jueves, 24 de abril de 2014

La Aplicación del Convenio de la Apostilla de La Haya en la República Dominicana



La Apostilla es definida por la Cancillería de la República Dominicana como:un método simplificado de legalización de documentos –públicos– a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional”. Este método fue creado mediante el Convenio sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, del 15 de Octubre de 1961, mayor conocido como el Convenido de Apostilla de La Haya.

La República Dominicana manifestó su adhesión al Convenio de Apostilla de La Haya en el año 2008. La Apostilla en la República Dominicana es realizada a través del Departamento de Legalización de la Cancillería de este país. Existe un requisito de pago de impuesto que se compra en el Banco de Reserva de la República Dominicana. La Apostilla del documento público puede ser solicitada, acorde con la norma contenida en el artículo 5 de la Convención de La Haya, por el signatario o portador del documento.

El método de la Apostilla fue creado por los Estados con el objeto de reducir las dificultades y lograr simplificar la legalización de ciertos documentos a fin de verificar su autenticidad y comprobar su validez a nivel internacional. En ese sentido, un documento emitido y apostillado por un Estado tendrá total validez en cualquier otro Estado en el que se pretenda hacer uso de este.

Con la aplicación del método de Apostilla se volvió innecesaria la práctica cotidiana de tener que legalizar los documentos de forma consular o diplomática u otro tipo de certificación adicional que siempre requerían una inversión mayor de tiempo y dinero debido a los trámites burocráticos que se debían agotar.

La Apostilla, por ende, se basta a asimismo, en consecuencia, el documento público apostillado deberá ser reconocido en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de algún tipo de autenticación. Claro, el documento público apostillado será reconocido sólo en los Estados que hayan firmado el Convenio de La Haya, para disminuir así los trámites necesarios para el reconocimiento de estos en países diferentes al que fue emitido.

Los documentos públicos que pueden ser objeto de Apostilla son: Acta de Bautismo; Acta de Defunción; Acta de Divorcio; Acta de Matrimonio; Actos constitutivos de compañías; Asambleas; Certificación de Cédula; Certificación de Libro (Pensum); Certificación de Periódicos; Certificación para Actualizar Firma; Certificación de Pasaporte; Certificado de No Antecedentes Penales de las Procuradurías Fiscales; Certificado de Origen de la DGA; Certificados Médicos; Copia de Cédula; Copia de Documentos; Documentos Consulares; Copia Documentos Universitarios; Copia de Pasaporte; Documentos Provenientes del Extranjero; Documentos Relativos a Notas de los Colegios Acreditados; Documentos Universitarios; Visa de Turista; Traducciones; Títulos; Soltería; Sentencia; Registro Mercantil; Reconsideración de Visa Denegada; Programas Universitarios; Poder; No Antecedentes; Documentos Universitarios y Reconsideración de Visa Denegada.

Quedan excluidos de la necesidad de Apostilla, según el artículo 1 del precitado Convenio de La Haya: 1. Los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y 2. Los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.

Los países que hasta ahora forman parte del referido Convenio de La Haya son: Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina Brunei Darussalam, Bulgaria, Chile, China (Hong Kong), China (Macau), Chipre Colombia, Croacia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Fiyi, Francia, Georgia, Granada, Grecia, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Irlanda, Islandia Islas Cook, Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Kazakstán, Corea, Lavita, Lesoto Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malaui, Malta, Mauricio, México, Mónaco, Montenegro, Namibia, Niue, Noruega, Nueva Zelanda Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa República de Belarús, República de Botsuana, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Rusia, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Suazilandia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Venezuela.


La Aplicación del Convenio de la Apostilla de La Haya en la República Dominicana



La Apostilla es definida por la Cancillería de la República Dominicana como:un método simplificado de legalización de documentos –públicos– a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional”. Este método fue creado mediante el Convenio sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, del 15 de Octubre de 1961, mayor conocido como el Convenido de Apostilla de La Haya.

