimos (denominación que hoy se encuentra proscrita por la Constitución); que debe observarse, que dicha dualidad en las mencionadas normas constituye una violación al principio de la igualdad de todos ante la ley; que en consecuencia, con la entrada en vigencia de la Ley número 136-03, que derogó las leyes números 985 y 14-94, ya citadas, consignó la imprescriptibilidad de la acción con relación a todos los hijos, creando uniformidad en la legislación y al mismo tiempo, permite aplicar el criterio de igualdad de todos ante la ley, estando pues en consonancia con lo dispuesto en el artículo 17, literal 5 de la mencionada Convención Americana de los Derechos Humanos, que consigna: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”;

Considerando, que es deber de esta Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley en las sentencias que son objeto del recurso de casación; que es evidente, en la especie, que la decisión impugnada contraviene las disposiciones de la Ley número 136-03, del 7 de agosto de 2003, así como también, la norma establecida en el supra indicado artículo 17.5, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, vinculantes para el país, al eludir toda vez que conocer del fondo del asunto, al declarar erróneamente prescrita la acción en reclamación de paternidad, no obstante consagrar de manera expresa la normativa antes mencionada, la imprescriptibilidad de la acción; que por tales motivos, procede acoger los medios del presente recurso de casación y casar con envío la sentencia atacada”. (Primera Sala, S.C.J., 28 de marzo de 2012, recurrente Miguelina Domínguez vs. Ángela Zomeni Aybar Ramos).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene en su Artículo 24.2 que: 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre (…). De su lado, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en el artículo 7.1 que: 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (…).

Además, el Artículo 8 de la citada Convención establece que:

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

El derecho al nombre del niño se encuentra tutelado, en general, conjuntamente con el derecho a la nacionalidad y con las relaciones y derechos familiares, como un elemento que determina la identidad de una persona y está asociado con los derechos a la intimidad y a la personalidad jurídica.

El derecho a la identidad es un derecho humano, fundamental para el desarrollo de toda persona y de toda sociedad. Es un derecho humano que comprende derechos correlacionados: el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como todos los derechos humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación y, por consiguiente, el Estado está obligado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo.

El derecho a la identidad personal se destaca una característica propia de los derechos humanos, esta es, su interdependencia: el menoscabo de este derecho conlleva la vulneración de otros derechos fundamentales, especialmente de los derechos políticos.

Esta interrelación se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el máximo Tribunal Regional, en el Caso Gelman vs. Uruguay, sostuvo que: (…) el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.


Este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mismo caso sostuvo que: (...) toda persona tiene derecho a la identidad, el cual constituye un derecho complejo, que por un lado presenta un aspecto dinámico, cuyo desarrollo se encuentra ligado a la evolución de la personalidad del ser humano, y contiene un conjunto de atributos y características que permiten individualizar a cada persona como única. La identidad personal tiene su punto de partida en la concepción y su construcción se prolonga durante la vida del ser humano, en un proceso continuo que abarca una multiplicidad de elementos y aspectos que exceden del concepto estrictamente biológico, y que corresponde a la “verdad personal” y biográfica del ser humano. Estos elementos y atributos que componen la identidad personal comprenden aspectos tan variados como el origen o la “verdad biológica”, el patrimonio cultural, histórico, religioso, ideológico, político, profesional, familiar y social de una persona, así como otros aspectos más estáticos referidos, por ejemplo, a los rasgos físicos, el nombre y la nacionalidad.

EL DESLINDE LITIGIOSO


El deslinde se define como el proceso mediante el cual se ubican, determinada e individualizan los derechos amparados en constancias anotadas.

El deslinde se convierte en litigioso cuando un colindante copropietario o alguien con interés jurídico, comparece al mismo oponiéndose a este. 

Se da si durante el procedimiento técnico alguna persona física o moral notifica un acto al agrimensor actuante encargado de la mensura o a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, oponiéndose a que dicho trabajo de deslinde se realicen. 

Es preciso indicar que el hecho que una persona se oponga a la realización de los trabajos técnicos, no quiere decir, que estos trabajos de deslinde se van a paralizar, todo lo contrario, el agrimensor continuará hacia delante con sus trabajos e informe de la susodicha oposición para que el Tribunal en la Jurisdicción de juicio tome en cuenta esta situación y se cite a todas aquellas personas que con sus derechos manifestaron oposición al mismo.

