martes, 27 de mayo de 2014

Ley Número 169-14, que Establece un Régimen Especial para Personas Nacidas en el Territorio Nacional Inscritas Irregularmente en el Registro Civil Dominicano y Sobre Naturalización


Esta es la Ley Número 169-14, que Establece un Régimen Especial para Personas Nacidas en el Territorio Nacional Inscritas Irregularmente en el Registro Civil Dominicano y Sobre Naturalización, transcrita de forma íntegra:

EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 184 de la Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero de 2010 creó un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que en ejercicio de las atribuciones que le asigna la Constitución, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia TC/0168/13 de fecha 23 de septiembre de 2013, mediante la cual este tribunal interpretó la normativa vigente en los diferentes textos constitucionales desde el 29 de junio de 1929 hasta la reforma constitucional del 26 de enero de 2010;
CONSIDERANDO TERCERO: Que el Tribunal Constitucional se refirió en una parte de la referida sentencia a lo que calificó como “las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil”, señalando que dichas imprevisiones “se remontan a la época inmediatamente posterior a la proclamación de la Constitución del veinte (20) de junio de mil novecientos veintinueve (1929)”, con lo que el Tribunal Constitucional puso de manifiesto una deficiencia del Estado dominicano que perduró en el tiempo y se extendió en todo el territorio nacional, lo que causó que un determinado número de personas nacidas en territorio dominicano recibiera del propio Estado dominicano la documentación que hizo presumir que se trataba de nacionales dominicanos, en base a lo cual desarrollaron su vida civil con certezas y expectativas concretas en función de esa condición;
CONSIDERANDO CUARTO: Que tal como se señaló en el Considerando primero, las decisiones del Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete último de la Constitución, constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado, pero dicho mandato constitucional no excluye que los órganos políticos constituidos como expresión del principio democrático y de la voluntad popular den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional;
CONSIDERANDO QUINTO: Que al señalar y criticar en la referida sentencia las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil, el Tribunal Constitucional ha determinado que el propio Estado dominicano ha sido responsable de irregularidades y deficiencias en esta materia, lo que ha sido una causa importante de la situación que enfrentan las personas que recibieron del Estado dominicano la referida documentación;
CONSIDERANDO SEXTO: Que, entre otras medidas, el Tribunal Constitucional dispuso mediante dicha sentencia que la Junta Central Electoral realizará una auditoría en los libros de Registro Civil  que abarque el período antes indicado a fin de determinar cuáles personas fueron irregularmente inscritas en dichos libros, auditoría que está siendo realizada por dicho órgano estatal, por lo que se trata de personas que resultaran debidamente identificadas por dicha auditoría;
CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que los órganos de representación política democrática tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas de la sociedad en base al interés nacional y guiados por los valores que hemos enarbolado desde la fundación misma de la nación y que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna;
