sábado, 21 de enero de 2017

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


Para James Goldschmidt, citado por Carlos Arellano García en su obra “Derecho Procesal Civil”[1], los “recursos son los medios jurídicos procesales concedidos a las partes, a los afectados inmediatamente por una resolución judicial y a los intervinientes adhesivos para impugnar una resolución judicial que no es formalmente firme, ante un tribunal superior (efecto devolutivo), y que suspenden los efectos de cosa juzgada de la misma (efecto suspensivo)”.
De igual forma, para Hugo Alsina[2]se llaman recursos, los medios que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto”.
En fin, los recursos son los instrumentos procesales idóneos ofrecidos por el legislador a las partes para revisar las sentencias, por lo que gracias a estas herramientas las mismas pueden ser subsanadas.

LA FUNCIÓN CALIFICADORA DEL REGISTRADOR DE TÍTULOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA




Caracteres de la Función Calificadora

En Derecho hipotecario registral, de acuerdo con el doctrinario espanol Javier Gomez Galligo, es determinar si el acto o contrato (titulo en sentido formal como en sentido material), presentando el Registro de Propiedad, reúne o no los requisitos exigidos  por el ordenamiento jurídico para su validez  y para su eficacia frente a terceros, con la finalidad de que solo tengan acceso , y por tanto la protección del sistema, los títulos validos, perfectos.

El fin perseguido con la escrupulosa calificación, es evitar el ingreso a Registro de Títulos de documentos deficientes que puedan conspirar con el esfuerzo originario que se hizo con el saneamiento.

Otros autores españoles citan que calificar es decidir si el hecho del cual se solicite el asiento, llega al Registro con los requisitos exigidos para que sea registrable, es decir, se trata de determinar si, conforme a la ley, procede o no practicar el asiento calificado.

Para comprobar la legalidad de los documentos presentados a Registro son objeto de una depurada comprobación, particularmente minuciosa en los casos inmatriculación de fincas, no solo por el Registrador, sino a través de un proceso en el que intervienen topógrafos, propietarios colindantes, consejo de distrito, asesores jurídicos, entre otros.

viernes, 20 de enero de 2017

LAS CERTIFICACIONES DE LOS DERECHOS INMOBILIARIOS

Las certificaciones consisten en la copia fiel de la información de documentos originales relativos a un inmueble determinado. La procedencia de estos documentos es de la base de datos del registro, donde han sido sellados y firmados por el Registrador de Títulos competente.


Considerando lo enunciado en el Principio II de la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario, estas certificaciones son valederas en cuanto proceden de acuerdo al sistema de publicidad inmobiliaria de la República Dominicana que actúa bajo la base de los siguientes criterios:

Criterio de Especialidad: que consiste en la correcta determinación e individualización de sujetos, objetos y causas del derecho a registrar.

Criterio de Legalidad: que consta en la depuración previa del derecho a registrar.
·        
     Criterio de Legitimidad: que establece que el derecho registrado existe y que pertenece a su titular.

     Criterio de publicidad: que establece la presunción de exactitud del registro dotando de fe pública su constancia.

FUNCIONES DEL ABOGADO DEL ESTADO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


El Abogado del Estado actúa como Ministerio Público ante el Tribunal de Tierras cuando representa a la sociedad en los procedimientos penales o represivos que se llevan por ante la Jurisdicción Catastral. Toda violación a la Ley de Registro Inmobiliario que conlleve sanciones penales, requerirá de un procedimiento que deberá ser canalizado a través de la oficina del Abogado del Estado, que terminará con una sentencia sancionadora.

Posee las funciones de representación y defensa del Estado Dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez que ejerce las funciones de Ministerio Público ante esta Jurisdicción, lo que lo faculta para recibir las denuncias y querellas de particulares en los hechos punibles que tienen que ver con la propiedad inmobiliaria y participa en el proceso de revisión por causa de fraude.

EL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


INTRODUCCIÓN

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en el territorio nacional, y es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado, y se encarga de administrar la justicia ejerciendo un control concentrado de constitucionalidad.

