martes, 27 de mayo de 2014

Ley Número 169-14, que Establece un Régimen Especial para Personas Nacidas en el Territorio Nacional Inscritas Irregularmente en el Registro Civil Dominicano y Sobre Naturalización


Esta es la Ley Número 169-14, que Establece un Régimen Especial para Personas Nacidas en el Territorio Nacional Inscritas Irregularmente en el Registro Civil Dominicano y Sobre Naturalización, transcrita de forma íntegra:

EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 184 de la Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero de 2010 creó un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que en ejercicio de las atribuciones que le asigna la Constitución, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia TC/0168/13 de fecha 23 de septiembre de 2013, mediante la cual este tribunal interpretó la normativa vigente en los diferentes textos constitucionales desde el 29 de junio de 1929 hasta la reforma constitucional del 26 de enero de 2010;
CONSIDERANDO TERCERO: Que el Tribunal Constitucional se refirió en una parte de la referida sentencia a lo que calificó como “las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil”, señalando que dichas imprevisiones “se remontan a la época inmediatamente posterior a la proclamación de la Constitución del veinte (20) de junio de mil novecientos veintinueve (1929)”, con lo que el Tribunal Constitucional puso de manifiesto una deficiencia del Estado dominicano que perduró en el tiempo y se extendió en todo el territorio nacional, lo que causó que un determinado número de personas nacidas en territorio dominicano recibiera del propio Estado dominicano la documentación que hizo presumir que se trataba de nacionales dominicanos, en base a lo cual desarrollaron su vida civil con certezas y expectativas concretas en función de esa condición;
CONSIDERANDO CUARTO: Que tal como se señaló en el Considerando primero, las decisiones del Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete último de la Constitución, constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado, pero dicho mandato constitucional no excluye que los órganos políticos constituidos como expresión del principio democrático y de la voluntad popular den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional;
CONSIDERANDO QUINTO: Que al señalar y criticar en la referida sentencia las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil, el Tribunal Constitucional ha determinado que el propio Estado dominicano ha sido responsable de irregularidades y deficiencias en esta materia, lo que ha sido una causa importante de la situación que enfrentan las personas que recibieron del Estado dominicano la referida documentación;
CONSIDERANDO SEXTO: Que, entre otras medidas, el Tribunal Constitucional dispuso mediante dicha sentencia que la Junta Central Electoral realizará una auditoría en los libros de Registro Civil  que abarque el período antes indicado a fin de determinar cuáles personas fueron irregularmente inscritas en dichos libros, auditoría que está siendo realizada por dicho órgano estatal, por lo que se trata de personas que resultaran debidamente identificadas por dicha auditoría;
CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que los órganos de representación política democrática tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas de la sociedad en base al interés nacional y guiados por los valores que hemos enarbolado desde la fundación misma de la nación y que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna;
CONSIDERANDO OCTAVO: Que guiado por estos principios, el Estado dominicano, a través de sus órganos representativos, está llamado a buscar una solución al problema que enfrentan las personas que, si bien irregularmente inscritas en el Registro Civil por el propio Estado, han actuado a través de sus vidas bajo la premisa de que gozan de la nacionalidad dominicana y en función de la misma han tenido un arraigo indiscutible en nuestra sociedad;
CONSIDERANDO NOVENO: Que la solución plasmada en la parte dispositiva de esta ley, en cuanto a regularizar actas del estado civil, no implica una negación ni un cuestionamiento a la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a una parte de las normas relativas a la nacionalidad, sino más bien una respuesta a una problemática que se genera a partir de la misma y que resulta de interés nacional resolver;
CONSIDERANDO DÉCIMO: Que es de alto interés y prioridad para el Estado dominicano la adopción urgente de medidas que posibiliten el derecho a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, a la salud, a la familia, al libre tránsito, al trabajo y a la educación, entre otros, de una población de la República Dominicana integrada por: a) los descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular cuyos registros de nacimiento fueron asentados por el propio Estado a través de los Oficiales del Estado Civil, y b) extranjeros nacidos en el territorio nacional y que no figuran inscritos en el Registro Civil;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero del año 2010, publicada en la Gaceta Oficial No. 10561;
VISTA: La Ley Número 1227 del 4 de diciembre de 1929, publicada en la Gaceta Oficial No. 4160;
VISTA: La Ley 165 del 4 de agosto de 1931 que validó todos los actos instrumentados irregularmente por el ex-oficial del Estado Civil de la común de Santiago Señor Adriano Bordas, en el libro Registro de Nacimientos y comprendidos entre los días 27 de marzo y 5 de diciembre de 1927;
VISTA: La Ley Sobre Actos del Estado Civil No. 659 del 17 de julio de 1944, publicada en la Gaceta Oficial No. 6114 y sus modificaciones;
VISTA: La Ley sobre naturalización No. 1683 del 21 de abril de 1948, publicada en la Gaceta Oficial No. 6782;