CONSIDERANDO OCTAVO: Que guiado por estos principios, el Estado dominicano, a través de sus órganos representativos, está llamado a buscar una solución al problema que enfrentan las personas que, si bien irregularmente inscritas en el Registro Civil por el propio Estado, han actuado a través de sus vidas bajo la premisa de que gozan de la nacionalidad dominicana y en función de la misma han tenido un arraigo indiscutible en nuestra sociedad;
CONSIDERANDO NOVENO: Que la solución plasmada en la parte dispositiva de esta ley, en cuanto a regularizar actas del estado civil, no implica una negación ni un cuestionamiento a la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a una parte de las normas relativas a la nacionalidad, sino más bien una respuesta a una problemática que se genera a partir de la misma y que resulta de interés nacional resolver;
CONSIDERANDO DÉCIMO: Que es de alto interés y prioridad para el Estado dominicano la adopción urgente de medidas que posibiliten el derecho a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, a la salud, a la familia, al libre tránsito, al trabajo y a la educación, entre otros, de una población de la República Dominicana integrada por: a) los descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular cuyos registros de nacimiento fueron asentados por el propio Estado a través de los Oficiales del Estado Civil, y b) extranjeros nacidos en el territorio nacional y que no figuran inscritos en el Registro Civil;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero del año 2010, publicada en la Gaceta Oficial No. 10561;
VISTA: La Ley Número 1227 del 4 de diciembre de 1929, publicada en la Gaceta Oficial No. 4160;
VISTA: La Ley 165 del 4 de agosto de 1931 que validó todos los actos instrumentados irregularmente por el ex-oficial del Estado Civil de la común de Santiago Señor Adriano Bordas, en el libro Registro de Nacimientos y comprendidos entre los días 27 de marzo y 5 de diciembre de 1927;
VISTA: La Ley Sobre Actos del Estado Civil No. 659 del 17 de julio de 1944, publicada en la Gaceta Oficial No. 6114 y sus modificaciones;
VISTA: La Ley sobre naturalización No. 1683 del 21 de abril de 1948, publicada en la Gaceta Oficial No. 6782;
VISTA: La Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No. 107-13, publicada en la Gaceta Oficial No. 10722, del 8 de agosto de 2013;
VISTO: El Decreto 327-13, de fecha 29 de noviembre del 2013, mediante el cual se establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana;
VISTO: El informe de la Junta Central Electoral sobre el levantamiento del Registro Civil Dominicano de fecha 7 de noviembre del año 2013.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY QUE ESTABLECE UN REGIMEN ESPECIAL PARA PERSONAS NACIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL INSCRITAS IRREGULARMENTE EN EL REGISTRO CIVIL DOMINICANO Y SOBRE NATURALIZACIÓN
 CAPÍTULO I.- DEL REGIMEN ESPECIAL
 Articulo 1.Objeto.- Esta ley tiene por objeto exclusivo establecer:a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la Republica Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.
Articulo 2.Regularización.- La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo tramite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del articulo anterior.Subsanada la referida irregularidad en virtud de esta Ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos.
Articulo 3. Excepción.- Quedan excluidos del beneficio de lo dispuesto en los artículos anteriores los registros instrumentados con falsedad de datos, suplantación de identidad, o cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad en escritura pública, siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario.
