lunes, 13 de abril de 2015

La Dominación y la Conquista de Tierras y Pueblos como Fuente de Derecho



Sin duda alguna, aún por los aspectos negativos que tuvieron, las conquistas al nuevo mundo y las posteriores intervenciones militares a nuestro país dejaron detrás un beneficio importante para el desarrollo jurídico, social y político de la actual República: sistematización y mejoramiento de los sistemas jurídicos inmobiliarios. Desde la "Bula Inter Caétera" o "Noverum Universi" del Papa Alejandro VI[1] hasta la Primera Intervención Norteamericana en la República se han experimentados cambios en el manejo de los derechos reales inmobiliarios.

1.1           El Derecho Inmobiliario como fuente de legitimación. Tesis Instrumentalista contra la Tesis Estructuralista del Estado.

El Derecho se concibe como un conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres en una comunidad política determinada[2]. También el Derecho es el conglomerado de las normas positivas que rigen en el Estado, entendiéndose a este último como una expresión jurídica y política de una nación organizada.

Para algunos autores la concepción del Estado no ha sido siempre la misma, por ende, parten de la distinción del Estado-Antiguo visto sólo como régimen político y el Estado-Moderno, que después de la revolución francesa es descrito como aquel en el cual el ciudadano es un ser libre, con capacidad de elegir y ser electo, con prerrogativas y deberes.

Interdicto Posesorio



Concepto

Nuestra legislación sustantiva y adjetiva en materia civil, regulan los actos y las acciones jurídicas relativas a la posesión, como un medio de adquirir una cosa, así como la posesión derivada de un título traslativo o simplemente declarativo de dominio. De igual forma regulan las acciones tendientes a la conservación, retención, restablecimiento y restitución de la posesión.

Al profundizar en el estudio de los interdictos o acciones posesorias, encontramos en nuestro Código Civil y Procesal Civil, los elementos de la posesión, en sí hablamos del "Corpus" o sea la potestad, el poder físico, que el individuo ejerce sobre la cosa, es decir la apropiación jurídica que permite no solo la apropiación, sino disponer de ella, y el "Animus" que no es otra cosa que la voluntad especial de poseerla con ánimo de dueño, es un elemento de carácter subjetivo, psicológico, porque la persona exterioriza ese ánimo de dueño mediante actos concretos de posesión sobre determinada cosa. Además del Corpus y el Animus como los elementos de la posesión, nos detalla los requisitos que debe reunir el poseedor de la cosa, para que pueda hacer valer el derecho que le confiere la ley o sea la acción posesoria en la vía judicial, siendo estos:

a) Probar el hecho de ser poseedor por más de un año continuo a título personal o sumado el de sus antecesores.
b) Que ha poseído la cosa de manera pública, pacífica e ininterrumpidamente, con ánimo de dueño.
c) Que tiene justo título o título legítimo para poseerla.

jueves, 12 de marzo de 2015

Ilícitos de Alta Tecnología contra la Propiedad


       
  
         En el grupo de los ilícitos de alta tecnología que atentan contra el derecho de propiedad de los ciudadanos, se encuentra el tipo penal llamado robo mediante la utilización de alta tecnología, el mismo está previsto en la norma contenida en el artículo 13 de la Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, cuya descripción de la conducta es la siguiente:

Robo Mediante la Utilización de Alta Tecnología. El robo, cuando se comete por medio de la utilización de sistemas o dispositivos electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, para inhabilitar o inhibir los mecanismos de alarma o guarda, u otros semejantes; o cuando para tener acceso a casas, locales o muebles, se utilizan los mismos medios o medios distintos de los destinados por su propietario para tales fines; o por el uso de tarjetas, magnéticas o perforadas, o de mandos, o instrumentos para apertura a distancia o cualquier otro mecanismo o herramienta que utilice alta tecnología, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de veinte a quinientas veces el salario mínimo.


En sentido general, esta norma tiene como finalidad sancionar el robo que se cometa mediante el empleo de cualquier sistema o dispositivo de alta tecnología que inhabilite cualquier mecanismo o programa de seguridad con el cual se esté protegiendo un bien inmueble, como por ejemplo una casa, o un bien mueble, como puede ser un vehículo de motor.

