sábado, 11 de enero de 2014

La Revisión de la Prisión Preventiva en la República Dominicana



La norma contenida en el numeral 1 del Artículo 241 del Código Procesal Penal de la República Dominicana establece que la prisión preventiva cesa o finaliza cuando: “Nuevos elementos demuestren que no concurren las razones que la motivaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida”.

martes, 7 de enero de 2014

Casos de Inaplicabilidad del Principio Non Bis In Idem


En algunos procesos penales los imputados pretenden hacer uso en su favor del Principio Non Bis In Idem cuando un Tribunal penal emite una sentencia de incompetencia y luego la parte que le adversa introduce otra acción penal por ante el Tribunal competente de conocer los hechos cometidos por los imputados que pueden tipificar un delito determinado.

lunes, 6 de enero de 2014

El Delito de Trabajo Realizado y No Pagado en la República Dominicana



Es común ver en la República Dominicana que una cantidad considerable de ciudadanos dominicanos asesorados por abogados accionen en contra de otras personas por la supuesta comisión del delito de delito de trabajo realizado y no pagado. De hecho, un número importante de estos casos se conocen en diferentes etapas por ante las distintas Fiscalías de los Distritos Judiciales y los Tribunales del País.

En muchas ocasiones cuando un ciudadano le presta un servicio a otro fuera de los efectos de un contrato de trabajo y luego no logran ponerse de acuerdo entorno al pago del servicio prestado por múltiples motivos, es muy frecuente que el primero interponga una acción penal en contra del segundo con la colaboración de un abogado por la supuesta comisión del delito de trabajo realizado y no pagado, aunque conozca la inviabilidad de la acción llevada.

En el proceso y en bastantes casos sin hacer una investigación previa, se cita a conciliación a las partes por ante algún Departamento de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial en la cual se depositó la querella para comparezcan e ilustren al Fiscal apoderado sobre la realidad de los hechos acontecidos entre el querellante y el querellado, y así se pueda determinar si realmente existe la comisión o no del delito de trabajo realizado y no pagado.

Ahora bien, el punto es que conforme el criterio más acabado de la Jurisprudencia de la República Dominicana para configurarse el delito de trabajo realizado y no pagado se requieren condiciones específicas muy claras que mencionaremos más adelante, lo cual implica que si entre las partes lo que existía era una relación comercial o una prestación de servicio sin un contrato de trabajo, evidentemente no puede bajo ninguna condición configurarse el delito de trabajo realizado y no pagado.

La Jurisprudencia Dominicana en múltiples ocasiones ha establecido que: "La Ley 3143 del 1951 sanciona penalmente al contratista que, habiendo recibido el precio de la obra, no paga a sus trabajadores"[1].

Asimismo, en la citada obra de William C. Headrick, Compendio Jurídico Dominicano, desde la página 173 hasta la 174, este autor cita un sinúmero de Jurisprudencias Dominicanas contantes que señalan que en los casos en los cuales no existe un contrato de trabajo no se puede procesar a alguien por trabajo realizado y no pagado, en efecto en la página 174 se contempla la siguiente sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia:

"Según la Ley Número 3143 de 1951, el hecho de que una persona actúe en su nombre propio al contratar trabajadores y no les pague por sus servicios no se caracteriza el delito. Para situarse en el ámbito legal de la infracción, es necesario, que quien contrata los servicios haya actuado a nombre de otra o como contratista de obras, y que la recibir el pago, dejara de pagar a su vez el servicio prestado por los trabajadores en la obra"[2].

Como se puede apreciar, si una persona le presta algún servicio a otra que no está regido por un contrato de trabajo y no le paga, esta última no pueden ser procesada por la supuesta comisión del delito de trabajo realizado y no pagado debido a que no es contratista ni ha recibido dinero alguno como contratista para pagarle a trabajadores, además de que el futuro accionante no tendría la condición de trabajador como se requiere para la configuración del delito de trabajo realizado y no pagado.

En este mismo sentido, el autor Juan Alfredo Biaggi Lama, cita otra Jurisprudencia en las páginas 703 y 704 de su obra titulada 15 Años de Jurisprudencia Laboral Dominicana 1988-2002, la cual también establece que:

"Que contrariamente a los razonamientos que anteceden, de acuerdo con los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley Número 3143 del 11 de diciembre de 1951, el hecho de que una persona o empresa actúe en su propio nombre al contratar los servicios de trabajadores, en caso de que no pague a estos en todo o en parte el servicio prestado, no se caracteriza el delito previsto por los textos legales señalados, toda vez que para situarse en el ámbito legal de dicha infracción, es necesario que quien contrate los servicios de los trabajadores, haya actuado a nombre de otra persona o como contratista de obras y que al recibir el pago de estas dejara de pagar a su vez el servicio prestado por los trabajadores empleados en la mencionada obra"[3].


