jueves, 12 de marzo de 2015

Ilícitos de Alta Tecnología contra la Propiedad


       
  
         En el grupo de los ilícitos de alta tecnología que atentan contra el derecho de propiedad de los ciudadanos, se encuentra el tipo penal llamado robo mediante la utilización de alta tecnología, el mismo está previsto en la norma contenida en el artículo 13 de la Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, cuya descripción de la conducta es la siguiente:

Robo Mediante la Utilización de Alta Tecnología. El robo, cuando se comete por medio de la utilización de sistemas o dispositivos electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, para inhabilitar o inhibir los mecanismos de alarma o guarda, u otros semejantes; o cuando para tener acceso a casas, locales o muebles, se utilizan los mismos medios o medios distintos de los destinados por su propietario para tales fines; o por el uso de tarjetas, magnéticas o perforadas, o de mandos, o instrumentos para apertura a distancia o cualquier otro mecanismo o herramienta que utilice alta tecnología, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de veinte a quinientas veces el salario mínimo.


En sentido general, esta norma tiene como finalidad sancionar el robo que se cometa mediante el empleo de cualquier sistema o dispositivo de alta tecnología que inhabilite cualquier mecanismo o programa de seguridad con el cual se esté protegiendo un bien inmueble, como por ejemplo una casa, o un bien mueble, como puede ser un vehículo de motor.

Delitos de Alta Tecnología cometidos por Empleados



Hoy en día son indiscutibles los grandes logros que se han conseguido y se siguen alcanzando a través de los avances tecnológicos en el ámbitos de las computadoras y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) conjuntamente con el desarrollo y uso del Internet en los sistemas de comunicaciones e informáticos. Podemos afirmar que sin los mismos el curso de la vida actual sería muy difícil, por no decir prácticamente imposible.

Sin embargo, no podemos obviar que de la mano con esos aportes o facilidades surgieron graves problemas vinculados con el mal uso de dichas herramientas tecnológicas, hasta tal punto que se ha llegado a afirmar que la introducción especialmente del Internet al mundo real fue abrumador, ya que los diferentes ordenamientos jurídicos no habían ni siquiera avizorado la forma de cómo iban a enfrentar las diferentes acciones que se realizaran a través de estos mecanismos tecnológicos que generaran lesiones a bienes jurídicos tutelados[1].

Se estima que el primer delito de computadora surgió en los Estados Unidos durante los años 60 del siglo pasado, cuando se cometió un fraude importante a los marcajes de la compañía telefónica AT&T, con esta actuación los denominados phreakers realizaron actividades de fraude informático que ninguna persona se imaginaba que era posible. El desarrollo del Internet produjo la eliminación de las fronteras, en consecuencia, las agresiones contra los bienes jurídicos cometidas contra todas las personas, sin importar su edad, se incrementaron debido al auge del uso de la red por parte de la delincuencia informática[2].

Consideraciones Generales del Arbitraje de Inversión Extrajera en la República Dominicana



En los últimos años ha sido tan importante la Inversión Extranjera en la República Dominicana que nuestra Norma Suprema ha consagrado el tema de forma expresa estableciendo principios que den a entender claramente cuál es la intención del Estado en este tema. Y es que conforme datos que suministran las autoridades económicas actuales, en el año 2012 la Inversión Extranjera en la República Dominicana ascendió a la suma de tres mil quinientos ochenta y tres punto seis millones de dólares, convirtiéndose en uno de los renglones que más aporta al Producto Interno Bruto[1].

Se ha afirmado que durante el año 2012, la Inversión Extranjera Directa (IED) llegó al nivel más alto durante la última década, habiéndose incrementado de la suma de dos mil doscientos setenta y cinco punto cero millones de dólares que presentaba en el año 2011 hasta la suma ya indicada en el párrafo anterior. A decir de las autoridades actuales, este incremento se debe a las políticas positivas de atracción de la IED, las cuales contribuyen al aumento del empleo en el país y a la integración internacional[2].

Asimismo, han establecido que de acuerdo a un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio (UNCTAD) que trata sobre la Inversión Extranjera Directa a Nivel Mundial: “República Dominicana se encuentra junto con 10 países más, entre el grupo de países alineados con sus expectativas de IED, es decir que el nivel de atracción de la inversión es igual al nivel potencial de la misma”[3]. En este orden de ideas, el Ministro de Industria y Comercio muy recientemente anunció a los medios de comunicación que en el transcurso de los últimos tres años, el 45 por ciento de la Inversión Extranjera que han recibido los países del Caribe y Centroamérica fue captado por nuestro país. Señaló que: “De toda la Inversión Extranjera que ha venido a Centroamérica y el Caribe, más del 45 por ciento ha venido a la República Dominicana, en los sectores de manufactura, servicios, el área de minería que es muy importante, porque tenemos una gran cantidad de recursos mineros y en el turismo”.

En el contexto legal, nuestra actual Constitución[4] en el Título XI, Capítulo I, Sección I, específicamente en las normas contenidas en los artículos 220 y 221 aborda los Principios Rectores del Régimen Económico que citamos textualmente a continuación:

Proceso para obtener Certificado de Título de Inmueble


Antigua Ley 1542 de Registro de Tierras

Conforme la antigua Ley 1542 de Registro de Tierras, en el proceso de saneamiento existían diferentes etapas que desarrollaremos a continuación:

En la Primera Etapa sólo participa el agrimensor contratista, ya que se trata de un trabajo meramente de carácter técnico, reservado a dichos profesionales, es decir, solamente lo puede realizar un agrimensor.

El primer paso de esta etapa es el contrato de mensura. Este contrato tiene que ser suscrito entre el agrimensor y el interesado. En este contrato se fijan las condiciones en que se va a realizar el trabajo de mensura, en cuanto a tiempo y costo.

El segundo paso de esta etapa es la instancia de solicitud de concesión de prioridad, la cual se realizaba vía el abogado del estado. De acuerdo con la norma del artículo 48 de la Ley Número 1542, a esta instancia debían anexársele lo siguiente:

a) El contrato de mensura suscrito entre el agrimensor y el solicitante.
b) Los títulos o documentos en que el solicitante apoya sus derechos o documentos probatorios de la posesión.
c) Un croquis ilustrativo del terreno.
d) Una declaración jurada donde el agrimensor y el interesado declaran bajo la fe del juramento que el reclamante está en posesión del terreno.
e) Un recibo que compruebe el pago de la publicación del aviso de mensura.
f) Un inventario de todos los documentos depositados.