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Divorcio por incompatibilidad de caracteres

     El Concubinato en la República Dominicana siempre ha sido una realidad social que ha ameritado de soluciones jurídicas con la finalidad no solo de proteger a los convivientes sino a la misma familia. Este es uno de los temas en los cuales la Jurisprudencia Dominicana ha realizado importantes aportes en los últimos años y la Doctrina, no obstante a que ha sido tímida al abordarlo, en cuanto a colaboración, no se ha quedado atrás como veremos en el curso del presente trabajo.

Como establece el Magistrado Monción en su importante obra titulada “La Litis, Los Incidentes y la Demanda en Referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria, Formularios y Jurisprudencias”, el concubinato no es más que una unión de hecho entre un hombre y una mujer, mediante la cual estos conviven sin estar casados legalmente, lo que implica que no existe un vínculo matrimonial formalmente establecido.

 

Hoy en día, jurídicamente hablando es indiscutible que una unión de hecho para ser caracterizada como concubinato y producir los efectos jurídicos del mismo debe reunir determinados caracteres. Estos criterios se han ido afinando a partir de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, a través de la decisión de fecha 17 de octubre del 2001, la cual fijó las características que constituyen el concubinato, dentro de las cuales se citan las siguientes:

A) La convivencia, una relación pública y notoria, la cual debe estar excluida de relaciones ocultas y secretas; B) La Ausencia de formalidad legal en la unión; C) La estabilidad, apariencia de matrimonio; D) La permanencia, constancia, duradera; y E) La singularidad, que consiste en la unión de dos personas de distintos sexos.

Más aún, mediante sentencia de fecha 7 de junio de 2010, emitida por la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, este alto Tribunal ha reiterado la importancia social del reconocimiento del concubinato y sus caracteres esenciales al establecer textualmente lo siguiente:

… que esta Suprema Corte de Justicia ha reconocido que las relaciones de hecho en nuestra sociedad actual han tomado un auge cada día más creciente, encontrándose un gran número de familias integradas en este tipo de relación; que el concubinato o relación consensual jurídicamente reconocida, conforme al criterio jurisprudencial tiene como carácter principal la concurrencia de cinco requisitos, que consisten en: a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, b) ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, y e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí.

De su lado, la Doctrina dominicana también ha indicado los caracteres o elementos que entiende individualizan o constituyen el concubinato en le República Dominicana, los cuales son: 

1) La cohabitación, la cual constituye el rasgo que distingue una unión de hecho o concubinato de una simple relación circunstancial; 

2) La notoriedad, esta unió de hecho debe ser de público conocimiento; 

3) La singularidad, esta tiene como exigencia que la totalidad de los elementos que constituyen el concubinato debe darse solamente entre los dos sujetos que lo conforman; y 

4) La permanencia, esta implica evidentemente que la relación de los concubinos no puede tener un período de vigencia establecido, tampoco puede ser momentánea, ni ocasional.

La Constitución de la República Dominicana vigente contempla al concubinato al consignar en las normas que se citan a continuación, lo siguiente:

Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

5) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley;

11) El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales.

Ese texto constitucional citado precedentemente está siendo usado por los Tribunales como fundamento principal para sustentar correctamente que la relación consensual, monogámica estable, y continua resulta fuente de derecho para cualesquiera de  los cónyuges que se han desenvuelto en una relación de esta naturaleza y genera derechos y obligaciones, dentro de los cuales se puede mencionar la exigencia de partir los bienes que se hayan producido en el curso de la vigencia del concubinato.

Ahora bien, además de las contribuciones realizadas por la Jurisprudencia a este tema, se reconoce que antes de nuestra Constitución del año 2010, el concubinato también estuvo reconocido en la Carta Magna del año 1963 y también se encuentra reconocido por el legislador dominicano en diferentes leyes adjetivas como los son la actual Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código de Trabajo de la República Dominicana.