Articulo 4. Cédula de Identidad.- La Junta Central Electoral dispondrá que las personas beneficiarias de este régimen especial, a las que en el pasado se les haya expedido cedulas de identidad y electoral sean dotadas del mismo documento con su numeración anterior, y a los que no hayan tenido este documento, se les otorgará.
Articulo 5. Homologación.- El Estado Dominicano reconoce, con eficacia retroactiva a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de su titular, a la vez que reconoce y dispone que sean oponibles a terceros todos los actos realizados por los beneficiarios de la presente ley con los documentos que utilizaron bajo presunción de legalidad.
CAPÍTULO II.- DEL REGISTRO HIJOS DE EXTRANJEROS NACIDOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Articulo 6. Registro.-Toda persona hija de padres extranjeros en situación migratoria irregular que habiendo nacido en el territorio nacional no figure inscrito en el Registro Civil Dominicano, podrá registrarse en el libro para extranjeros contemplado en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en el reglamento de esta ley.
Párrafo I.- Para beneficiarse del registro de extranjeros contemplado en este artículo, deberá formularse ante el Ministerio de Interior y Policía una solicitud de registro en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de la presente ley.
Párrafo II.- Al formularse la solicitud de registro, el Ministerio de Interior y Policía tendrá un plazo de treinta (30) días, para tramitarla con su no objeción, por ante la Junta Central Electoral.
Artículo 7. De la regularización.-A partir de la inscripción en el libro de extranjería, la persona tendrá un plazo de sesenta (60) días para acogerse a lo establecido en el Decreto 327-13 que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.
 CAPÍTULO III.- DE LA NATURALIZACIÓN
Artículo 8. Naturalización.- Los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedes penales.
CAPÍTULO IV.- SANCIONES
Artículo 9. Falsedades.-La falsedad en que incurra una persona al realizar una solicitud de registro de extranjero, en nombre propio o en su condición de padre, ascendiente, colateral privilegiado o tutor, o en el procedimiento de naturalización especial, será castigada con pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años y multas de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos.
Artículo 10. Persecución penal a Oficiales del Estado Civil.-  La Junta Central Electoral deberá remitir al Ministerio Público, en un plazo no mayor de tres (3) meses, copia certificada de la documentación levantada con motivo de los procesos de inspección del registro civil, en las que se constatan falsedades en escritura pública o cualquier otra infracción penal incurrida por Oficiales del Estado Civil con motivo de la instrumentación de los registros, a los fines del sometimiento por ante los tribunales penales de la República.
CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES FINALES
Artículo 11. Vigencia.-Lo establecido en los Capítulos II y III de esta Leyestará vigente mientras dure la ejecución el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular.
Artículo 12. Reglamentación.- El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de aplicación de lo dispuesto en los Capítulos II y III de esta ley en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de la fecha de su promulgación, reglamento que entre otras disposiciones contendrá los medios a través de los cuales se acreditara el hecho del nacimiento así como las adecuaciones pertinentes al Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular para estas personas.
Artículo 13.  Gratuidad.- Lo dispuesto en la presente Ley no generará tasa o costo alguno a cargo de los beneficiarios.