[1] William C. Headrick, Compendio Jurídico Dominicano, página 173, B. J. 719.2256.
[2] William C. Headrick, Op. Cit, página 174, B. J. 966.548.
[3] Sentencia No. 25, de fecha 29-05-91, B. J. 965-967, páginas 548-549.

El Hábeas Corpus en la República Dominicana



La Resolución Número 1733-2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en su Artículo 7 establece que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente será competente par conocer de las solicitudes de mandamiento de Hábeas Corpus.

sábado, 4 de enero de 2014

¿Qué Acción Legal Tomar Si Me Hicieron Firmar un Contrato Bajo los Efectos del Alcohol?



En algunas ocasiones cuando los vacacionistas nacionales e internacionales se encuentran disfrutado en los denominados Resorts tomando unos tragos de alcohol en los mismos, algunos empleados se les acercan para promocionarles otras ofertas de vacaciones que entienden pueden interesarles.
En este contexto, los invitan a un lugar más privado y les hablan sobre las ofertas de vacaciones que tienen dentro de su programa. Pero, esta situación se torna desventajosa para los vacacionistas cuando les invitan a seguir bebiendo, situación ante la cual algunos, naturalmente por el estado y el lugar en el cual se encuentran, responden que sí y continúan ingiriendo alcohol.
En este escenario, los vacacionistas se relacionan con algunos empleados de los Resorts que les son presentados y les vuelven a brindar bebidas alcohólicas. En cuestiones de minutos les van enseñando las diferentes oficinas que poseen e incluso los países en los cuales tienen Resorts para club de vacaciones y los llevan a otros lugares para mostrarles las comodidades que tiene para ofrecerles, y por supuesto, les brindan más alcohol.
La cuestión es que en ese estado, bajo los efectos del alcohol, les presentan las informaciones para adquirir las membresías, las condiciones de las mismas y les solicitan que firmen un contrato y hasta un pagaré sin poder comprender plenamente los vacacionistas en ese momento las obligaciones que están contrayendo por evidentemente encontrarse bajo los efectos del alcohol, y no es sino tiempo más tarde cuando ya han regresado a su casa que se dan cuenta de las obligaciones que han contraído, las cuales no hubieran asumidos si no se hubiesen encontrado en el estado de embriaguez en el cual se encontraban al momento de firmar.
Ante esta triste situación se preguntan, ¿qué acción legal tomar ya que le hicieron firmar un contrato que no querían bajo los efectos del alcohol? Al respecto, la norma contenida en el Artículo 1108 del Código Civil Dominicano establece lo siguiente:
Cuatro condiciones son esenciales para la validez de una convención:
El consentimiento de la parte que se obliga;
Su capacidad para contratar;
Un objeto cierto que forme la materia del compromiso;
Una causa lícita en la obligación.
Asimismo, el citado instrumento legal en la norma contenida en el Artículo 1109 expresa textualmente lo siguiente: “No hay consentimiento válido, si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. De igual forma, la norma prevista en el Artículo 1111 del señalado Código Civil también establece que: “La violencia ejercida contra el que ha contraído una obligación, es causa de nulidad, aunque haya sido ejecutada por un tercero distinto de aquel en beneficio de quien se hizo el pacto.
De igual manera, la norma consagrada en el Artículo 1112 del señalado Código consagra que: “Hay violencia, cuando esta es de tal naturaleza, que haga impresión en sujeto de sano juicio, y que pueda inspirarle el temor de exponer su persona o su fortuna, a un mal considerable y presente. En esta materia hay que tener en cuenta la edad, el sexo y la condición de las personas. En este mismo orden de ideas, la norma contenida en el Artículo 1117 del ya señalado instrumento legal, reza de la siguiente manera: “La convención contratada por error, violencia o dolo, no es nula de pleno derecho, sino que produce una acción de nulidad o rescisión, en el caso y forma explicados en la Sección 7ma. del Capítulo 5to. del presente Título.
También la norma prevista en el artículo 1304 del señalado Código Civil Dominicano consagra lo siguiente: “En todos los casos en que la acción en nulidad o rescisión de una convención, no está limitada a menos tiempo por una ley particular, la acción dura cinco años. Este tiempo no se cuenta en caso de violencia, sino desde el día en que ha cesado ésta; en caso de error o dolo, desde el día en que han sido éstos descubiertos. No se cuenta el tiempo con respecto a los incapacitados por la ley, sino desde el día en que les sea levantada la interdicción, y con relación a los actos hechos por los menores, desde el día de su mayor edad”.