El recurso constitucional lo ejerce el Tribunal Constitucional revisando aquellas decisiones emanadas de los tribunales, y que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en casos determinados y específicos que veremos en el desarrollo de este trabajo.

Al igual que los demás recursos que hemos tratado a lo largo de la materia, este no reviste menos importancia con relación a los demás, pero guardan en común salvaguardar los derechos de los particulares.

RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

    El Tribunal Constitucional ha establecido, mediante sentencia, que los recursos de revisión constitucional de una decisión jurisdiccional, es decir, dictada por los tribunales, procede “independientemente de la materia de que se trate”.

EL FALSO JURAMENTO O PERJURIO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


El perjurio o juramento falso puede ser concebido como el mentir bajo juramento, conducta la cual constituye un delito sancionado por el Código Penal con penas de diferentes rangos. En la actualidad, en la República Dominicana existen personas que por dinero u otros motivos presentan por ante los tribunales declaraciones que constituyen falsos testimonios.
El Código Penal Dominicano en la norma contenida en el Artículo 361, sobre el Perjurio establece textualmente lo siguiente:

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ABOGADO DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA


1.1 Origen

Se afirma que la figura del Abogado del Estado aparece por primera vez cuando se dictó la Ley de Terreno Comunero en 1911, aunque es importante destacar que posee antecedentes y es que el Abogado del Estado tiene sus orígenes anteriormente aunque no con el nombre que hoy se designa, pues como bien indica el autor Rafael Ciprián[1]: “nadie podrá establecer una fecha cierta del momento en que este funcionario público apareció en la historia judicial”, ahora bien, lo que si se puede afirmar es la necesidad que tiene el Estado por tener un representante que defienda sus intereses inmobiliarios, lo cual nace con la misma idea de Estado, pues como indicaba Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe, el Estado se compone de una nación, territorio y el gobierno.

El territorio es de interés para el Estado y como tal requiere ser representado, por tanto, y muy especialmente en el Feudalismo, a pesar de que la Iglesia Católica tenía mucho poder sobre la tierra con la idea de que Dios era el dueño de todos los terrenos y por tanto el Papa como máximo representante de la Iglesia podía ceder las tierras a quien consideraba la merecía, pero la Iglesia Católica no podía desconocer la figura del Rey en un Estado que se ha creado, y por tanto el Rey dominaba una buena parte de las tierras como representante del Estado.

Algunos autores han establecido que en República Dominicana, se instaura por primera vez la figura del Fiscal ante el Tribunal de Tierras con la Ley de Terreno Comunero en 1911, lo cual es el comienzo de lo que hoy se llama Abogado del Estado.

LA MENSURA DE INMUEBLES EN LA REPUBLICA DOMINICANA



La Mensura Catastral

La mensura catastral es imprescindible para el proceso de saneamiento catastral. Sin la primera no se puede realizar el Segundo. De esta forma, es importante conocer de forma clara, en qué consiste la mensura catastral para poder entender de manera correcta el registro de la propiedad inmobiliaria en nuestro país conforme el Sistema Torrens.

Como en los primeros años de la puesta en vigencia del Sistema Torrens en la República Dominicana no existía un catastro nacional organizado, fue necesario mensurar todas las tierras del territorio nacional, como asunto previo al saneamiento catastral y registro de los derechos inmobiliarios.

Sin embargo, es preciso indicar que hoy en día ni está organizado el catastro, que consiste en el censo de las fincas y las demás propiedades inmobiliarias, ni está mensurada todas las tierras. Aunque no se puede negar el avance considerable que se va realizando en este tema.

La norma contenida en el Artículo 25 de la Ley de Registro Inmobiliario, nos da una definición de mensura cuando dice que:

ARTICULO 25.- Mensura. Es el procedimiento técnico por el cual se individualiza, ubica y determina el terreno sobre el que se reclama el derecho de propiedad a registrar.

jueves, 19 de enero de 2017

PENTHOUSE AMUEBLADO EN VENTA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS










 Datos del Inmueble:

Santiago de los Caballeros, Santiago
Número de Habitaciones: 6
Construcción: 342 m²
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martes, 17 de enero de 2017

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA INMOBILIARIA


Los recursos en sentido general, son las vías reglamentarias que tiene una persona que esté interesada en atacar una sentencia emanada de un tribunal, con el objetivo de que esa decisión contenida en la misma sea retractada o reformada.