Por estas razones es de suma importancia avocarnos al estudio del concubinato, destacando los aspectos que hemos entendido más relevantes en torno al mismo, sobre todo su configuración jurisprudencial y consecuencias jurídicas.

Castellanos Pizano[1] en su obra Instituciones de Derecho Civil, al abordar el origen del concubinato en la República Dominicana nos hace un relato histórico que nos parece importante señalar cuando indica que: “El concubinato llegó a la isla con los españoles, para quienes ese tipo de unión constituía una forma inferior de casamiento, Durante la Edad Media, en efecto, ya se había expandido con notable éxito en España este patrón conyugal, que por influencia árabe se denominaba “barraganía”, cuyo antecedente se encuentra en el concubinatus romano”.

Y sobre este aspecto nos continúa relatando que: “La barraganía fue tolerada por la Iglesia y reconocida como lícita por el Estado español, que la acogió en el Código de las Siete Partidas. En ese sentido, coexistió legalmente en la España castellana de los siglos XIII y XVI, junto al “matrimonio de bendición”, hasta principios del silo XVI, en que fue oficialmente prohibida por el Quito Concilio de Letrán. Debemos destacar, por tanto, que el concubinato constituía un hábito profundamente arraigado en el espíritu del conquistador, por lo que no tardó en convertirse en “la forma usual de unión entre el peninsular y la indígena, dada la promiscuidad inherente al régimen poligámico que prevalecía en la vida familiar de los tainos”.

Finalmente sobre la evolución del concubinato señala: “En la segunda década del siglo XV, al encontrarse los taínos en vías de extinción, fueron remplazados con esclavos africanos, iniciándose la segunda y más importante fase en la implantación del concubinato en la isla, pues “la misma avidez sexual que condujo al español a unirse con las indias hizo que éste no tuviese reparo alguno en mezclar su sangre con la de la mujer negra”. Idéntica situación se produjo, “todavía en mayor medida, entre los propios negros y mulatos, ya fueran esclavos o libre”. Esas circunstancias propiciaron una rápida expansión del concubinato, que se convirtió en la principal modalidad conyugal durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Su predominio con relación al matrimonio legítimo se acentuó durante la invasión haitiana de 1822, promovido por el Presidente Boyer, quien siguió la política tolerante de Petión con relación a las uniones consensuales. Posteriormente, luego de nuestra independencia política, en el año 1844, el concubinato continuó siendo el patrón de nupcialidad más abundante a lo largo de todo el siglo XIX. Desde entonces, esa situación no ha experimentado transformaciones significativas”.

En la obra jurídica del Magistrado Monción[2], dicho autor establece que etimológicamente, la palabra concubinato viene del latín concubinatus, lo cual significa vida material del hombre con la mujer. Dicho autor define este término como: “una unión de hecho, por el cual un hombre y una mujer conviven sin estar casados legalmente, o sea, sin que exista un vínculo matrimonial”.

El concubinato también es designado comúnmente con el nombre de unión libre o unión de hecho por otros autores y procede de la situación fáctica o de hecho de la convivencia de dos personas (hombre y mujer) que no se encuentran unidas por el matrimonio, pero sí comparten un proyecto de vida común entre ellos fundamentadas en relaciones afectivas con determinados caracteres como son: la singularidad, la estabilidad y la permanencia.

Es unánimemente admitido que el concubinato es un fenómeno que se encuentra presente en la mayoría de los hogares dominicanos en los cuales existe una tendencia al concubinato. En tal sentido se afirma que como es una cuestión de hecho muy notable en nuestra sociedad el legislador en menor grado y la Suprema Corte de Justicia a través de la Jurisprudencia han tratado de salvaguardar los derechos de la familia que se genera a través del mismo.