La República Dominicana manifestó su adhesión al Convenio de Apostilla de La Haya en el año 2008. La Apostilla en la República Dominicana es realizada a través del Departamento de Legalización de la Cancillería de este país. Existe un requisito de pago de impuesto que se compra en el Banco de Reserva de la República Dominicana. La Apostilla del documento público puede ser solicitada, acorde con la norma contenida en el artículo 5 de la Convención de La Haya, por el signatario o portador del documento.

El método de la Apostilla fue creado por los Estados con el objeto de reducir las dificultades y lograr simplificar la legalización de ciertos documentos a fin de verificar su autenticidad y comprobar su validez a nivel internacional. En ese sentido, un documento emitido y apostillado por un Estado tendrá total validez en cualquier otro Estado en el que se pretenda hacer uso de este.

Con la aplicación del método de Apostilla se volvió innecesaria la práctica cotidiana de tener que legalizar los documentos de forma consular o diplomática u otro tipo de certificación adicional que siempre requerían una inversión mayor de tiempo y dinero debido a los trámites burocráticos que se debían agotar.

La Apostilla, por ende, se basta a asimismo, en consecuencia, el documento público apostillado deberá ser reconocido en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de algún tipo de autenticación. Claro, el documento público apostillado será reconocido sólo en los Estados que hayan firmado el Convenio de La Haya, para disminuir así los trámites necesarios para el reconocimiento de estos en países diferentes al que fue emitido.

Los documentos públicos que pueden ser objeto de Apostilla son: Acta de Bautismo; Acta de Defunción; Acta de Divorcio; Acta de Matrimonio; Actos constitutivos de compañías; Asambleas; Certificación de Cédula; Certificación de Libro (Pensum); Certificación de Periódicos; Certificación para Actualizar Firma; Certificación de Pasaporte; Certificado de No Antecedentes Penales de las Procuradurías Fiscales; Certificado de Origen de la DGA; Certificados Médicos; Copia de Cédula; Copia de Documentos; Documentos Consulares; Copia Documentos Universitarios; Copia de Pasaporte; Documentos Provenientes del Extranjero; Documentos Relativos a Notas de los Colegios Acreditados; Documentos Universitarios; Visa de Turista; Traducciones; Títulos; Soltería; Sentencia; Registro Mercantil; Reconsideración de Visa Denegada; Programas Universitarios; Poder; No Antecedentes; Documentos Universitarios y Reconsideración de Visa Denegada.

Quedan excluidos de la necesidad de Apostilla, según el artículo 1 del precitado Convenio de La Haya: 1. Los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y 2. Los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.

Los países que hasta ahora forman parte del referido Convenio de La Haya son: Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina Brunei Darussalam, Bulgaria, Chile, China (Hong Kong), China (Macau), Chipre Colombia, Croacia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Fiyi, Francia, Georgia, Granada, Grecia, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Irlanda, Islandia Islas Cook, Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Kazakstán, Corea, Lavita, Lesoto Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malaui, Malta, Mauricio, México, Mónaco, Montenegro, Namibia, Niue, Noruega, Nueva Zelanda Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa República de Belarús, República de Botsuana, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Rusia, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Suazilandia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Venezuela.


martes, 22 de abril de 2014

Poder Punitivo o Sancionador de Pro Consumidor Conforme el Debido Proceso


Sobre el tema de si Pro Consumidor puede mediante una decisión administrativa imponer una multa a un ciudadano o entidad que dicho organismo estatal entienda esté violentando las normativas vigentes en nuestro país que tienden a proteger los derechos de los consumidores o usuarios, es preciso analizar las regulaciones contenidas en las distintas normas que consagra la Ley 358-05, denominada Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, de fecha 14 de septiembre del año 2005.

Lo primero que debemos señalar es que la norma contenida en el artículo 27 de la indicada Ley 358-05 establece que: “En caso de encontrar violación a las disposiciones de esta ley, la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor deberá ejecutar las acciones correctivas y las penalizaciones que contemple la ley, aplicable dentro de la esfera de su competencia y observando el debido proceso”. Es así que Pro Consumidor ciertamente a través de su Dirección Ejecutiva está facultada para llevar a cabo las acciones correctivas e imponer penalizaciones que establezca la ley y de las cuales sea competente, pero siempre respetando el debido proceso de ley.