La Doctrina francesa en la persona del profesor Josserand[1] ha expresado que: “La violencia evoca la idea de un constreñimiento ejercido sobre la voluntad de una persona: en el campo de las obligaciones, tiende a llevar al que la sufre a realizar un acto, convención, pago; si bien, examinadas las cosas de cerca, no es la violencia misma la decisiva y la que vicia el consentimiento, sino mas bien el constreñimiento, el estado de necesidad que de él resulta, el acto realizado bajo el imperio de semejante presión no es obra de una voluntad libre, no ha sido dado enteramente por la victima; los móviles determinantes han sido falseados por el constreñimiento, o, si se quiere, están constituidos por este mismo constreñimiento; un consentimiento forzado es una contradicción en sí; el acto que de él ha salido, debe caer”.
De la misma manera, los hermanos Mazeaud[2] con relación al vicio de consentimiento que constituye la violencia establecen lo siguiente: “La violencia se caracteriza, pues, por la amenaza de un peligro, elemento objetivo; y por la falta de libertad del consentimiento que resulta de aquello, del temor inspirado, elemento subjetivo”.
Como vicio del consentimiento, la Doctrina ha distinguido dos tipos de violencia, a saber: la violencia física y la violencia moral, estableciendo con relación a la violencia física los indicados hermanos Mazeaud lo siguiente: “La violencia física, que se concibe malConsistiría en llevar la mano de la persona que escribe, o en hacerle cumplir un acto bajo el imperio de la hipnosis o de la embriaguez total. El acto jurídico está privado de libertad; falta el consentimiento, elemento esencial; el acto es nulo de nulidad absoluta”[3].
Como se puede apreciar la situación narrada al inicio del presente artículo se encuadran perfectamente dentro del vicio del consentimiento de la violencia física y de manera unánime la doctrina internacional ha establecido como requisitos de la violencia como vicio del consentimiento los siguientes:
1. Que la violencia sea ilegitima, es decir, es necesario que no sea el resultado del ejercicio de un derecho; puesto que cuando se ejerce un derecho protegido por la ley, no se puede decir que se ha ejercido una violencia capaz de viciar el consentimiento de la persona contra quien ese derecho es ejercido. 
2. Que la violencia sea determinante, lo que significa que la violencia debe ser de tal magnitud que sin ella la víctima no habría contratado. Debe ser apreciada in concreto, tomando en cuenta la reacción de una persona determinada. El juez debe al momento de apreciar la violencia tomar en cuenta todas las circunstancias internas como externas, tales como la edad, el sexo y la condición de las personas (playa, hotel, fiesta).
También es unánimemente admitido que en casos como el de la especie la nulidad absoluta está fundamentada en el orden público y en las buenas costumbres y tienen por finalidad principal la protección de la sociedad. La declaración de la nulidad de un contrato produce efectos retroactivos entre las partes puesto que las cosas deben ser repuestas en el mismo estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato.
Además, con relación a los efectos de la violencia, continúan estableciendo los hermanos Mazeaud lo siguiente: “La violencia física entraña la nulidad absoluta. Los partidarios de la inexistencia consideran incluso que el contrato es inexistente, por falta de consentimiento”. “Además de la acción de nulidad, la víctima dispone de una acción en responsabilidad, quele permite demandar al autor de la violencia, puesto que ha incurrido en una culpa, una reparación del perjuicio que haya sufrido aquella”[4].
La norma consagrada en el artículo 1382 del Código Civil Dominicano, al consagrar la responsabilidad civil aplicable al caso de la especie, reza: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquél por cuya culpa sucedió a repararlo”. En este mismo orden de ideas, la norma prevista en el artículo 1384 del Código Civil Dominicano establece lo siguiente:
“Artículo 1384.- No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado. El padre y la madre después de la muerte del esposo, son responsables de los daños causados por sus hijos menores, que vivan con ellos. Los amos y comitentes, lo son del daño causado por sus criados y apoderados en las funciones en que estén empleados. Los maestros y artesanos lo son, del causado por sus discípulos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia. La responsabilidad antedicha tiene lugar, a menos que el padre, la madre, los maestros y artesanos, prueben que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a la responsabilidad”.
De tal suerte, que en la situación fáctica narrada al inicio no solo es posible incoar una acción legal en procura de lograr la nulidad de los actos firmados bajos los efectos del alcohol sino también una acción legal en responsabilidad civil para que sean resarcidos los daños y perjuicios causados por el Resorts a través de sus empleados.