En la actualidad se reconoce jurídicamente hablando que una unión de hecho para ser caracterizada como concubinato y producir los efectos jurídicos del mismo debe reunir determinados caracteres. Se cita la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, mediante decisión de fecha 17 de octubre del 2001, fijó los caracteres que constituyen el concubinato, a saber:

A)              La convivencia, una relación pública y notoria, la cual debe estar excluida de relaciones ocultas y secretas;

B) La Ausencia de formalidad legal en la unión;

C) La estabilidad, apariencia de matrimonio;

D) La permanencia, constancia, duradera;

E) La singularidad, que consiste en la unión de dos personas de distintos sexos.

Sobre esta sentencia el autor Castellanos Pizano[3] señala que: “Fue precisamente contra ese célebre fórmula del “interés legítimo jurídicamente protegido” que se pronunció la Suprema Corte de Justicia, en un viraje espectacular efectuado mediante sentencia rendida el 17 de octubre del 2001, al establecer que:

“… tradicionalmente esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de casación ha sostenido el criterio de que las uniones no matrimoniales, consensuales, libres o de hecho, no podían presentar, en razón de su irregularidad misma, el carácter de un interés legítimo, jurídicamente protegido, criterio basado, obviamente, en la concepción de que la unión consensual constituye un hecho ilícito en derecho dominicano; que, empero, en tal sentido, es preciso indicar que un hecho es ilícito en la medida en que transgreda una norma previa establecida por el legislador; que en ese aspecto, la unión consensual nos ocupa, ya se encuentra prevista, considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en casos como el de la especie(…);” 

Y al analizar la referida sentencia destaca que: “La sentencia de marras deja constancia expresa, entre otros numerosos e importantísimos principios, de que la unión marital de hecho no constituye actualmente una situación ilícita en nuestro sistema jurídico, sino que, por el contrario, ha sido objeto de protección legislativa y se encuentra amparada por el principio constitucional de igualdad ante la ley”, cuando consagra que:

… las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen una potencial con trascendencia jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, porque esto seria incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza;

En una sentencia de fecha 7 de junio de 2010[4], emitida por la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, este alto Tribunal ha reiterado la importancia del reconocimiento del concubinato y sus caracteres esenciales al establecer textualmente lo siguiente:

… que esta Suprema Corte de Justicia ha reconocido que las relaciones de hecho en nuestra sociedad actual han tomado un auge cada día más creciente, encontrándose un gran número de familias integradas en este tipo de relación; que el concubinato o relación consensual jurídicamente reconocida, conforme al criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia, tiene como carácter principal la concurrencia de cinco requisitos, que consisten en:

a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas;

b) ausencia de formalidad legal en la unión;

c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad;

d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de ninguno de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esa condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona;

e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí; 

La Doctrina también ha indicado los caracteres o elementos que individualizan o constituyen el concubinato en le República Dominicana, dentro de los cuales podemos citar los siguientes:

1) La cohabitación, la cual constituye el rasgo que distingue una unión de hecho o concubinato de una simple relación circunstancial. Se establece que si los sujetos carecen de un domicilio común no es posible sostener la existencia de un concubinato para los diversos efectos que este puede invocarse en el ámbito jurídico. Dicha cohabitación conlleva la comunidad de vida, es decir, posibilita que la pareja, en mayor o menor medida, comparta la vida en todos esos aspectos que determinan situaciones que exigen consideración y solución por parte del derecho y la convivencia sexual.

2) La notoriedad, esta unió de hecho debe ser de público conocimiento. No puede ser oculta frente a los terceros que tengan contacto con los concubinos y frente a la sociedad misma.

3) La singularidad, esta tiene como exigencia que la totalidad de los elementos que constituyen el concubinato debe darse solamente entre los dos sujetos que lo conforman. Cabe indicar que no hay singularidad cuando algunos de los elementos señalados se da entre uno de los concubinos y otro sujeto diferente al concubinato.

4) La permanencia, esta implica evidentemente que la relación de los concubinos no puede tener un período de vigencia establecido, tampoco puede ser momentánea, ni ocasional sino que debe perdurar en el tiempo.