La demanda en nulidad de deslinde es una litis sobre derechos registrados, ya que con ella se persigue la nulidad de un derecho. La misma debe recorrer los grados de jurisdicción que para la litis estipula nuestra legislación.

Entre las razones que pueden dar lugar a una demanda en nulidad de deslinde están las siguientes: 

- Nulidad de deslinde porque quien deslindó no era quien ocupaba esa porción de terreno.
Nulidad de deslinde porque al deslindarse ocupó parte de los derechos del colindante.
- Nulidad de deslinde porque se superpuso o montó su deslinde encima de otra parcela o solar.
- Nulidad de deslinde porque los derechos vienen de una sucesión, y lo que se hizo fue una determinación de heredero numérica, no hay partición en naturaleza, por tanto, como ninguno de los herederos saben en qué lugar del inmueble le corresponde.

LAS PRUEBAS EN LA DEMANDA EN RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


La filiación no solo se establece por el hecho del nacimiento y la prueba del ADN, sino también por la posesión de estado. Conforme al Artículo 322 del Código Civil, no es posible impugnar una posesión de estado corroborada por el acta de nacimiento. La filiación así establecida tiene un carácter irrefragable, es decir, juris et de jure, y, por consiguiente, no admite la prueba en contrario, incluso del ADN. S.C.J., 1ra. Sala, 2 de mayo de 2012.
  
Una vez verificada la existencia de los elemento que configuran la posesión de estado, queda sin objeto el pedimento de la prueba del ADN. S.C.J., Salas Reunidas 25 de septiembre de 2013.

Es preciso recordar que la acción en reconocimiento de paternidad es imprescriptible, conforme al párrafo III del artículo 63 de la ley 136-03.
  
El Artículo 328 del Código Civil, que dispone que la acción de reclamación de estado es imprescriptible con relación al hijo, se aplica a los hijos nacidos de una relación consensual aunque forme parten del capítulo II, título VII, del Código Civil, cuyo epígrafe expresa: ``De la prueba de la filiación de los hijos legítimos``. S.C.J., 1.a Sala, 26 de febrero de 2014.
  
La prueba de ADN, nombre genérico con que se designa el ácido desoxirribonucleico, sustancia responsable de transmisión de los caracteres hereditarios, es un elemento fundamental en las investigaciones forenses, biológicas, médicas, de ingeniería genética y en todo estudio científico en el que se hace necesario un análisis genético, y constituye, por tanto, la manera más precisa y concluyente de determinar la paternidad. 

La presunción irrefragable del Artículo 312 del Código Civil y la prohibición de reconocimiento de los hijos nacido de una unión incestuosa o adulterina, prevista en el Artículo 335 del mismo Código, son normas que discrimina o adulteran al menor y contravienen el artículo 5 de la Constitución, así como el Artículo 7 de la Convención sobre los Derecho del Niño. La prueba del ADN, que permite identificar al padre con una probabilidad cercana a la certidumbre de un 99%, no puede ser excluida sobre la base de dichas disposiciones. S.C.J., 1.a Cám., 24 de mayo de 2006.

La presunción del Artículo 312 del Código Civil admite prueba en contrario, es decir es juris tantum. S.C.J., 1.a Sala, 4 de abril de 2012, núm. 53, Bj. 1217.

El acta de nacimiento de una, regularmente instrumentada y expedida por el oficial del estado civil correspondiente, es la prueba legal por excelencia para probar la filiación. S.C.J., Salas Reunidas, 5 de marzo de 2014.

A falta de acta de nacimiento, la ley 659 sobre Actos del Estado Civil permite aportar otros medios que podrían arribar a los mismo resultados, como lo es la posesión de estado no controvertida y otros documentos que posibiliten, como principio de prueba por escrito, que a partir de ellos se pueda iniciar una investigación de paternidad. S.C.J., Sala Reunidas 5 de marzo de 2014.

La prueba de la filiación está sujeta a las disposiciones del Código Civil, que existe la presentación de los actos civil. La filiación natural respecto del padre debe probarse por el reconocimiento voluntario de este o por decisión judicial. S.C.J., 3.a Cám., 14 de junio de 2006.

La determinación de la verdadera filiación del individuo depende actualmente de los resultados de la prueba de ADN, la cual ha pasado a  constituir un elemento fundamental en las investigaciones para determinar la paternidad más allá de toda duda razonable. La prueba de la filiación estuvo apoyada durante largo tiempo sobre el empirismo y las presunciones hechas por la ley y los jueces sin carácter científico. S.C.J., 1.a Sala, 11 de mayo de 2011, núm. 9, B. J. 1206.