Delitos de Alta Tecnología cometidos por Empleados



Hoy en día son indiscutibles los grandes logros que se han conseguido y se siguen alcanzando a través de los avances tecnológicos en el ámbitos de las computadoras y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) conjuntamente con el desarrollo y uso del Internet en los sistemas de comunicaciones e informáticos. Podemos afirmar que sin los mismos el curso de la vida actual sería muy difícil, por no decir prácticamente imposible.

Sin embargo, no podemos obviar que de la mano con esos aportes o facilidades surgieron graves problemas vinculados con el mal uso de dichas herramientas tecnológicas, hasta tal punto que se ha llegado a afirmar que la introducción especialmente del Internet al mundo real fue abrumador, ya que los diferentes ordenamientos jurídicos no habían ni siquiera avizorado la forma de cómo iban a enfrentar las diferentes acciones que se realizaran a través de estos mecanismos tecnológicos que generaran lesiones a bienes jurídicos tutelados[1].

Se estima que el primer delito de computadora surgió en los Estados Unidos durante los años 60 del siglo pasado, cuando se cometió un fraude importante a los marcajes de la compañía telefónica AT&T, con esta actuación los denominados phreakers realizaron actividades de fraude informático que ninguna persona se imaginaba que era posible. El desarrollo del Internet produjo la eliminación de las fronteras, en consecuencia, las agresiones contra los bienes jurídicos cometidas contra todas las personas, sin importar su edad, se incrementaron debido al auge del uso de la red por parte de la delincuencia informática[2].

Consideraciones Generales del Arbitraje de Inversión Extrajera en la República Dominicana



En los últimos años ha sido tan importante la Inversión Extranjera en la República Dominicana que nuestra Norma Suprema ha consagrado el tema de forma expresa estableciendo principios que den a entender claramente cuál es la intención del Estado en este tema. Y es que conforme datos que suministran las autoridades económicas actuales, en el año 2012 la Inversión Extranjera en la República Dominicana ascendió a la suma de tres mil quinientos ochenta y tres punto seis millones de dólares, convirtiéndose en uno de los renglones que más aporta al Producto Interno Bruto[1].

Se ha afirmado que durante el año 2012, la Inversión Extranjera Directa (IED) llegó al nivel más alto durante la última década, habiéndose incrementado de la suma de dos mil doscientos setenta y cinco punto cero millones de dólares que presentaba en el año 2011 hasta la suma ya indicada en el párrafo anterior. A decir de las autoridades actuales, este incremento se debe a las políticas positivas de atracción de la IED, las cuales contribuyen al aumento del empleo en el país y a la integración internacional[2].

Asimismo, han establecido que de acuerdo a un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio (UNCTAD) que trata sobre la Inversión Extranjera Directa a Nivel Mundial: “República Dominicana se encuentra junto con 10 países más, entre el grupo de países alineados con sus expectativas de IED, es decir que el nivel de atracción de la inversión es igual al nivel potencial de la misma”[3]. En este orden de ideas, el Ministro de Industria y Comercio muy recientemente anunció a los medios de comunicación que en el transcurso de los últimos tres años, el 45 por ciento de la Inversión Extranjera que han recibido los países del Caribe y Centroamérica fue captado por nuestro país. Señaló que: “De toda la Inversión Extranjera que ha venido a Centroamérica y el Caribe, más del 45 por ciento ha venido a la República Dominicana, en los sectores de manufactura, servicios, el área de minería que es muy importante, porque tenemos una gran cantidad de recursos mineros y en el turismo”.

En el contexto legal, nuestra actual Constitución[4] en el Título XI, Capítulo I, Sección I, específicamente en las normas contenidas en los artículos 220 y 221 aborda los Principios Rectores del Régimen Económico que citamos textualmente a continuación:

Proceso para obtener Certificado de Título de Inmueble


Antigua Ley 1542 de Registro de Tierras

Conforme la antigua Ley 1542 de Registro de Tierras, en el proceso de saneamiento existían diferentes etapas que desarrollaremos a continuación:

En la Primera Etapa sólo participa el agrimensor contratista, ya que se trata de un trabajo meramente de carácter técnico, reservado a dichos profesionales, es decir, solamente lo puede realizar un agrimensor.

El primer paso de esta etapa es el contrato de mensura. Este contrato tiene que ser suscrito entre el agrimensor y el interesado. En este contrato se fijan las condiciones en que se va a realizar el trabajo de mensura, en cuanto a tiempo y costo.