Cabe señalar que la Jurisprudencia ha sido que ha hecho los aportes más importantes al tema del concubinato reconociendo en la actualidad que si bien es cierto que el matrimonio es un contrato solemne, que se manifiesta en una asociación de personas que se comprometen recíprocamente al cumplimiento de múltiples deberes, el cual constituye uno de los fundamentos de la sociedad humana, también la relación consensual, monogámica estable, y continua resulta fuente de derecho para cualesquiera de  los cónyuges que se han desenvuelto en una relación de esta naturaleza , tal y como lo reconoce nuestra carta sustantiva en el artículo 55.

Y es que la misma actual Constitución de la República Dominicana lo engloba al consignar lo siguiente:

Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

5) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley;

11) El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales.

Es así que fundamentado en dicha norma de grado constitucional, los tribunales en caso de demanda en partición de bienes sustentado en una relación consensual, o sea, una relación informal monogámica, estable y continua entre un hombre y una mujer, establecen que la misma se encuentra reconocida por nuestra Carta Sustantiva, específicamente en la norma establecida en el Artículo 55.5. 

Y más aún señala la Jurisprudencia otro elemento importante al establecer que las disposiciones relativas al plazo perentorio para demandar la partición de los bienes fomentados  dentro de la comunidad establecido en la parte in-medio del artículo 815 del Código Civil Dominicano, no puede serle aplicado al concubinato, puesto que el plazo para demandar el cese de la indivisión resultante de la sociedad es la más larga establecida en nuestra legislación civil, o sea, la de veinte (20) años, por no encontrarse otra mas corta establecida taxativamente en la ley para los casos de la especie. 

También se argumenta que la misma norma contenida en el referido artículo 815 establece como punto de referencia para el cálculo de la prescripción la fecha de la publicación de la sentencia que disuelve el matrimonio, de lo que se deriva su lógica inaplicabilidad al caso del concubinato, de lo que resulta improcedente admitir la aplicación de las disposiciones de dicha norma para declarar inadmisible cualquier demanda en partición fundamentada en el concubinato.

La Jurisprudencia admite que el concubinato puede ser probado por todos los medios tales como: pruebas documentales, celebración de medidas de instrucción celebradas por ante tribunal, como comparecencia personal de las partes, informativo y contra informativo testimonial.

En este orden de ideas, es necesario señalar la sentencia de fecha 7 de julio 2010. Del caso que produjo una litis entre los señores Sixto Rafael Domínguez contra Maritza Rodríguez. Esta sentencia aborda la relación de hecho o concubinato. Como un resumen del proceso debemos decir que la señora Maritza Rodríguez, demandó en partición al señor Sixto Rafael Domínguez, ya que estuvieron unidos por 17 años.

En Primera Instancia el Juez falló acogiendo la demanda en partición incoada por la señora y ordenando al Registrador de Títulos correspondiente colocar las propiedades a nombre de los dos. El señor Sixto Rafael Domínguez recurrió en apelación, en donde ratificaron la sentencia de Primer Grado. Posteriormente, el mismo recurrió en casación, indicando en su memorial los motivos que a continuación se indican: violación a la ley, ausencia de motivos, o, al menos, insuficiencia de motivos y falta de base legal.

Establece el recurrente en casación que: “independientemente de que se trate de un matrimonio conforme a la Ley 659, o una unión libre de conformidad con el artículo 823 del Código Civil, entiende que la prescripción se impone para demandar en partición los bienes que una parte exprese que han sido obtenidos dentro de una unión consensual o de hecho, en el caso que nos ocupa, por expresiones de la hoy recurrida en todas las instancias, la demanda en partición fue incoada aproximadamente tres años después de haber concluido la unión libre entre ambos; que éste tipo de unión por tratarse de una sociedad de hecho, la parte que desee dividir bienes obtenidos en el tiempo de esa unión debe probar los aportes realizados en la adquisición de ese patrimonio; que si no se cumple con la prueba del aporte, no puede entonces ordenarse la partición”.