La prueba de ADN es la manera más precisa y concluyente de determinar la paternidad. Procede utilizarla cuando, como en la especie, la sentencia de ratificación de la declaración tardía de nacimiento no se encuentra en los archivos del tribunal que la dictó. S.C.J., 1.a Sala, 14 de agosto de 2013.
  
Cuando la prueba de ADN expresa un grado de certeza mínima de 99.73% este porcentaje corresponde a una paternidad prácticamente probada y le confiere a la prueba un carácter autónomo y absoluto. Solo en los casos en que no se alcance ese 99.73% debe el juez solicitar la realización de pruebas adicionales, sean de ADN o otros sistemas genéticos, hasta alcanzar una probabilidad mayor a la señalada o más de dos exclusiones entre el presunto padre y el hijo o hija. Cualquier valor superior al 99.73% corresponde a una paternidad prácticamente probada, criterio consagrado por la jurisprudencia tanto nacional como internacional. S.C.J., 1.a Cám., 2 de septiembre de 2009.

El tribunal puede ordenar la prueba de ADN e incluso, dictar orden de conducencia contra la parte que no comparezca al laboratorio designado para practicarla. SCJ, 1.a Sala, 11 de mayo de 2011.

Cuando la cuestión de la filiación no constituye un debate directo, sino una cuestión de daño y perjuicios, la prueba del parentesco es libre y no está sujeta a ninguna restricción. Son admisibles, por tanto, al tenor del Artículo 46 del Código Civil, todos documentos públicos o privado y los Artículo 46 del Código Civil, todos los documentos públicos o privados y los testimonios. S.C.J., Cámaras Reunidas, 24 de octubre de 2007.

LA INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


Dentro del ámbito de la filiación, sea natural o legítima, el reconocimiento y la consecuencia inscripción de nacimiento sirven para probar, cuando es hecho por la madre, la circunstancia biológica del parto, prueba que no es ni prueba inobjetable ni inexpugnable, puesto que siempre cabe posibilidad de que ese reconocimiento no se corresponda con la realidad. El reconocimiento ad matrem, como prueba por excelencia del parto y, por consiguiente, de la filiación materna, admite prueba en contrario, inclusive hasta por presunciones. S.C.J., Salas Reunidas, 10 de abril de 2013.

Según el Artículo 2 de la Ley 985 de 1945, la filiación natural se establece, respecto del padre, por el reconocimiento o por decisión judicial. El reconocimiento paterno es válido cuando el padre se presenta personalmente a reconocer a su hijo o cuando se presentan sus ascendientes, en caso de muerte o incapacidad de aquel, o cuando se establece por vía judicial. No hay reconocimiento cuando quien declara al niño es un tercero quien no es su padre.

El reconocimiento legalmente establecido es un modo de demostración de la filiación de una persona. Tiene un carácter meramente declarativo, no atributivo, y, por tanto tiene efecto retroactivo a las fechas de la concepción y del nacimiento del hijo. La demanda en nulidad de una acta de nacimiento no puede suprimir per se la filiación paterna ni el reconocimiento de paternidad que ella avala. Es necesario interponer una acción en impugnación de reconocimiento de paternidad. S.C.J. 1ra. Sala, 1 de septiembre de 2010.

Según el Artículo 486 de la Ley 136-03, sus disposiciones ``se aplicarán a todos los casos en curso de conocimiento``. En consecuencia, la ley que debe aplicarse a la acción en investigación de paternidad no es la que regía al momento del nacimiento del hijo o hija ni aquella que era aplicable al momento de iniciarse la demanda, sino la vigente al momento del fallo, pese al principio procesal de que toda decisión jurisdiccional debe reputarse como pronunciada en la época en que se inició la controversia judicial. S.C.J., 1.a Sala, 27 de marzo de 2013.

La Ley 136-03, que consagra la igualdad entre los hijos, beneficia y es aplicable a los hijos nacidos de una relación consensual que hayan iniciado su acción en reclamación de paternidad después de su entrada en vigor, aunque sus nacimientos hayan ocurrido estado vigente la Ley 985 de 1945, que establecía un plazo de prescripción de cinco anos para ejercer dicha acción.