VISTA: La Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No. 107-13, publicada en la Gaceta Oficial No. 10722, del 8 de agosto de 2013;
VISTO: El Decreto 327-13, de fecha 29 de noviembre del 2013, mediante el cual se establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana;
VISTO: El informe de la Junta Central Electoral sobre el levantamiento del Registro Civil Dominicano de fecha 7 de noviembre del año 2013.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY QUE ESTABLECE UN REGIMEN ESPECIAL PARA PERSONAS NACIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL INSCRITAS IRREGULARMENTE EN EL REGISTRO CIVIL DOMINICANO Y SOBRE NATURALIZACIÓN
 CAPÍTULO I.- DEL REGIMEN ESPECIAL
 Articulo 1.Objeto.- Esta ley tiene por objeto exclusivo establecer:a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la Republica Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.
Articulo 2.Regularización.- La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo tramite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del articulo anterior.Subsanada la referida irregularidad en virtud de esta Ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos.
Articulo 3. Excepción.- Quedan excluidos del beneficio de lo dispuesto en los artículos anteriores los registros instrumentados con falsedad de datos, suplantación de identidad, o cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad en escritura pública, siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario.
Articulo 4. Cédula de Identidad.- La Junta Central Electoral dispondrá que las personas beneficiarias de este régimen especial, a las que en el pasado se les haya expedido cedulas de identidad y electoral sean dotadas del mismo documento con su numeración anterior, y a los que no hayan tenido este documento, se les otorgará.
Articulo 5. Homologación.- El Estado Dominicano reconoce, con eficacia retroactiva a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de su titular, a la vez que reconoce y dispone que sean oponibles a terceros todos los actos realizados por los beneficiarios de la presente ley con los documentos que utilizaron bajo presunción de legalidad.
CAPÍTULO II.- DEL REGISTRO HIJOS DE EXTRANJEROS NACIDOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Articulo 6. Registro.-Toda persona hija de padres extranjeros en situación migratoria irregular que habiendo nacido en el territorio nacional no figure inscrito en el Registro Civil Dominicano, podrá registrarse en el libro para extranjeros contemplado en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en el reglamento de esta ley.
Párrafo I.- Para beneficiarse del registro de extranjeros contemplado en este artículo, deberá formularse ante el Ministerio de Interior y Policía una solicitud de registro en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de la presente ley.
Párrafo II.- Al formularse la solicitud de registro, el Ministerio de Interior y Policía tendrá un plazo de treinta (30) días, para tramitarla con su no objeción, por ante la Junta Central Electoral.
Artículo 7. De la regularización.-A partir de la inscripción en el libro de extranjería, la persona tendrá un plazo de sesenta (60) días para acogerse a lo establecido en el Decreto 327-13 que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.
 CAPÍTULO III.- DE LA NATURALIZACIÓN
Artículo 8. Naturalización.- Los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedes penales.
CAPÍTULO IV.- SANCIONES
Artículo 9. Falsedades.-La falsedad en que incurra una persona al realizar una solicitud de registro de extranjero, en nombre propio o en su condición de padre, ascendiente, colateral privilegiado o tutor, o en el procedimiento de naturalización especial, será castigada con pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años y multas de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos.
Artículo 10. Persecución penal a Oficiales del Estado Civil.-  La Junta Central Electoral deberá remitir al Ministerio Público, en un plazo no mayor de tres (3) meses, copia certificada de la documentación levantada con motivo de los procesos de inspección del registro civil, en las que se constatan falsedades en escritura pública o cualquier otra infracción penal incurrida por Oficiales del Estado Civil con motivo de la instrumentación de los registros, a los fines del sometimiento por ante los tribunales penales de la República.
CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES FINALES
Artículo 11. Vigencia.-Lo establecido en los Capítulos II y III de esta Leyestará vigente mientras dure la ejecución el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular.
Artículo 12. Reglamentación.- El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de aplicación de lo dispuesto en los Capítulos II y III de esta ley en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de la fecha de su promulgación, reglamento que entre otras disposiciones contendrá los medios a través de los cuales se acreditara el hecho del nacimiento así como las adecuaciones pertinentes al Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular para estas personas.
Artículo 13.  Gratuidad.- Lo dispuesto en la presente Ley no generará tasa o costo alguno a cargo de los beneficiarios.

lunes, 5 de mayo de 2014

Atentados contra la Integridad de las Personas


Atentados a la integridad física y psíquica de las personas

Nuestro Código Penal castiga ciertos hechos bajo la denominación de “Atentados a la Integridad Física o Psíquica de las Personas” antes catalogados como Delitos contra la Honestidad, cuyas características comunes comportan un atentado al pudor: Las Agresiones Sexuales, La Violación Sexual, El Proxenetismo. 