lunes, 5 de mayo de 2014

Evolución de las Penas


A través del tiempo la forma de imponer penas ha variado conforme a la época.  Así se verifican 4 períodos fundamentales: La Venganza Privada, La Venganza Divina y Pública, Período Humanitario y Período Contemporáneo, Científico o Penitenciario, de los cuales haremos mención en la presente práctica.
Donde expondremos las definiciones que han dado algunos penalistas, como:
Golstein, el cual explica que la pena es la disminución de un bien juridico que amenaza y que se aplica a quien violenta un precepto penal. Y dice que la pena tiene un antecedente que es la descripción de determinada conducta, que es determinante para la aplicación de la pena.
Para Osorio, la pena es el castigo impuesto por la autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un delito.
Para Capitant, la pena es el castigo establecido para prevenir y, si fuere necesario reprimir los ataques al orden social calificados como infracciones.
1-Elaboración de un cuadro  incluyendo en él, una columna para cada uno de los diferentes períodos de la pena, señalando dos de cada una de sus características.  
                                       Los periodos son:











Período de la Venganza Privada
























































Período teológico-político de la venganza divina y pública y de la intimidación.



Una de las primeras menaras de imponer penas lo constituyó el período de la venganza privada, donde no había una autoridad pública debidamente constituida, de ahí que las víctimas de las infracciones o sus familiares reaccionaban de manera brutal contra el agresor o su familia. La venganza era realizada, en los primeros tiempos de familia a familia, de tribu a tribu, de clan a clan, por eso se dice que la responsabilidad penal primero fue social y luego individual.  En el período de la venganza privada se cometían excesos, ya que no existía poder alguno que frenara las acciones de los individuos.
La Ley del Talión.
Al final de la primera edad de la piedra o la del paleolítico, surge la ley del Talión, aquí aparece la ley y el orden.  Un orden fundado en principios toscos y simplismos, se concretó en la ley del Talión, la cual no permitía al delincuente hacer más mal que el que había sufrido, dicha ley constituyó un paso de avance en las instituciones represivas.
La palabra talión, lo que significa es tal cual, pena que consistió en hacer un mal al delincuente igual al que él causó:“pagará vida por vida; y en general se pagará ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura,” El
Principio de la ley del Talión significó una moderación del derecho de venganza proporcionándola a la ofensa, el cual se encuentra en el Código de Hammurabí, en la legislación mosaica y en la Ley de las XII tabla, y aún muchos antes de China, por más de XX siglos a.C.; se la menciona en el Avesta, libro sagrado de los persas.
La noción de “vida por vida” era llevada a extremos, tales como causar la muerte del hijo del acreedor por haber ocasionado la muerte del hijo del deudor mientras lo tenía en prenda.
La aplicación de la ley del Talión, trajo serios inconvenientes debido a que no siempre era posible hacer sufrir al agresor tal pena, cual delito como es el caso de que el victimario sacara un ojo a un tuerto o cortara un brazo a un manco.
La Composición.
Debido a que la venganza privada y la ley del Talión tenían inconvenientes en su aplicación surge la composición, mediante esta pena el agresor estaba obligado legalmente a pagar a la víctima y esta, a aceptar una cantidad de dinero, pero la víctima debía renunciar a tomar venganza contra el agresor.  No obstante a eso, la venganza privada continuó al rojo vivo y se apaciguó bajo las influencias de las ideas de la Iglesia y de un mayor creciente poder público el cual brinda mejores garantías al individuo y se asegura a través de las penas públicas la defensa de la sociedad.
Las dos características que identifican este período son:
a) la Ley del Talión (ojo por ojo y diente por diente) y,
b) La Composición (la pena del pago donde el agresor estaba obligado a pagar y la víctima aceptarlo, renunciando a tomar venganza contra el agresor).
En este periodo aparece constituida la unidad pública que toma ella el derecho de sancionar las ofensas, en este tiempo la ofensa no son solo contra la victima de la infracción.  
Como la autoridad se presentaba como delegada de la divinidad, también las ofensas recaían sobre ella. Los delincuentes eran considerados turbadores del orden público y responsabilidad o la autoridad ofendida y a intimidar no solo al reo, sino si no a los que en el futuro pensasen delinquir.
Las siguientes infracciones eran castigadas con pena de muerte por medio del fuego:
* La blasfemia,
* El ateísmo.
 La herejía, ósea  el error pertinaz contra lo que cree la iglesia.
El sacrilegio o profanación sobre persona, lugar o cosa sagrada.
La brujería y posesión demoníaca.
En esta época se aplicaban penas inhumanas como la pena de muerte contra cualquier delito y a los infelices cuando no eran condenados a muerte, se le arrojaba a las más inmundas prisiones, donde estos eran sometidos a las más brutales arbitrariedades.
Las dos características que identifican este período son:
a) Las sanciones contra las ofensas, y
b) algunas infracciones se castigaban con penas inhumanas y pena de muerte.









           