La Ley aplicable a la acción en reconocimiento de paternidad es la ley personal. Según el Artículo 3 del Código Civil, las leyes el estado y la capacidad están ligadas a las personas, quienes se encuentran sometidas a esas leyes no solo en su país de origen, sino también fuera de él. 

En consecuencia, la acción en reconocimiento de paternidad de un puertorriqueño ha de regirse por la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aun cuando en dicha se establezca condiciones de plazo diferentes a las vigentes en la República Dominicana. La legitimación de un hijo natural solo suerte efecto jurídico respecto de la madre si esta ha parido el hijo legitimado en unión concubinato con su futuro marido.


LA DEMANDA EN RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA



La filiación natural o legítima establece el vínculo de parentesco que identifica a una persona respecto a su madre o a su padre, lazo este que le asigna al individuo su lugar personal en el seno de un grupo familiar y determina un estado civil, y que comporta, tanto en el ámbito personal como patrimonial del individuo, in conjunto de derechos y obligaciones. 

La determinación de la filiación consolida la identidad del ser humano, permitiéndole conocer no solo sus orígenes, sino también su nombre, derecho este que se encuentra consagrado en el numeral 7 del artículo 55 de la Constitución. S.C.J., Sala Reunidas, 25 de agosto de 2010, núm. 17, B. J. 1197.
  
Ha sido juzgado que en una demanda en reconocimiento de paternidad, cuya acción tiene naturaleza de orden público y con efecto erga omnes, si no todas las personas interesadas han sido emplazadas, los jueces, en lugar de declarar inadmisible la demanda o el recurso, tiene el deber de procurar que todas las personas que puedan poseer un vínculo de interés común en el proceso intervengan, sea voluntariamente u ordenando su puesta a causa, alcanzando ese deber a las partes en causa, quienes deben llamar al proceso a todos aquellos que consideren tener un interés. S.C.J., 1ra. Sala, 14 de marzo de 2012.
  
El derecho a la dignidad humana y el derecho al apellido del padre son derecho fundamentales que se encuentran tutelado en la Constitución de la República y en los tratados que forma parte del bloqueo de la Constitución de la República y en los tratados que forma parte del bloqueo de la constitucionalidad.

La determinación de la paternidad constituye una parte esencial del derecho a la identidad que el Estado se encuentra obligado a salvaguardar, al igual que los demás derechos familiares que se encuentran en mayor o menor medida vinculados a este, tales como el derechos a la protección integral de la familia, el derecho a la filiación, el derecho a un nombre, el derecho a la patria potestad y a la tenencia de los hijos. 

El derecho a la identidad del ser humano constituye un derecho fundamentales, irrenunciable, inalienable e inmutable, que depende, esencialmente, del establecimiento de la verdad filiación del individuo. 

Los derecho a la investigación judicial de paternidad y a la filiación están consagrados en el Artículo 18 de la Convención Americana de Derecho Humanos, que define el derecho al nombre, según el cual, ``toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos``. 

Los menores, al igual que toda persona, tienen derecho al apellido del padre y de la madre, así como a conocer la identidad de estos, conforme al Artículo 55 numeral 7 de la Constitución. 

El tipo de relación escogido por los padres no puede impedir el derecho a la preservación de la identidad del menor y su derecho a llevar el apellido de sus progenitores, de acuerdo con el Artículo 7 de la Conservación sobre los Derechos del Niño, a cuyo tenor el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer sus padres y ser cuidados por ellos. S.C.J., 1ra. Sala, 4 de abril de 20212, núm. 53, B. J. 1217.

lunes, 31 de julio de 2017

¿QUÉ ES UN ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISIONAL Y CUÁNDO HAY QUE DESIGNAR UNO?




El Administrador Judicial Provisional es: un mandatario designado en justicia y encargado, en caso de dificultades graves que impidan el funcionamiento normal del patrimonio indiviso, de asegurar momentáneamente la gestión de los asuntos patrimoniales[1].

Sobre la necesidad de la designación de un Administrador Judicial Provisional, Alexis Read, en su libro La Jurisdicción de los Referimientos, De la Teoría y De la Práctica, en la página 66, nos cita la decisión emitida por nuestra Corte de Casación cuando estableció que:

Contrario a lo expresado por la parte recurrente en casación respecto a que (…) la existencia de una contestación seria impide la actuación del juez de referimientos para designar administrador judicial en el caso de la especie, generado por la existencia de dos asambleas y dos consejos de administración, esta suprema corte de justicia como corte de casación entiende que esta contestación seria y conflicto de intereses en la empresa a administrar judicialmente es la que justifica la intervención del juez de los referimientos, a fin de tomar las medidas necesarias tendentes a evitar daños irreversibles en caso de no intervención.

viernes, 28 de julio de 2017

¿QUÉ LA EXTINCIÓN DE DOMINIO?