Dándole respuesta a los argumentos planteados en su memorial de casación, la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso, fundamentándose en que como es bien sabido, entre las características principales de la unión de hecho está la ausencia de formalidad legal; que esa circunstancia constituye la diferencia neurálgica entre la relación de hecho y el matrimonio propiamente dicho, así como también las prerrogativas de que disfrutan cada uno de tales vínculos, el primero, desprovisto de regulación legal alguna, y el segundo, debidamente regido por el Código Civil; que, ciertamente, como lo expresa la Corte a-qua en respuesta al medio de inadmisión planteado en esa jurisdicción por el actual recurrente: “el plazo de prescripción establecido por la ley es exclusivamente para demandar la partición de los bienes de la comunidad”, comunidad patrimonial que solo se corresponde en ese caso con el matrimonio; que resulta incongruente con la naturaleza de la relación de hecho aplicarle los mismos requisitos previstos en el Código Civil para el matrimonio, ya que la unión de hecho no tiene regulación legal alguna.

Asimismo estableció que: “en aras de pautar el conflicto planteado por la realidad social existente en el país, esta Suprema Corte de Justicia ha establecido el criterio, reiterado en esta ocasión, que a los fines de satisfacer la demanda en partición de bienes fomentados en una relación de hecho, debe procederse conforme a las reglas establecidas en los artículos 823 y siguientes del Código Civil, por tratarse del procedimiento que más concuerda con la naturaleza del asunto de que se trata”.

Como ya hemos indicado precedentemente, en los casos de concubinato resulta inaplicable la norma del artículo 815 del Código Civil, incluso porque señalan algunos que en la actualidad es más claro debido a que se cuenta con la Constitución del año 2010, que establece en la norma prevista en el artículo 51 el derecho de propiedad, el cual no prescribe si está registra en Registro de Títulos, de modo que, haciendo una interpretación  conglobante, se aplica el texto de la Constitución y por tanto no es aplicable en los actuales momentos las disposiciones del artículo precedentemente citado del Código Civil.

Además, en lo que se refiere a los concubinos, también afirman algunos autores que hasta el 2010 no existía regulación o reconocimiento legal alguno claro para la realidad social del concubinato, sin embargo, la Constitución actual trajo consigo el reconocimiento de las uniones consensuales (artículo 55.5 ya citado), aunque se puede afirmar que falta regulación legal en sí, pero es concebido como un aporte significativo, ya que muchas familias en nuestro país conviven como un matrimonio sin estar casados.

 En este mismo sentido, ello unido al trabajo del hogar como actividad económica (artículo 55.11 de la Constitución) que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, se podría afirmar que no importa tanto demostrar que en un concubinato se ha aportado determinada cantidad de bienes, sino que se apreciará la labor que realizan especialmente las amas de casa para sostener la familia y aportar a la sociedad.

Pero en adición a los aportes realizados por la Jurisprudencia, es necesario decir que es unánimemente admitido que el concubinato también se encuentra reconocido por el legislador dominicano en diferentes leyes adjetivas como es la actual Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código de Trabajo de la República Dominicana.

El primer caso es el que la Doctrina señala previsto en la Ley 14-94, que instituyó el Código de Niños, Niñas y Adolescentes que luego fue sucedido por la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes[5], que con el ánimo de regular la realidad social que genera el concubinato en la República Dominicana, lo reconoce y pretende tutelar no solamente a los convivientes y sus bienes, sino también a sus hijos, dándole fuerza legal a la unión consensual o concubinato como una modalidad familiar.

Al respecto, Subero Isa señala[6] que la relación entre un hombre y una mujer unidos no por el vínculo matrimonial comenzó a tener reconocimiento legal en la República Dominicana con la ley 14-94, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al disponer en su artículo 19 que: “Se entiende por familia, además de la basada en el matrimonio, la comunidad formada por un padre y una madre, o por uno de ellos y sus descendientes nacidos de una unión consensual o de hecho”.