[1] Josserand, Louis, Derecho Civil, tomo 2, volumen I, traducción de Santiago Cuchillos y Manterola, Ediciones Jurídicas Europa-América Bosch y compañía, Buenos Aires, Argentina, número 80, página 61.
[2] Henri, Lèon y Jean Mazeaud, Derecho Civil, parte segunda, volumen I, traducción de Luís Alcalá-Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, número 200, página 219.
[3] Ídem.
[4] Ibídem, página 226.

¿Por qué se Necesita más Control Sobre los Conductores de Motocicletas en Nuestro País?





En la actualidad, la Ley 241 y sus modificaciones, Sobre Tránsito de Vehículos de Motor regula, como su nombre lo indica, todo lo concerniente a la circulación de los vehículos de motor en las vías públicas en la República Dominicana. Esta importante normativa contiene regulaciones sobre la responsabilidad penal de los conductores, es decir, las sanciones de prisión, multas y suspensión o cancelación de las licencias de conducir. Para la aplicación de la misma el Estado Dominicano ha diseñado y puesto en aplicación un entramado sistema de prevención, investigación, persecución y juzgamiento penal que le consume una parte importante de su presupuesto.

Las Medidas de Coerción en el Ordenamiento Procesal Penal Dominicano

 Las Medidas de Coerción en el Ordenamiento Procesal Penal Dominicano

Al momento de imponer una medida de coerción el Tribunal debe tomar en cuenta lo establecido en la norma consagrada en el Artículo 229 del Código Procesal Penal Dominicano sobre el Peligro de fuga, que establece que:


Para decidir sobre el peligro de fuga el juez toma en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 1.- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga; 2. La pena imponible al imputado en caso de condena; 3. La importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo; 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la
persecución penal.

La Nulidad de los Laudos Arbitrales Emitidos en Virtud de Leyes Nacionales



El arbitraje comercial como mecanismo alternativo de solución de conflictos está tomando cada día más fuerza en la República Dominicana. No es desconocido que tanto la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y su homóloga de Santiago tienen órganos especializados que se encargan de conocer los procesos arbitrales conforme las normativas de la Ley número 489-08, sobre Arbitraje Comercial, y los reglamentos que las mismas han emitido para regularlo.

La Nulidad de los Laudos Arbitrales Emitidos en Virtud de Leyes Nacionales



El arbitraje comercial como mecanismo alternativo de solución de conflictos está tomando cada día más fuerza en la República Dominicana. No es desconocido que tanto la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y su homóloga de Santiago tienen órganos especializados que se encargan de conocer los procesos arbitrales conforme las normativas de la Ley número 489-08, sobre Arbitraje Comercial, y los reglamentos que las mismas han emitido para regularlo.

viernes, 3 de enero de 2014

La Difamación y la Injuria en el Ordenamiento Penal Dominicano


La Constitución de la República Dominicana reconoce a la dignidad humana como un valor supremo y un principio fundamental, por tal razón, le dedica en su cuerpo múltiples normas tendentes a garantizarla en diferentes ámbitos dentro de las cuales podemos mencionar, de manera meramente enunciativa, las contenidas en los artículos 7, 8, 38, 44 y 49, las cuales rezan de la forma siguiente:

Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.
Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

Criterios de la Jurisprudencia Dominicana sobre los Delitos Contemplados en la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento



En la norma contenida en el artículo 19 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento de la República Dominicana se contempla el derecho de rectificación que tiene todo ciudadano sobre las publicaciones erróneas que realice un medio de comunicación entorno a su persona. Ahora bien, la Jurisprudencia Dominicana no ha establecido de forma clara y constante a quién es que le corresponde realizar dicha rectificación cuando un medio de comunicación publica una información imprecisa a partir de unas declaraciones emitidas por un ciudadano determinado.