Asimismo, es preciso indicar que la normativa contenida en la señalada Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario contempla varios procedimientos para resolver los diversos conflictos que se susciten en esta materia. En este sentido, existe un procedimiento administrativo, uno judicial y otro conciliatorio y de arbitraje. Ahora bien, los problemas surgen en cuanto a la interrogante de cuáles son las penalizaciones a las que se refiere la norma contenida en el ya referido artículo 27 de la susodicha Ley 358-05 que puede imponer Pro Consumidor y que no ameritan la intervención de la autoridad judicial.

sábado, 19 de abril de 2014

EL DIVORCIO POR INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


A continuación comparto con ustedes algunas Jurisprudencias de la República Dominicana en materia de divorcio por incompatibilidad de caracteres obtenidas del Headrick de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, las cuales me parecen muy interesantes en cuanto a los motivos alegados para pronunciar el divorcio en esos casos, a saber:

La incompatibilidad de caracteres queda demostrada con las declaraciones de los testigos, de que los esposos vivían separadamente; que cuando estaban juntos se producían disgustos que trascendían al público; que hubo momentos en que el esposo le daba golpes a la esposa; que el marido tenía a otra mujer con varios hijos y que no le pasaba nada a su esposa, pues en tales condiciones no podía existir felicidad conyugal y el estado de cosas entre los esposos era causa de perturbación social (S. C. J., B. J. No. 760., Año 883o).

La existencia de una incompatibilidad de caracteres entre los esposos puede establecerse por el hecho de que cada uno de ellos demandó al otro por esa causal (S. C. J., B. J. No. 771., Año 317o).

Al dar por establecida la incompatibilidad de caracteres, el juez debe precisar los hechos cometidos por el esposo demandado, capaces de determinar dicha incompatibilidad (S. C. J., B. J. No. 778., Año 1736o).

El marido sufría de diabetes, insuficiencia hepática, hipertensión arterial y otros, y no quería divorciarse porque en su enfermedad ella era la única que puede atenderlo. La sentencia que rechaza la demanda de la esposa por no existir elementos de perturbación social carece de motivos suficientes y debe ser casada (S. C. J., B. J. No. 939., Año 215o).

En la demanda introducida por el marido, la incompatibilidad queda demostrada por el hecho de que él mantenía una relación extraconyugal en forma pública, hecho éste declarado por la esposa demandada, por lo que la Corte desestimó el alegato de que el marido se aprovechó de su propia falta para obtener ganancia de causa (S. C. J., B. J. No. 1058., Año 77o).

El hecho de que la esposa afirme que su esposo le era infiel y de que éste incoe su demanda en divorcio con la firme decisión de romper la relación conyugal constituyen pruebas irrefutables de las discrepancias existentes entre los esposos que pone de relieve la incompatibilidad (No. 14, Pr., Sept. 2010, B. J. 1198). 

El Divorcio al Vapor para Extranjeros en la República Dominicana


La Ley Número 142, de fecha 4 de junio de 1971, que modifica la Ley Número 1306 bis, de Divorcio, de la República Dominicana regula el Divorcio al Vapor en nuestro país. Los beneficios que otorga este instrumento legal que prevé el denominado Divorcio al Vapor comúnmente son utilizados con mucha frecuencia tanto por dominicanos como por extranjeros.

En este último caso, es decir, en el caso de extranjeros, es necesario verificar que los países de donde son nacionales dichos extranjeros tengan acuerdos vigentes o relaciones diplomáticas con la República Dominicana que reconozcan esta figura y que sea válidamente aplicable en dichos países.