Y que posteriormente la Ley 136-03, denominada Código para el Sistema de Protección y  los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 58, literal a), comprende dentro de la familia el padre y la madre, los hijos(as) biológicos(as), adoptados(as) o de crianza, frutos de un matrimonio o de una unión consensual.

De igual forma, señala el referido autor que las consecuencias de la vigencia de la ley 14-94 y de la 136-03 se hicieron sentir a nivel jurisprudencial. Es así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante su sentencia del 17 de octubre de 2001, B.J. 1091, dijo:

“que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza”.

Asimismo, se indica que otra ley adjetiva que reconoce el concubinato en la República Dominicana es el Código de Trabajo cuando consagra en la norma prevista en el artículo 54 lo siguiente:

Artículo 54.- El empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste, tres días, en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos, o de su compañera, y dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa.

De su lado, el señalado autor Castellano Pizano[7] en su referida obra sobre el tema abordado señala que el concubinato volvió a sumirse en el olvido legislativo, hasta la promulgación de la ley 14-94 del 22 de abril de 1994. Luego de que fuera dejada sin vigencia la Constitución de 1963. Corresponde a ese estatuto el indiscutible mérito de haber introducido formalmente a la unión consensual en nuestros anales legislativos, como una modalidad familiar, conjuntamente con el matrimonio, de conformidad con los términos de su artículo 19, que ya hemos citado.

Indica que también se refieren expresamente a la unión consensual los artículos 14, 30, 32 y 52 (acápite “c”) de dicha ley, entre otros. A su vez, el articulo 10 del “Reglamento para la Aplicación del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes indicó los criterios que deberán tomarse en consideración para determinar la existencia de las uniones consensuales válidas.

Argumenta que La ley 24-97 del 27 de enero de 1997 también contribuyó a reforzar la protección jurídica del concubinato, al tipificar como infracciones graves ciertos hechos en que puede incurrir un ex conviviente en perjuicio del otro, tales como los actos de tortura o barbarie, de violencia doméstica, de agresión sexual y de abandono. Y, en el mismo sentido, cabe citar el “ Reglamento de Pensiones” de fecha 19 de diciembre de 2002, de la Ley que  establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuyo artículo 109 hace beneficiario de la pensión de supervivencia del afiliado activo, a su “compañero (a) de vida” , definido de conformidad con las siguientes reglas:

Se indica que las disposiciones del artículo 51 de la Ley sobre el cónyuge superviviente aplicarán al compañero de vida. Para efectos de recibir los beneficios se considerará compañero (a) de vida a aquel (aquella) que forme con el afiliado una unión que se encuentre revestida de las características siguientes: a) convivencia que refleje una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal de la unión; c) comunidad de vida familiar estable y duradera, con  profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aun cuando haya cesado esta condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrante de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí; f) que ninguno de los dos tenga impedimento de matrimonio.

Al igual que los demás autores señalados más arriba, refiere que luego, la Ley Número 136-03, del 7 de agosto del 2003. Denominado “Nuevo Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, ratificó en su artículo 58 la existencia legal del concubinato en los siguientes términos:

Artículo 58.- DENOMINACIÓN DE FAMILIA. Se entiende por familia el grupo integrado por:

a)    El padre y la madre, los hijos (as) biológicos (as), adoptados (as) o de crianza , frutos de un matrimonio o de una unión consensual;

b)    El padre o la madre y sus hijos e hijas;

c)     Los cónyuges sin hijos e hijas;

d)    Los descendientes, ascendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, hermanos y hermanas, abuelos, tíos, primos).