La Constitución de la República Dominicana del año 2010 incorporó a su texto esta novedosa figura jurídica que se ha originado en el ámbito penal y que ha sido objeto de legislaciones especiales en los distintos países. La extinción de dominio es la pérdida de un derecho a favor del Estado, sin necesidad de contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.

La extinción de dominio conlleva un contenido patrimonial y con su aplicación se procura que el Estado, mediante una sentencia judicial se subrogue en los derechos relativos a los bienes que una persona haya adquirido que los mismos estén vinculados o provengan de actividades ilícitas.

¿QUÉ ES UN BIEN DE FAMILIA CONFORME LA LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA?




Bien proviene del latín bene, que significa riqueza, caudal; en tanto que la expresión Familia proviene del latín familiam, que significa, conforme a una de las acepciones que contiene el Diccionario Ilustrado Lorousse: Conjunto de personas que proviene de una misma sangre, de un mismo linaje, de una misma casa, especialmente el padre, la madre y los hijos.

Capitant apunta sobre el bien de familia que es: El que comprende una casa o una porción divisa de la casa y tierra contiguas o vecinas, y se halla ocupado o explotado por la familia y declarado inembargable por la ley para asegurar a aquélla un hogar.

¿CUÁLES CARACTERÍSTICAS IDENTIFICAN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CONDICIONAL DE INMUEBLES?



La Ley Número 596, promulga el 31 de octubre del 1941, establece un sistema especial para las ventas condicionales de inmuebles y en la norma contenida en el Artículo Primero señala expresamente que:

Para los fines de esta Ley, se denomina venta condicional aquella en que se conviene que el derecho de propiedad no es adquirido por el comprador mientras no se haya pagado la totalidad o determinada porción del precio, o cumplido alguna condición señalada en el contrato.

En estos casos de ventas condicionales de inmuebles, el comprador asume el goce del inmueble desde el momento de la venta, a menos que se pacte lo contrario. Es bueno indicar que si el comprador fomenta mejoras en el inmueble objeto de este contrato, y la venta queda sin efecto por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el comprador, estas mejoras se computarán a favor del comprador. Sin embargo, el vendedor las podrá adquirir con preferencia a cualquier otra persona, con un descuento del veinte por ciento (20%) del valor al momento en que se produce la resolución.

¿CUÁLES EFECTOS TIENE EL DECRETO DE EXPROPIACIÓN EN EL REGISTRO DE TÍTULOS?


Con la emisión del Decreto del Poder Ejecutivo se crean las condiciones para iniciar el procedimiento de expropiación. Este acto sirve para abrir la puerta de acceso al exigente y riguroso recorrido expropiatorio que regulan las normas de la República Dominicana. 

Luego de la expedición del Decreto emitido por el Presidente de la República que declara de utilidad pública o de interés social una determinada propiedad inmobiliaria registrada, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo remite una copia al Registro de Títulos correspondiente a fin de que se asiente en su Libro Diario y en el registro complementario.

jueves, 27 de julio de 2017

¿QUÉ TRATAMIENTO LE DA LA LEY NÚMERO 108-05, DE REGISTRO INMOBILIARIO A LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO?


La Ley Número 108-05, de Registro Inmobiliario, en la parte capital de la norma contenida en el Artículo 106 define los inmuebles que corresponden a las características del dominio público al describirlo de la siguiente manera:

Son todos aquellos inmuebles destinados al uso público y consagrado como dominio público por el Código Civil, las leyes y disposiciones administrativas. En las urbanizaciones y lotificaciones, las calles, zona verdes y demás espacios destinados al uso público quedan consagrados al dominio público con el registro de los planos.

¿QUÉ SON LAS ÁREAS PROTEGIDAS?


Las áreas protegidas son espacios de terreno y /o mar instituidos por la autoridad en interés de garantizar la protección y conservación de la biodiversidad, recursos naturales y la ecología para beneficio del desarrollo y bienestar humano.