Período Humanitario
En este período las penas comienzan a dulcificarse un poco; y desaparecen algunas arbitrariedades de los períodos anteriores.
Este periodo era contra los principios de intimidación y de hacer sufrir a todo trance, se produjo una reacción, Cristo predico  la caridad, la fraternidad, y la redención del ser humano. Debido a eso, la legislación penal canónica inspirada en esa idea, puso al servicio del derecho penal la piedad, la humanidad, y la moderación como una forma de emplear las penas no solo para castigar sino para conseguir la enmienda y rehabilitación del hombre caído en el delito.
Las penas canónicas estaban encaminadas a mejorar el aspecto moral de quien delinque, de ahí que se tomaba en consideración tanto al delito como al infractor.
Las penas canónicas eran la detención perpetua, el internamiento temporal en un monasterio, las penitencias canónicas, peregrinaciones y limosnas y la excomunión para los incorregibles.
Por más humanitario y sabio que sea un sistema penal, da lugar a que los individuos busquen los medios de violar la ley cometer abuso. Este régimen dio lugar a eso, lo que motivo que el monje Benedictino, Mobillon, en su obra reflexiones sobre las presiones de las órdenes religiosas del 1690- al 1695, proclamara que en la justicia secular se tiende a imprimir terror en los malvados, en tanto que en la eclesiástica se trata de obtener  la salud de las almas. Por eso es que a ese monje se le ha dado el título de precursor de la escuela penitenciaria moderna.
Las ideas de la Iglesia ejercieron gran influencia en algunos gobiernos y particulares; y fue así como en Ámsterdam se fundó en 1595 una prisión para hombres y al año siguiente otra para las mujeres, donde se realizaba trabajo y se le inyectaba un sentimiento religioso.  De la misma especie se creó en el siglo XVII, en Holanda y en Alemania establecimientos penitenciarios.
En el año 1703 el Papa Clemente XI crea en 1735 una prisión para mujeres; la Emperatriz María Teresa de Austria edificó una prisión en Millón en 1795 con 140 celdas, 25 de ellas para mujeres, 20 para los muchachos y las restantes para los hombres. Después de ahí se fueron sucediendo otras prisiones.
Las dos características que identifican esta época o período son:
a) se manifiesta el comienzo de la dulcificación de la penas, debido a que la legislación penal canónica puso al servicio del derecho penal la piedad, la humanidad y la moderación como una forma de emplear las penas no sólo para castigar sino de conseguir la enmienda y rehabilitación del hombre caído en el delito, y
b) Destaca al monje benedictino Mobillón como el precursor de la escuela penitenciaria moderna, ya que en su obra Reflexiones sobre las prisiones de las órdenes religiosa (1690-1695), proclamara que en la justicia secular se tiende a imprimir terror en los malvados, en tanto que en la eclesiástica se trata de obtener la salud de las almas, logrando con esto prisiones para hombres y prisiones para mujeres.










Período contemporáneo, penitenciario y
político

Demanda en Pensión Alimenticia


La Ley 136-03 es producto de la preocupación del Legislador y del Estado Dominicano con el fin de garantizar a todos los niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Más abajo explicaremos todo lo relativo a la alimentación, la cual está consagrada en nuestra Constitución como uno de los derechos fundamentales inherentes a las personas así como también en la indicada Ley 136-03.

El Homicidio y Sus Agravantes.


El Artículo 295 del Código Penal de la República Dominicana dice que: “El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio”. Concibe el homicidio como la privación de la vida de un ser humano por la acción de otro, además, en nuestro ordenamiento jurídico penal nos encontramos con la figura jurídica de la tentativa, que significa etimológicamente la tendencia de la voluntad hacia un delito, es decir, la existencia de la voluntad dirigida a la realización de un fin criminal, por lo que, conforme al artículo 2 del Código Penal, "toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen". 

Atentados contra la Integridad de las Personas


Atentados a la integridad física y psíquica de las personas

Nuestro Código Penal castiga ciertos hechos bajo la denominación de “Atentados a la Integridad Física o Psíquica de las Personas” antes catalogados como Delitos contra la Honestidad, cuyas características comunes comportan un atentado al pudor: Las Agresiones Sexuales, La Violación Sexual, El Proxenetismo. 

Las diversas formas de agresiones sexuales

Según el Artículo 330 del Código Penal de la República, constituye una agresión sexual: "toda acción sexual con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño”. Esta requiere los siguientes elementos: 


LAS AMENAZAS EN LA REPúBLICA DOMINICANA



CONCEPTO

La amenaza es el anuncio que se le hace a una persona de un mal que se le prepara contra su persona, sus familiares o en su patrimonio.

DIVERSAS FORMAS DE LAS AMENAZAS

El derecho penal reprime las amenazas, pero esta represión se manifiesta, según los textos, de diversos modos:

EL CHANTAJE Y LA EXTORCIóN EN LA REPúBLICA DOMINICANA

     

      
      El chantaje

Elemento de tipo penal:

El chantaje cuenta con cuatro elementos constitutivos que son:

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La amenaza escrita o verbal de revelación o de imputación difamatorias.
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El agente debe perseguir con la amenaza un beneficio ilegítimo.

La entrega de fondo o valores, o la firma o entrega de un acto que contenga una obligación o descargo.



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El elemento internacional.