Pero indica, que el mencionado “Reglamento de Pensiones” sólo concierne materias relativas al Seguro Social, y que las leyes 14-94 y 136-03 sólo tienen por objeto la protección de los menores. En ese sentido, los tres estatutos carecen de previsiones que reglamenten las relaciones económicas y jurídicas d los miembros que integran la pareja consensual.

En otro orden de ideas, es preciso señalar que el concubinato puede disolverse. El Magistrado Monción[8] nos indica que de la forma en cómo se comenzó una relación estable que genera un vínculo que degenera en una real sociedad, así también por múltiples motivos el concubinato puede llegar a su término y que por tal razón es importante saber las causas que conllevan a la terminación de un concubinato que son las siguientes:

1) Por la ruptura de la unión por mutuo acuerdo, o por iniciativa de uno de los concubinos.

2) Por la muerte de uno de los convivientes.

3) Por el matrimonio de los concubinos entre sí.

4) Por haberse casado uno de los concubinos con una tercera persona.

El referido autor nos señala que en la actualidad estas son las causas que producen el fin a la sociedad o relación de hecho que constituye el concubinato. Además, indica que el Proyecto de Reforma del Código Civil indica que la ruptura de mutuo acuerdo debe hacerse ante un Abogado Notario Público.

También el Magistrado Moción señala que aunque no indica el abandono del hogar de uno de los concubinos como una causa de terminación de la relación de hecho, admite que esta situación se da con mucha frecuencia debido a que es la forma más fácil de ponerle término a esta sociedad, ello se explica ya que entre los convivientes concubinos no hay documento alguno firmado como en el matrimonio.

En otro orden de ideas, Subero Isa establece que en la actualidad la jurisprudencia dominicana en la evolución del proceso jurisprudencial a favor del concubinato o las uniones consensuales, desde la existencia de una relación de concubinato “more uxorio”, deriva las consecuencias jurídicas que se indican a continuación:

1)    Existe una presunción irrefragable de comunidad según la cual no se exige de la prueba previa de una sociedad de hecho;

2)    Para la partición de los bienes no se requiere de la prueba de aportes materiales o intelectuales de los concubinos, bastando la prueba del concubinato existente entre las partes;

3)    Los aportes de los concubinos no necesariamente deben ser materiales para la constitución del patrimonio común; también son aportes cuando se trabaja en las labores propias del hogar, tarea que es común en nuestro entorno familiar como propia de la mujer;

4)    El concubinato produce efectos asimilables al matrimonio;

5)    En la primera etapa, el tribunal apoderado debe limitarse a ordenar o rechazar la partición y, si la demanda es acogida, le sigue una segunda etapa que consistirá en las operaciones propias de la partición, a cargo de los peritos, que se encargan de tasar los inmuebles e indicar si son o no de cómoda división;

6)     La partición de la comunidad creada por las uniones consensuales se rigen por la norma del artículo  823 y siguientes del Código Civil, y por lo tanto todo lo concerniente a la acción en partición y las contestaciones relacionadas con esta, incluidas las relativas a los bienes que conforman la masa a partir, incumben al juez comisionado para conocer de la partición;

7)    La norma del artículo 1399 del Código Civil Dominicano, a cuyo tenor: “La comunidad sea legal o convencional, empieza desde el día en que el matrimonio se ha contraído ante el Oficial del Estado Civil: no puede estipularse que comience en otra época”, solo regula la situación jurídica del matrimonio, no la de las uniones consensuales.

8)    La norma del artículo 815 del Código Civil Dominicano, le reconoce a las partes el derecho de no permanecer en estado de indivisión. 

Conclusión

En la actualidad es indiscutible la importancia jurídica-social que tiene la figura del concubinato ya que no solo está reconocida por la Jurisprudencia sino que también está contemplada en la Constitución de nuestra República y en las leyes adjetivas que indicamos en el cuerpo del presente trabajo. Este avance en el reconocimiento del concubinato no solo busca la protección justa de los convivientes que lo conforman sino la armonía misma de la familia y la sociedad.