En el presente trabajo se desarrollan los recursos administrativos, explicando su concepto, fundamento y demás puntos relevantes y de interés sobre el tema, y la importancia de la cual se revisten, porque son medios de defensa que el legislador ha puesto para remediar situaciones administrativas que se presentan con frecuencia.
           
Realizaremos un análisis general de cómo, cuando y de qué forma podemos hacer uso de la interposición de un recurso administrativo, con el objetivo de revocar una decisión contenida en un acto administrativo.

En el primer recurso veremos el de reconsideración, que se presenta ante el mismo órgano que dictó la sentencia o resolución. Un segundo recurso es el jerárquico, que se interpondrá ante el órgano inmediatamente superior, y el tercero y último, lo constituye el recurso jurisdiccional, que se interpone al pleno del Tribunal Superior de Tierras competente.

Algunos recursos, se someten y resuelven ante el mismo tribunal que dictó la sentencia objeto, y cuando no pueda resolverse por esta vía, se abren otras opciones como son la interposición de un recurso jerárquico o uno jurisdiccional, de acuerdo al caso, pero todos enfocados a un mismo objetivo, el de remediar problemas jurídicos ocasionados a litigantes o partes en un proceso.

LA ACCIÓN EN JUSTICIA


Al hablar sobre el tema de la acción en justicia lo primero que haremos es definir qué se entiende por dicho concepto. Veremos que la acción en justicia puede ser concebida como un derecho o poder a través del cual se reclama otro derecho, el primer derecho, es decir, la acción en justicia es conceptualizada por algunos autores como un derecho procesal mediante el cual se reclama otro derecho subjetivo.

Concepto

Dando una definición sencilla del concepto acción el autor Salvado Jorge Blanco nos dice que la misma se ha entendido como el derecho de exigir en Justicia lo que nos pertenece o nos es debido por otra persona[1].

La palabra acción proviene del latín actio, que significa movimiento, actividad o acusación, dicho vocablo tiene un carácter procesal. La acción procesal es concebida como el poder jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses jurídicos[2].

La acción en justicia puede ser definida como el derecho o poder que tiene toda persona de acudir por ante los Tribunales de la República, establecidos por el Estado, con la finalidad de que un Juez le tutele un derecho que le ha sido vulnerado o le reconozca un derecho que ha adquirido.

domingo, 15 de enero de 2017

¿TIENE EL RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS RANGO CONSTITUCIONAL?





En este artículo se aborda si el recurso de apelación en materia de tierras tiene o no rango constitucional a la luz de las normas contenidas en los Artículos 159, numeral 1, 149, Párrafo III y 69 numeral 9, de la Constitución Dominicana, y conforme la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto De San José de Costa Rica.

Para abordar el tema de si el recurso de apelación en materia de tierras tiene o no rango constitucional conforme las normas contenidas en los instrumentos legales citados en el título o tema de esta investigación, se hace necesario indicar y conocer las referidas normas.

En este sentido, la Constitución de la República Dominicana establece en las normas contenidas en los Artículos 159, numeral 1, 149, Párrafo III y 69 numeral 9, textualmente lo siguiente:

Artículo 159.- Atribuciones. Son atribuciones de las Cortes de Apelación:
1) Conocer de las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley.

Artículo 149.-

Párrafo III.- Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia.