El segundo paso de esta etapa es la instancia de solicitud de concesión de prioridad, la cual se realizaba vía el abogado del estado. De acuerdo con la norma del artículo 48 de la Ley Número 1542, a esta instancia debían anexársele lo siguiente:

a) El contrato de mensura suscrito entre el agrimensor y el solicitante.
b) Los títulos o documentos en que el solicitante apoya sus derechos o documentos probatorios de la posesión.
c) Un croquis ilustrativo del terreno.
d) Una declaración jurada donde el agrimensor y el interesado declaran bajo la fe del juramento que el reclamante está en posesión del terreno.
e) Un recibo que compruebe el pago de la publicación del aviso de mensura.
f) Un inventario de todos los documentos depositados.

sábado, 17 de enero de 2015

Operaciones Catastrales en República Dominicana



En el tratamiento de este tema nos abocaremos a exponer las nociones procesales del Deslinde, tocando desde su regulación y condiciones según se establece al respecto en las normas consagradas en la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario. De igual forma, los conceptos de procesos de Modificación Parcelaría, tales como: Subdivisión, Refundición y Condominio, abarcando las normas legales que los regulan.

También trataremos el proceso de Actualización Parcelaria conforme a las normas contenidas en la Resolución número 2669-2009, mediante la cual se le atribuye esta función a Registro de Títulos. Asimismo, el proceso de remedición de las parcelas será tratado en el subtema de Nueva Mensura, cuando ya el agrimensor ha registrado en Catastro la medición levantada.

Finalmente, tocaremos el proceso de Urbanización Parcelaria con el que se crean nuevas parcelas por división de una o más de estas registradas con apertura de calles o caminos. Cabe destacar que con este proceso se busca esencialmente lograr la organización de los inmuebles registrados que pertenecen a urbanizaciones de tal modo que hasta las calles queden establecidas y reguladas.

El deslinde

La norma del Artículo 163 del Reglamento General de Mensuras y Catastro define el deslinde como: “el acto de levantamiento parcelario realizado para constituir el estado parcelario de una parte determinada de un terreno registrado y sustentado en una Constancia Anotada, a fin de que su titular pueda separar su propiedad del resto de la parcela originaria”.

Partición de Inmuebles en República Dominicana




En el desarrollo de este tema se pretende llevar al lector por las nociones del proceso de partición ante la Jurisdicción Inmobiliaria. Abordaremos en primer lugar la concepción de la figura de la partición en inmuebles registrados. También veremos las reglas de la competencia en materia de partición de inmuebles registrados conocida por ante la Jurisdicción Inmobiliaria acorde con las normas contenidas en la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario.

En el curso de este trabajo desarrollaremos de manera breve la figura de la copropiedad que tiene vital importancia en la República Dominicana en cuanto al régimen de condominio hasta tal punto que se rige por una Ley especial la cual fue modificada por la ya indicada Ley 108-05. Asimismo, un punto importante en el presente trabajo lo constituirá el desarrollo de los diferentes tipos de partición que pueden ser conocidos por ante la Jurisdicción Inmobiliaria.

No menos importante es el subtema de la determinación de heredero, el cual será abordado con cierta amplitud, así como la forma de cómo realizarla y la determinación de la documentación o pruebas a presentar, especialmente en los casos de partición de titulares de constancias anotadas. Finalmente, abarcaremos el tema de la decisión de partición que debe emitir el Tribunal apoderado de un litigio sobre terrenos registrados.

Concepto de Partición de Inmuebles Registrados

De acuerdo a la norma contenida en el Artículo 54 de la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario, la partición: “es el procedimiento mediante el cual se hace cesar el estado de indivisión entre los copropietarios, coherederos y/o copartícipes de un inmueble registrado”. Asimismo, la norma contenida en el Artículo 55 de esta Ley establece que el Tribunal de Jurisdicción Original es el competente para conocer de la partición de inmuebles registrados e indica los dos tipos de partición que puede conocer dicho Tribunal dependiendo de la modalidad en la cual esta se realice (contenciosa o amigable). Esta norma prevé textualmente lo siguiente:

Sistema Torrens


Este sistema de registro inmobiliario nace de la mente de Robert Torrens, nacido en Irlanda y aplicado por primera vez en Australia del Sur mediante la Ley del 27 de enero de 1859, llamada “Real Property Act”. Este sistema llega a nuestro país como fruto de la primera intervención norteamericana, caracterizándose por ser un sistema más científico, organizado, seguro y coherente, su introducción se llevo a cabo mediante la Orden Ejecutiva, que algunos autores denominan Ley, número 511, del 1 de julio de 1920.