En este tenor, la norma contenida en el Artículo 1 de la Ley Número 142, de fecha 4 de junio de 1971, que modifica la Ley Número 1306 bis, de Divorcio, de la República Dominicana, expresa textualmente lo siguiente:

“PARRAFO IV — En el caso de cónyuges dominicanos residentes en el extranjero las convenciones y estipulaciones podrán ser redactadas a través de apoderados especiales y firmadas por éstos por ante un Notario Público de la jurisdicción que ellos indiquen, en el acto contentivo del Poder. En dichas convenciones y estipulaciones, las partes otorgarán, de manera expresa, competencia a un Juez de Primera Instancia de la misma jurisdicción señalada por ellas en el poder, para conocer y fallar sobre el divorcio”.

Y sobre el divorcio al vapor para extranjeros en la República Dominicana el indicado instrumento legal se pronuncia de manera específica en los siguientes términos:

“PARRAFO V.— Los extranjeros que se encuentren en el país aun no siendo residentes, podrán divorciarse por Mutuo Consentimiento, siempre que, hallándose por lo menos uno de ellos presente en la audiencia, y el otro representado por apoderado especial, convengan de manera expresa en atribuir competencia a un Juez de Primera Instancia, en el acta de convenciones y estipulaciones levantada por un Notario Público de la misma jurisdicción del Tribunal por ellos señalado. Para el caso previsto en este Párrafo, no serán aplicables las disposiciones del Art. 27 de esta ley”.

Es preciso indicar que esta Ley Número 142, de fecha 4 de junio de 1971, que modifica la Ley Número 1306 bis, de Divorcio, de la República Dominicana contempla un proceso muy rápido para los extranjeros conseguir el divorcio así como para los dominicanos residentes en el extranjero. Los plazos previstos en esta se caracterizan por ser bastantes cortos. Tienen como finalidad poder poner al Tribunal en condiciones de emitir una sentencia de divorcio en menos de 9 días. Esto implica que desde el apoderamiento del Tribunal hasta la emisión de la sentencia su duración no puede ser mayor de 9 días.

Sobre las sentencias de divorcio por mutuo consentimiento la Jurisprudencia Dominicana ha fallado de la siguiente manera:

Las sentencias de divorcio por mutuo acuerdo son susceptibles de ser atacadas por vía de la casación, porque la Ley 1306-bis sobre Divorcio no prohíbe la interposición de dicho recurso; en consecuencia, no puede ser impugnada una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento por vía de la acción principal en nulidad. No. 12, Pr., Feb. 2004, B. J. 1119.

La Ley 1306-bis sobre Divorcio no impide que en el mismo acto de estipulaciones, en adición al inventario, pueda ser incluida la partición de los bienes, aunque los efectos jurídicos de la partición sólo se producirán luego del pronunciamiento del divorcio por el Oficial del Estado Civil. No. 39, Pr., Ene. 2007, B.J. 1154.

La Ley Número 174 de 1971, que requiere cambio de divisas, es aplicable a esta materia. Esta normativa le exige al Secretario del Tribunal que no expida copias de las sentencias de divorcio hasta tanto se le demuestre al mismo que las divisas empleadas para realizar el procedimiento de divorcio hayan sido depositadas en el Banco Central de la República Dominicana. En realidad lo que se hace en la práctica es una especie de cambio de divisas y se depositan los recibos para cumplir con esta formalidad.

Finalmente, a continuación citamos textualmente las normas contenidas en los Artículos 2 y 3 de la referida Ley Número 142, de fecha 4 de junio de 1971, que modifica la Ley Número 1306 bis, de Divorcio, de la República Dominicana, que establecen los plazos cortos en los cuales debe conocerse este divorcio al vapor para extranjeros en la República Dominicana y para dominicanos residentes en el extranjero, a saber:

Art. 2,—Se agrega un Párrafo I al Art. 30 de la Ley N 1306, Bis, de Divorcio, con el siguiente texto:

“PÁRRAFO I.—Para el caso previsto en el Párrafo V del Art 28 de esta Ley; el Juez autorizará la demanda fijándola dentro del termino de tres días para que los esposos comparezcan en juicios. Terminado la audiencia, el Tribunal ordenara la  comunicación al Ministerio Público, para que dictamine en el plazo de tres días franco, y el Juez pronunciará sentencia dentro de los 3 (tres) días siguientes”.