Las diversas formas de agresiones sexuales

Según el Artículo 330 del Código Penal de la República, constituye una agresión sexual: "toda acción sexual con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño”. Esta requiere los siguientes elementos: 


LAS AMENAZAS EN LA REPúBLICA DOMINICANA



CONCEPTO

La amenaza es el anuncio que se le hace a una persona de un mal que se le prepara contra su persona, sus familiares o en su patrimonio.

DIVERSAS FORMAS DE LAS AMENAZAS

El derecho penal reprime las amenazas, pero esta represión se manifiesta, según los textos, de diversos modos:

EL CHANTAJE Y LA EXTORCIóN EN LA REPúBLICA DOMINICANA

     

      
      El chantaje

Elemento de tipo penal:

El chantaje cuenta con cuatro elementos constitutivos que son:

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La amenaza escrita o verbal de revelación o de imputación difamatorias.
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El agente debe perseguir con la amenaza un beneficio ilegítimo.

La entrega de fondo o valores, o la firma o entrega de un acto que contenga una obligación o descargo.



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El elemento internacional.


viernes, 2 de mayo de 2014

La Naturalización Conforme la Legislación de la República Dominicana



Todos los doctrinarios que han tratado de definir el concepto de nacionalidad han estado de acuerdo en que la nacionalidad como condición humana se constituye como un vínculo tanto político como jurídico entre una persona y una Estado, es decir, la nacionalidad vincula al individuo y lo señala como un ente constitutivo de un Estado determinado, en consecuencia, le genera al individuo derechos y deberes respecto al Estado.

Para la obtención de la nacionalidad cada Estado, ejerciendo su soberanía e independencia, fija sus propios requisitos que cada individuo debe cumplir para ostentar la calidad de nacional. Así, en el caso de República Dominicana, la Constitución promulgada en 2010 establece en la norma de su artículo 18 quiénes pueden ser considerados como dominicanas y dominicanos, dicho texto copiado textualmente expresa:

Artículo 18.- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos:

1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;
2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución;
3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas;
4) Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas;
5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley;
6) Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior;
7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.

Párrafo.- Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la Nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración.

En el caso del precedente artículo el constituyente de 2010 conservó el ius solis (derecho de suelo) al igual que el ius sanguinis (derecho de sangre) para la adquisición de la nacionalidad dominicana. También se mantuvo la posibilidad de adquirir la nacionalidad dominicana a través de la naturalización hecha por persona extranjera. Igualmente, el constituyente de 2010 “estrecha los lazos con la diáspora al reconocer la nacionalidad a los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior y al constitucionalizar las políticas especiales para el fortalecimiento de los vínculos nacionales con los dominicanos en el exterior”[1].

Ahora bien, no sólo se obtiene la nacionalidad en vista de las previsiones del precitado artículo 18 de la Constitución, pues, también existe la opción para el extranjero de poder naturalizarse. El proceso de naturalización esta reservado para las personas que quieran obtener una nacionalidad distinta a la de su Estado de origen. En los casos de naturalización el individuo podrá tener la doble nacionalidad, la de su Estado de origen y la del Estado al que se naturaliza.

Esta opción se establece por igual en nuestra Constitución de 2010, que establece en la norma de su artículo 19 la facultad de naturalización que tienen los extranjeros residentes en República Dominicana de optar por la nacionalidad dominicana bajo ciertas limitaciones. El referido texto constitucional establece lo siguiente:

Artículo 19.- Naturalización. Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley, no pueden optar por la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado, ni están obligados a tomar las armas contra su Estado de origen. La ley regulará otras limitaciones a las personas naturalizadas.