Luego de la ocupación norteamericana se promulgó la Ley 1542, del 7 de noviembre de 1947, vigente hasta la entrada en vigor de la actual Ley 108-05, del 23 de marzo de 2005, consagrando ambas leyes el sistema Torren en cuestión. La característica principal de este sistema, y en la que se basa gran parte de su gran efectividad, resulta del cumplimiento de sus principios de publicidad, legalidad, autenticidad y especialidad.

El principio de publicidad radica en la dinámica obligatoria de las notificaciones y avisos durante todo el proceso de saneamiento y hasta la inscripción de los derechos en el Libro que lleva el Registrador de Títulos correspondiente de los actos producidos a las partes interesadas, incluyendo a terceros. La legalidad surge por medio del debido proceso de saneamiento a través del cual se depuran los derechos reales, lo que permite otorgar a tales derechos caracteres de confiabilidad y estabilidad.

Atributos del Derecho de Propiedad



La propiedad, como derecho de la persona, se define clásicamente como “el derecho de gozar, de usar y de disponer de un cosa. Usar es servirse de la cosa; gozar es percibir los frutos naturales y civiles que la cosa produce; y disponer conlleva la facultad material de destruir la cosa, y la jurídica de enajenarla”[1]. En República Dominicana la primera concepción legal de este derecho apareció luego de la proclamación de la Independencia Nacional el 27 de febrero de 1844, en la constitución del 6 de noviembre de ese mismo año. El texto constitucional era el siguiente:

Artículo 21. - Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización a juicio de peritos.

De esta forma, el constituyente de 1844 estableció si bien no una definición del derecho y sus implicaciones o alcances, un reconocimiento a los nuevos ciudadanos del Estado Dominicano a la propiedad privada y la garantía de su disfrute al prohibir su expropiación injustificada y sólo en los casos de utilidad pública.

Luego, el 21 de abril de 1911 se promulga la Ley sobre Terrenos Comuneros que pretendía regularizar lo que hoy conocemos como la copropiedad, “esta disposición legal es retenida como el primer esfuerzo legislativo para organizar la división de los terrenos comuneros, aquellos tenidos mediante acciones y que pertenecen a dos o más personas”[2]. Posteriormente, durante la intervención norteamericana, se instituye el sistema Torrens y se inicia la publicación de la Orden Ejecutiva 511, sobre Registro de Tierras.

En tiempo más reciente, y en consecuencia de la modernización de la jurisdicción inmobiliaria nacional se promulgó el 23 de marzo de 2005, la Ley número 108-05, sobre Registro Inmobiliario. Con esta ley, sus reglamentos y una posterior modificación, se definieron las funciones del Registro de Títulos, los tribunales de Tierra, la Dirección de Mensuras Catastrales, la Dirección de Catastro Nacional y el abogado del Estado, como dependencias del Poder Ejecutivo.


Atributos del Derecho de Propiedad


La propiedad, como derecho de la persona, se define clásicamente como “el derecho de gozar, de usar y de disponer de un cosa. Usar es servirse de la cosa; gozar es percibir los frutos naturales y civiles que la cosa produce; y disponer conlleva la facultad material de destruir la cosa, y la jurídica de enajenarla”[1]. En República Dominicana la primera concepción legal de este derecho apareció luego de la proclamación de la Independencia Nacional el 27 de febrero de 1844, en la constitución del 6 de noviembre de ese mismo año. El texto constitucional era el siguiente:

Artículo 21. - Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización a juicio de peritos.

De esta forma, el constituyente de 1844 estableció si bien no una definición del derecho y sus implicaciones o alcances, un reconocimiento a los nuevos ciudadanos del Estado Dominicano a la propiedad privada y la garantía de su disfrute al prohibir su expropiación injustificada y sólo en los casos de utilidad pública.

Luego, el 21 de abril de 1911 se promulga la Ley sobre Terrenos Comuneros que pretendía regularizar lo que hoy conocemos como la copropiedad, “esta disposición legal es retenida como el primer esfuerzo legislativo para organizar la división de los terrenos comuneros, aquellos tenidos mediante acciones y que pertenecen a dos o más personas”[2]. Posteriormente, durante la intervención norteamericana, se instituye el sistema Torrens y se inicia la publicación de la Orden Ejecutiva 511, sobre Registro de Tierras.