La Constitución de la República Dominicana en la norma contenida en el Artículo 16 dice lo siguiente:

La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas protegidas y los ecosistema y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por Ley con la aprobación de las dos tercera partes de los votos de los miembros de las cámaras de Congreso Nacional.

domingo, 23 de julio de 2017

LA NEGACIÓN DE UNA VISA DE TURISTA DE ESTADOS UNIDOS NO ES APELABLE.


Una vez que un funcionario ha determinado que un solicitante no califica para una Visa de Turista, el solicitante no debería volver a aplicar si no hay cambios significativos en las circunstancias del solicitante o hay información que no fue presentada durante la primera entrevista.

Los solicitantes que deseen volver a aplicar deberán programar una nueva cita. Los solicitantes que proporcionen la misma información por segunda vez después de una negativa anterior, tendrán muy pocas posibilidades de éxito en la obtención de una visa americana durante la segunda entrevista.

¿QUÉ ES UN TERCER ADQUIRIENTE A TÍTULO ONEROSO Y DE BUENA FE EN MATERIA INMOBILIARIA?


El tercero puede ser concebido como toda aquella persona que no es parte de un proceso, acto o contrato, y que en consecuencia no resulta alcanzado por los efectos de éste, salvo los casos excepcionales establecidos por la Ley. En nuestro país conforme con las disposiciones de los Artículos 1116 y siguientes del Código Civil Dominicano, se presume siempre la buena fe y corresponde la prueba a aquel que alega lo contrario.

Es por esto que la Suprema Corte de Justicia ha advertido en Jurisprudencias constantes, que a quien corresponde decir si es un tercer adquirente a título oneroso y de buena fe, es a quien dice lo contrario y además corresponde a los jueces del fondo de manera exclusiva hacer estas comprobaciones que, por demás escapa al control de la Corte de Casación.

¿EN QUÉ CONSISTE LA LESIÓN EN TERRENOS REGISTRADOS?



Según Eduardo J. Couture, la lesión es el perjuicio, disminución o menoscabo deparados por un acto o hecho jurídico. En Roma, de donde nace el derecho francés, cuando un ciudadano era afectado con respeto al precio cuando hacía una transacción, se decía que ese acto estaba afectado de precio vil; luego en el antiguo derecho francés aparece por primera vez el término lesión que es diferente al precio vil.

Si se habla de precio vil es un precio por debajo de la lesión, porque la lesión, es cuando el vendedor ha sido afectado en más de las duodécimas partes en el precio de un inmueble. La lesión no aparece en los vicios del consentimiento que estipula la norma del Artículo 1109 del Código Civil Dominicano, que expresa: No hay consentimiento válido, si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

En efecto, el motivo por el cual la lesión no se encuentra entre estos vicios generales del consentimiento, es porque se trata de un vicio excepcional del consentimiento, porque solo aplica para determinados contratos. Es así que la lesión no vicia las convenciones sino con relación a ciertos contratos y a ciertas personas. Conforme el Artículo 1305 del Código Civil la simple lesión da lugar a la rescisión a favor del menor no emancipado, contra toda clase de convenciones, y a favor del menor emancipado, contra todos los convenios que excedan los límites de su capacidad.

viernes, 21 de julio de 2017

¿QUÉ ES LA DUREZA EXTREMA PARA EL NUEVO PERDÓN Y CÓMO SE PRUEBA?




La dureza extrema es un requisito para que ciertos indocumentados familiares inmediatos de un ciudadano americano que no pueden ajustar su estatus obtengan un perdón migratorio o waiver en Estado Unidos antes de salir del país para acudir a una embajada o consulado para la entrevista para obtener una visa de inmigrante.

El objetivo es reducir así el tiempo de separación familiar en la tramitación de sus tarjetas de residencia. Es preciso recordar que el trámite ordinario requiere que el indocumentado deje Estado Unidos y espere por el perdón ordinario en el extranjero. Este procedimiento puede durar años, con lo que se resiente la unidad familiar.

Esto puede obligar al ciudadano americano que es pariente inmediato del indocumentado que está arreglando los papeles a acompañarlo al extranjero durante mucho tiempo, precisamente para evitar que se produzca esa separación familiar.

lunes, 17 de julio de 2017

LA EXPROPIACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


Nuestra Suprema Corte de Justicia tradicionalmente ha sostenido el criterio de que cuando se trata de expropiación forzosa sustentada en la declaratoria de utilidad pública e interés social, la falta del previo pago del justo valor o precio de la propiedad inmobiliaria expropiada no justifica la acción en inconstitucionalidad. Este alto tribunal entiende que las irregularidades que se verifique en el procedimiento de expropiación deben contrarrestarse mediante la acción en nulidad.