Como se puede apreciar, la constitución expresa sólo la facultad que tiene el extranjero de poder obtener la nacionalidad dominicana más no expone el cómo, sino, que envía a la ley ordinaria. La ley que aun regula la naturalización de extranjeros en República Dominica es la número 1683 del 16 de abril de 1948. Esta en ley número 1683 enumera en su artículo 1 quienes podrían optar por la obtención de la nacionalidad dominicana, exponiendo lo siguiente:

Artículo 1. (Modificado por la Ley 4063, del 3355. G.O. 7811). Puede adquirir la nacionalidad Dominicana por naturalización, toda persona extranjera mayor de edad:

a) Que haya obtenido fijación de domicilio en la República de conformidad con el artículo 13 del Código Civil, seis meses después de la concesión del domicilio[2].
b) Que justifique una residencia no interrumpida de dos años por lo menos en la República;
c) Que justifique seis meses por lo menos de residencia no interrumpida en el país, si ha fundado y sostenido industrias urbanas o rurales, o si es propietaria de bienes inmuebles radicados en la República;
d) Que haya residido sin interrupción en el país por seis meses o más, si ha contraído matrimonio con una dominicana y esta casado con ella al tiempo de solicitar la naturalización;
e) Que haya obtenido del Poder Ejecutivo la concesión domicilio de conformidad con el Artículo 13 del Código Civil, al cumplir tres meses por lo menos de la concesión, siempre que justifique tener en cultivo una parcela de terreno de no menos de 30 hectáreas.

Párrafo I. Las interrupciones de residencia por viajes al extranjero de no más de un año de duración, con intención de retorno, se computarán en la residencia en el país. Asimismo podrá computarse una residencia de no más de un año en el extranjero si ha sido en una misión o función conferida por el Gobierno Dominicano.

Párrafo II. El Poder Ejecutivo tendrá facultad para conceder la nacionalidad dominicana, sin ningún requisito de residencia ni de pago de impuestos o derechos a la mujer extranjera que al contraer matrimonio con un dominicano, haya conservado su nacionalidad extranjera en la forma prevista en el artículo 12, reformado, del Código Civil.

También, la susodicha ley 1683 faculta al Presidente del gobierno a conferir mediante decreto la nacionalidad a una personalidad sobresaliente que hayan ofrecido importantes servicios a la República Dominicana o que hayan servido de forma sobresaliente a la humanidad. Esa concesión no puede hacerse a más de 5 personas por año calendario. El texto legal que dispone esta facultad presidencial es el artículo 18, que expone textualmente:

Artículo 18. (Reformado por la Ley 46, del 81166. G.O. 9011). El Presidente de la República podrá investir por decreto con la nacionalidad dominicana, a título de Naturalización Privilegiada, a aquellos extranjeros que a su juicio sean merecedores de la dispensa de los requisitos necesarios ordinariamente para obtener la naturalización dominicana, por haber prestado servicios eminentes a la República o haberse distinguido por servicios sobresalientes prestados a la humanidad.

Para la naturalización ordinaria el procedimiento legal se basa en la presentación por ante el Ministerio de Interior y Policía de una serie de documentos que se enumeran en el artículo 6 de la referida ley 1683, así como al pago de los impuestos correspondiente por ante el Banco de Reservas de la República Dominicana. El texto del artículo 6 textualmente expresa:

Artículo 6. (Modificado por la Ley 4063, del 3355. G.O. 7811). La naturalización se solicitará del Poder Ejecutivo por conducto del Secretario de Estado de Interior y Policía, y deberán anexarse a la solicitud los documentos siguientes:

a) Un Certificado de no delincuencia expedido por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente; y
b) El Acta de Nacimiento, con la traducción oficial, si no esta escrita en lengua castellana. A falta de Acta de Nacimiento por imposibilidad material de obtenerse, podrá aceptarse como equivalente un acta especial rescata ante el Juez de Paz, suscrita por tres personas mayores de edad, que den fe de que conocen al solicitante, de su nacionalidad y de la edad, aproximada del interesado.

Párrafo I. En caso de que el interesado tenga una nacionalidad que no sea su nacionalidad de origen, deberá hacerse en la solicitud un historial sumario de esta circunstancia.

La naturalización trae como beneficio para el naturalizado la adquisición de derechos que se encuentran reservados para los ciudadanos del Estado, por ende, al obtener la nacionalidad también se obtiene, con ciertas limitaciones, la ciudadanía del Estado y los derechos políticos que la acompañan. En nuestra Constitución los derechos del ciudadano con enunciados por la norma del artículo 22, que citado textualmente expresa:

Artículo 22.– Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos:

1. Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución;
2.     Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo;
3.  Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes;
4. Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto;
5. Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.

En cuanto al derecho establecido en la norma del inciso 1 del precitado artículo, la misma Constitución implementa una serie de requisitos que deben ser cumplidos y que se encuentran reservados para los extranjeros nacionalizados y que se refieren a la obtención de ciertos cargos públicos o estatales. Sobre este particular podemos citar los siguientes textos constitucionales:

Artículo 79.- Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senadora o senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos. En consecuencia:

1) Las senadoras y senadores electos por una demarcación residirán en la misma
durante el período por el que sean electos;
2) Las personas naturalizadas sólo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección (negritas nuestras).