Art. 3.—Se agrega un Párrafo al Art. 31 de la misma ley con el siguiente texto:

“PARRAFO I.—En el caso previsto en el Párrafo V del Art. 28 de esta ley, una vez dictada la sentencia, se pronunciará el Divorcio por cualquier Oficial del Estado Civil de la jurisdicción del Tribunal que conoció del caso, mediante la presentación de una copia certificada de la sentencia, previamente transcrita en el Registro Civil, y el dispositivo de la misma se publicará en un periódico de circulación nacional”. 

lunes, 14 de abril de 2014

El Divorcio en la República Dominicana



Como algunas personas me han preguntado sobre las causas legales que pueden dar fundamentos a que una demanda en divorcio sea acogida por los Tribunales de la República Dominicana, comparto con ustedes esta información general que presenta los motivos o causales en los cuales puede basarse una demanda en divorcio así como el procedimiento que debe llevarse a cabo por ante nuestros Tribunales.

La Ley Número 1306-BIS de fecha 21 de mayo de 1937. G.O. Número 5034, modificada por la Ley Número 3932 del 20 de septiembre de 1954. G. O. Número 7749, regula el Divorcio en la República Dominicana.

La norma contenida en el Artículo 1 de dicha Ley sobre las causas de disolución del matrimonio establece que:

El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio.
Párrafo I.- Sin embargo, en armonía con las propiedades esenciales del matrimonio católico queda entendido que, por el propio hecho de celebrar matrimonio católico, los cónyuges renuncian a la facultad civil de pedir el divorcio, que por esto mismo no podrá ser aplicado por los Tribunales Civiles a los matrimonios canónicos.

Ahora bien, sobre las causales del divorcio nuestra legislación contempla varios motivos independientes cada uno que pueden ser tomados en cuenta por los Tribunales Civiles al momento de ponderar las demandas en divorcio y acoger o rechazar las mismas. La norma contenida en el Artículo 2 consagra que:

Las causas de divorcio son:
a) El mutuo consentimiento de los esposos.
b) La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, suficientes para motivar el divorcio, será apreciada por los jueces.
c) La ausencia decretada por el Tribunal de conformidad con las prescripciones contenidas en el Capítulo II del Título IV del libro primero del Código Civil.
d) El adulterio de cualquiera de los cónyuges.
e) La condenación de uno de los esposos a una pena criminal.
Párrafo.-. No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la sanción de crímenes políticos.
f) Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto del otro.
g) El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, siempre que no regrese a él en el término de dos años. Este plazo tendrá como punto de partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el hogar por el otro cónyuge.
h) La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o inmoderado de drogas estupefacientes.

En cuanto al procedimiento del divorcio por causa determinada, la indicada Ley Número 1306-BIS consagra en la norma contenida en su Artículo 3 que la acción de divorcio por causa determinada debe incoarse por ante el Tribunal o Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial en el cual resida el demandado, si éste tiene residencia conocida en la República Dominicana o por ante el mismo Tribunal de la residencia del demandante en caso contrario.

Para llevar el proceso de divorcio por causa determinada en la República Dominicana se requiere de la intervención de un abogado privado debido a que el mismo implica  al principio el apoderamiento del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Competente a través de las formalidades de una demanda. Asimismo, el conocimiento de la audiencia y la partición efectiva de las partes que interviene en el proceso de divorcio en torno a temas tan importantes como la guarda de los hijos, la división de los bienes, los recursos, entre otros, amerita del asesoramiento oportuno de un abogado en la República Dominicana.

También el proceso de divorcio por causa determinada en nuestro país implica una fase que puede ser considerada administrativa. Y es que luego de que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Competente emite su fallo o sentencia acogiendo la demanda de divorcio, es necesario realizar una publicación de esta además del pronunciamiento por ante la Oficialía del Estado Civil competente. Es bueno indicar que si no se realizan estos últimos dos trámites en los plazos exigidos por las normas contenidas en la Ley Número 1306-BIS de la República Dominicana será necesario iniciar el proceso de nuevo como si no se hubiera realizado.