Mediante la Sentencia Número 9, del 17 de noviembre de 2004, el dicho tribunal expresa que: (…) en los casos de expropiación de inmuebles por causa de utilidad pública que se dispongan en virtud de la Constitución y de la ley, se trata del ejercicio de una facultad que la ley sustantiva del Estado confiere al Poder Ejecutivo, cuyo decreto al respecto no puede, al mismo tiempo, resultar inconstitucional; que la falta de pago previsto del o los inmuebles objeto de expropiación, no justifica el ejercicio de la acción en declaratoria de inconstitucional a que se contrae la instancia de la impetrante, dado que, tratándose en tales caso de una venta forzosa, el expropiado puede demandar el pago del precio convenido o establecido y, en relación con las irregularidades en que se haya incurrido en el procedimiento de expropiación, incluyendo el decreto, la acción pertinente es la de nulidad y no la de inconstitucionalidad; que, por tanto, la acción a que se contrae la instancia precedentemente indicada, por las razones señaladas debe ser declarada inadmisible.

La Doctrina ha establecido que el cimiento de la Suprema Corte de Justicia no parece estar bien sustentado y es precisamente el celo del constituyente en relación con el derecho de propiedad lo que determina que sólo en una situación excepcional contemplada en el texto de manera clara, se puede despojar de su propiedad de manera forzosa al titular del derecho, para lo cual se precisa la previa emisión de un decreto del Poder Ejecutivo.

¿QUÉ SON LAS MEJORAS Y CÓMO PUEDO REGISTRARLAS?




La expresión mejoras proviene del latín; es un derivado de améliorer, construido sobre melior, que significa mejor. El Diccionario de la Lengua Española dice que el término mejor significa: Superior a otra cosa y que la excede en una cualidad natural o moral.

Las mejoras tienen entre nosotros una singular connotación; en la abrogada Ley Número 1542 de Registro de Tierras, de 1947, bajo el título Registro de Mejoras se le dedicó sólo el Artículo 202, y éste otorgaba el derecho de registro al dueño de las mejoras, siempre que el titular del terreno así lo consintiera de manera expresa y, en tal caso, el Registrado expedía un Duplicado de Certificado de Título que contenía destacada la expresión Duplicado del Dueno de las Mejoras.

La Actual Ley Número 108-05, de Registro Inmobiliario no aborda las mejoras; es el Reglamento General de Registro de Títulos texto jurídico que trata esta figura bajo el título de Mejoras. El Artículo 23 del referido Reglamento la define:Mejora es todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al terreno, con carácter permanente o temporal, que aumente su valor.

miércoles, 5 de julio de 2017

¿QUÉ OPERACIONES INMOBILIARIAS SE PUEDEN REALIZAR CON LOS INMUEBLES QUE PROVIENE DEL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO?


Es bueno recordar que la Ley Número 339, del 1968, en la norma contenida en el Artículo 3 estableció que: También quedan declaras de pleno derecho Bien de Familia, las parcela y viviendas traspasada definitivamente por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), a los agricultores en los asentamientos destinados a los proyectos de reforma agraria. En este orden de ideas, el Párrafo Único de este Artículo se dispuso, además, el mismo procedimiento previsto para los inmuebles provenientes del Estado y de los Organismos Autónomos del Estado para hacer cesar el bloqueo registral que entraña el régimen de Bien de Familia.

Es así que la Disposición Número 5879, de Reforma Agraria, emitida por el Consejo de Estado el 27 de abril del 1962 establecía, entre las funciones de este organismo agrario estatal, en la norma contenida en el Artículo 4, literal g lo siguiente: Podrá vender y aún ceder en arredramiento, total o parcialmente, las propiedades, muebles o inmuebles que constituyan el patrimonio bajo dependencia directa.

Luego, La Ley Número 570, promulgada el 22 de marzo del 1997, modifica este literal g, de la norma contenida en el Artículo 4 de la Ley 5879, de Reforma Agraria, para que estableciera de la forma siguiente: g) Podrá ceder en arrendamiento total o parcial las propiedades, muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio bajo su dependencia directa. En este sentido, se puede interpretar fácilmente que el legislador quiso cerrar la posibilidad de poder transferir por compraventa el inmueble asignado dentro del espíritu social que servía de soporte a la Reforma Agraria.