En tiempo más reciente, y en consecuencia de la modernización de la jurisdicción inmobiliaria nacional se promulgó el 23 de marzo de 2005, la Ley número 108-05, sobre Registro Inmobiliario. Con esta ley, sus reglamentos y una posterior modificación, se definieron las funciones del Registro de Títulos, los tribunales de Tierra, la Dirección de Mensuras Catastrales, la Dirección de Catastro Nacional y el abogado del Estado, como dependencias del Poder Ejecutivo.

Formas De Adquirir El Derecho De Propiedad


La propiedad es el derecho de gozar y disponer de un bien, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes, por lo cual, la propiedad es el derecho real por excelencia que implica un poder directo e inmediato sobre las cosas, siendo además, una facultad moral de dar, disfrutar y disponer de una cosa en provecho propio, con exclusión de los demás.

El artículo 544 del Código Civil Dominicano define la propiedad como “El derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y los reglamentos”
  

Se entiende por adquisición de la propiedad el modo de convertirse en propietario de una cosa conforme al Derecho.


En nuestro ordenamiento jurídico los modos de adquirir la propiedad se dividen en:

Modos originarios

Son aquellos que hacen nacer el derecho por primera vez sobre la persona de su titular, es decir, el reconocimiento e inscripción por primera vez de un derecho real inmobiliario, lo que se conoce en nuestra legislación como saneamiento inmobiliario.


Modos derivados

Están contenidos en los artículos 711 y 712 del Código Civil Dominicano, que establecen que la propiedad de los bienes se adquiere y transmite por sucesión, por donación entre vivos o testamentaria, y por efecto de las obligaciones, también se adquiere por accesión o incorporación y por prescripción


Sucesión

En la lectura combinada de los artículos 712 y 718 del Código Civil Dominicano podemos establecer que la sucesión es un modo de transmisión post mortem de los derechos del de-cujus a favor y provecho de los sucesores o legatarios con calidad legal para recibirlos.

Es el modo de transmisión de la propiedad de los bienes del causante a los sucesores en calidad legal para recibirlos a consecuencia de la muerte del primero. Se trata de un modo derivativo, puesto que la propiedad ya existía en el patrimonio del difunto, y mortis causa, pues es el fallecimiento es lo que determina la sucesión.

Tratamiento de la servidumbre legal en materia de telecomunicaciones



En el Derecho Romano, la servidumbre era un derecho real sobre una cosa ajena en beneficio de un fundo o de una persona determinada. Era la facultad consistente en impedir ciertos actos al propietario de una cosa o en la facultad de usarla de un modo determinado. De igual forma, se concebía como el derecho que los propietarios de predios vecinos podían establecer voluntariamente, para que un inmueble llamado sirviente preste a otro llamado dominante la ventaja permanente de un uso limitado, Mazeaud et al. (1978).

Uno de los principales derechos que consagra nuestra Carta Magna es el derecho de propiedad. También lo protegen otras normas de rango inferior dentro de las cuales cabe mencionar a título meramente enunciativo el Código Civil de la República Dominicana. De acuerdo con la norma contenida en el artículo 544 del mismo: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga de las mismas un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos".

Hay ciertos casos en que la ley obliga al propietario a dejar que los vecinos utilicen parcialmente su fundo o inmueble, de manera que el vecino cuya finca está enclavada entre otra, deberá tener acceso a una vía pública para poder disfrutar de la misma. Esto es así con la finalidad de que el dueño del fundo enclavado pueda disfrutar de su derecho de propiedad. La Ley impone o exige al propietario que le permita a terceros utilizar un inmueble que no les pertenece, pero sin causarle perjuicio al titular del derecho de propiedad. El propietario es el único que puede ejercer sobre la cosa las atribuciones del derecho de propiedad, sin embargo, la voluntad del propietario o la Ley le confieren a otras personas ciertas atribuciones del derecho de propiedad, como es el caso de la servidumbre, Mazeaud et al. (1978).

El Código Civil Dominicano denomina a las servidumbres como cargas inmobiliarias y en las normas contenidas en los artículos 637, 638 y 639, establece lo siguiente:

Artículo 637.- La servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad, para el uso y utilidad de una finca perteneciente a otro propietario.
Artículo 638.- La servidumbre no establece preeminencia alguna de una heredad sobre otra.
Artículo 639.- Tiene su origen o en la situación de los predios o en obligaciones impuestas por la Ley, o en contrato hecho entre los propietarios.