Pero, si bien es cierto que el concubinato en los últimos años ha evolucionado legalmente de forma correcta y positiva con miras a la protección de la familia y que la Jurisprudencia ha sido la que ha hecho los aportes más trascendentales en este tema reconociendo también la relación consensual, monogámica estable, y continua resulta fuente de derecho para cualesquiera de  los cónyuges que se han desenvuelto en una relación de esta naturaleza, tal y como lo reconoce nuestra Carta Sustantiva en el artículo 55, ya citado, no es menos cierto que el mismo carece de una regulación legal precisa para que no esté dada a la interpretación variante de la Jurisprudencia la cual en algunos casos involuciona.

Para darnos a entender mejor solo debemos citar la interpretación que algunos autores han hecho de la norma contenida en el ordinal quinto del artículo 55 de nuestra Constitución, alegando que de su simple lectura se entiende que el concubinato no produce los mismos derechos que el matrimonio principalmente en lo que tiene que ver con el patrimonio de los concubinos y la comunidad de bienes, ya que ese mismo ordinal quinto en su parte final, relega los aspectos de la unión libre o consensual, a la ley vigente, cuando establece que se interpretará "de conformidad con la ley".

Sin embargo, al no existir una Ley que regule los aspectos más trascendentales del concubinato, la interpretación de la Jurisprudencia puede hacer, como ha pasado, que involucione sobre los criterios ya fijados chocando con la realidad existente en la República Dominicana y perjudicando a muchos ciudadanos por la existencia de ese vacío legal.

Conforme hemos visto el Proyecto de Reforma del Código Civil Dominicano contempla regular algunos aspectos del concubinato. Es de suma importancia que se establezca una regulación legal integral para esta realidad social y más imperante es esta necesidad, luego del vigente reconocimiento constitucional del año 2010 sobre este tema, para que de esta forma el sistema jurídico pueda tener parámetros específicos a la hora de evaluar una demanda en partición como consecuencia de la disolución del concubinato.

  

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Bibliografía

·      Castellanos Pizano, Victor Joaquín, Instituciones de Derecho Civil, Ediciones Trajano Potentini, Santo Domingo, 2007.

·      Monción, Segundo E., La Litis, Los Incidentes y la Demanda en Referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria, Formularios y Jurisprudencias, Tercera Edición, Editorial Centenario, 2015.

·      Subero Isa, Jorge, Presunción Irrefragable de Comunidad de Bienes en las Uniones Consensuales. Disponible en: http://jorgesuberoisa.blogspot.com/2014_05_01_archive.html.

·      Constitución de la República Dominicana de fecha 26 de enero de 2010.

·      Código Civil y Legislación Complementaria.

·      Código Laboral de la República Dominicana

·      Sentencia de la Segunda Sala (Cámara) de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana de fecha 17 de octubre del 2001.

·      Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de fecha 7 de julio 2010. Sixto Rafael Domínguez vs Maritza Rodríguez.

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[1] Castellanos Pizano, Victor Joaquín, Instituciones de Derecho Civil, Ediciones Trajano Potentini, Santo Domingo, 2007, p. 50-55.

[2] Monción, Segundo E, La Litis, Los Incidentes y la Demanda en Referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria, Formularios y Jurisprudencias, Tercera Edición, Editorial Centenario, 2015, p. 583.

[3] Ob. Cit., p. 63-65.

[4] Sixto Rafael Domínguez vs Maritza Rodríguez Fecha: 7 de julio 2010.

[5] Monción, Segundo E., Ob. Cit., p. 586.

[6] Subero Isa, Jorge, Presunción Irrefragable de Comunidad de Bienes en las Uniones Consensuales. Disponible en: http://jorgesuberoisa.blogspot.com/2014_05_01_archive.htm.

[7] Ob. Cit., p. 58-60.

[8] Monción, Segundo E., Ob. Cit., p. 590-591.

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