Artículo 135.- Requisitos para ser ministro o viceministro. Para ser ministro o viceministro se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de veinticinco años. Las personas naturalizadas sólo pueden ser ministros o viceministros diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana. Los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses (negritas nuestras).

Artículo 201.- Gobiernos locales. El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa.

Párrafo I.- El gobierno de los distritos municipales estará a cargo de una Junta de Distrito, integrada por un director o directora que actuará como órgano ejecutivo y una Junta de Vocales con funciones normativas, reglamentarias y de fiscalización. El director o directora tendrá suplente.

Párrafo II.- Los partidos o agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de distritos municipales para alcalde o alcaldesa, regidores o regidoras, directores o directoras y sus suplentes, así como los vocales, de conformidad con la Constitución y las leyes que rigen la materia. El número de regidores y sus suplentes será determinado por la ley, en proporción al número de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco para el Distrito Nacional y los municipios, y nunca menos de tres para los distritos municipales. Serán elegidos cada cuatro años por el pueblo de su jurisdicción en la forma que establezca la ley.

Párrafo III.- Las personas naturalizadas con más de cinco años residiendo en una jurisdicción podrán desempeñar dichos cargos, en las condiciones que prescriba la ley (negritas nuestras).

Como se aprecia, para la elección de ciertos cargos públicos, estatales y municipales las personas naturalizadas que hayan obtenido la nacionalidad dominicana deberán en la mayoría de los casos un lapso de entre 10 y 5 años para poder ejercer el derecho a ser elegidos para estos cargos.

Por otro lado, las personas naturalizadas pueden perder los derechos agenciados por la adquisición de la nacionalidad. Así lo establece el artículo 24 de la Constitución en su último inciso, a saber:

Artículo 24.- Suspensión de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de:
1) Condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma;
2) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure;
3) Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo;
4) Violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada (negritas nuestras).

Asimismo, en la susodicha ley 1683 se expone una serie de casos en los que el Poder Ejecutivo tendrá la capacidad o facultad de revocar la nacionalidad dominicana a un extranjero. El texto legal es el Párrafo II del artículo 12, que copiado es el siguiente:

Párrafo II. (Modificado por la Ley 4996, del 19958.G.O. 8286). El Poder Ejecutivo tundra capacidad para revocar cualquier naturalización cuando al favorecido:

a) Tome las armas contra la República o preste ayuda en cualquier atentado contra ella; así como la tentativa y la trama para tomarlas o ayudar en un atentado;
b) Participe como autor o cómplice en actos o empresas destinados a derrocar el Gobierno legalmente constituido o atenté contra la persona del Jefe del Estado o de los Dignatarios que gocen de las mismas prerrogativas, así como la tentativa y la trama para cometerlos;
c) Cometa actos de infidelidad, desafección, deslealtad, ingratitud o indignidad contra la República, sus dirigentes, dignatarios o instituciones;
d) Traslade su domicilio al exterior dentro del año de obtenida la naturalización;
e) Se ausente después de obtenida la naturalización hacia el exterior sin regresar al país dentro de los 10 años de su partida;
f) Admita en el territorio dominicano función o empleo de algún Gobierno extranjero, sin previa autorización del Poder Ejecutivo;
g) Mantenga una conducta notoriamente inmoral, realice actos de perversión o contrarios a las buenas costumbre; y
h) Hubiera ejecutado maniobras fraudulentas para obtener su naturalización.

De igual manera, la ley impone severas sanciones a quienes para lograr la obtención de la nacionalidad dominicana falsee o falsifique certificaciones u otros documentos  

Artículo 12. Las personas que al solicitar su naturalización utilicen certificados u otros documentos falsos o pertenecientes a personas extrañas, serán castigadas con prisión correccional de seis meses a dos años y con igual pena serán castigados aquellos que expidan certificaciones falsas para ayudar a otro a obtener la naturalización.

Párrafo I. La naturalización obtenida con documentos falsos o pertenecientes a personas extrañas, será revocada por el Poder Ejecutivo cuando la sentencia que se pronuncie sobre el caso haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.





[1] Constitución Comentada. 3era edición. Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. 2012. P.74.
[2] Artículo 13 del Código Civil.- El extranjero, a quien el Gobierno hubiese concedido fijar en la República su domicilio, gozará de todos los derechos civiles mientras resida en el país.