De su lado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto De San José de Costa Rica en la norma contenida en el Artículo 8, numeral 2, literal h, consagra que:

Artículo 8. Garantías Judiciales

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

EL RECURSO DE LA TERCERÍA INMOBILIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA




Introducción

El presente trabajo versará sobre el recurso de tercería. Para poder analizarlo de forma adecuada, se presentará el estudio del mismo bajo la siguiente división general, a saber: 1.- El Recurso de Tercería en el Derecho Común y 2.- El Recurso de Tercería en la Jurisdicción Inmobiliaria. La primera parte del trabajo se subdividirá en diferentes tópicos que detallaremos más abajo. Asimismo, en la segunda parte se analizará la postura de los doctrinarios que establecen que en materia inmobiliaria, a la luz de la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario, el recurso de tercería es inaplicable (2.1), y los doctrinarios que afirman que en materia inmobiliaria, según la referida Ley 108-05, el recurso de tercería es aplicable (2.2).

La Doctrina es unánime al conceptualizar el recurso de tercería como un recurso extraordinario que pueden incoar los terceros cuando son afectados o están amenazados de un perjuicio o daño en ocasión de la ejecución de una sentencia emitida en un proceso en el cual ellos no ha sido parte ni hayan sido representados. Como se verá en el desarrollo del presente trabajo, este criterio se extiende hasta cuando una persona fue representada en un proceso, pero con fraude a sus derechos, según manifiesta el destacado jurista Artagnan Pérez Méndez.

    Se bordará el fundamento legal del recurso de tercería y sus implicaciones, el cual está previsto en la norma contenida en el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil que establece que: “Una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia, en la que ni ella ni las personas que ella represente, hayan sido citadas, puede deducir tercería contra dicha sentencia”. Esta norma tiene una especial trascendencia frente al principio de la relatividad de la cosa juzgada y a la tutela judicial efectiva que consagra nuestra Constitución en la norma prevista en el Artículo 69.

    De igual forma, se tratará la utilidad del recurso extraordinario de tercería. Veremos en cuáles casos un tercero que no ha sido parte de un proceso ni ha estado representado puede hacer uso de recurso este recurso para defenderse y aún más atacar una sentencia que le perjudica y le es opuesta por otra persona.

Por otro lado, se analizarán los requisitos necesarios para interponer el recurso de tercería que se deducen de la citada norma contenida en el Artículo 474 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. En este mismo orden de ideas, se indicará el plazo y la forma en cómo puede ser interpuesto este recurso así como las consecuencias que la Doctrina ha deducido de estas modalidades de interposición de este importante recurso, hasta tal punto, que de las mismas dependerá la determinar de la competencia de la jurisdicción que debe conocerlo.

Asimismo, serán objeto de estudio, las sentencias contra las cuales se puede interponer el recurso de tercería cuando se reúnen las condiciones contenidas o deducida del referido Artículo 474 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Se precisará en contra de cuáles sentencias no se puede interponer el recurso de tercería y cómo se haría para atacar la decisión que afecta al tercero perjudicado por un fallo que reúne las condiciones para ser impugnado mediante esta vía recursiva. También en esta primera parte del trabajo, se tratarán las vías para recurrir la sentencia que decide el recurso de tercería y los efectos de la sentencia emitida en ocasión de este recurso.

EL CONCUBINATO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA



     El Concubinato en la República Dominicana siempre ha sido una realidad social que ha ameritado de soluciones jurídicas con la finalidad no solo de proteger a los convivientes sino a la misma familia. Este es uno de los temas en los cuales la Jurisprudencia Dominicana ha realizado importantes aportes en los últimos años y la Doctrina, no obstante a que ha sido tímida al abordarlo, en cuanto a colaboración, no se ha quedado atrás como veremos en el curso del presente trabajo.

Como establece el Magistrado Monción en su importante obra titulada “La Litis, Los Incidentes y la Demanda en Referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria, Formularios y Jurisprudencias”, el concubinato no es más que una unión de hecho entre un hombre y una mujer, mediante la cual estos conviven sin estar casados legalmente, lo que implica que no existe un vínculo matrimonial formalmente establecido.
 
Hoy en día, jurídicamente hablando es indiscutible que una unión de hecho para ser caracterizada como concubinato y producir los efectos jurídicos del mismo debe reunir determinados caracteres. Estos criterios se han ido afinando a partir de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, a través de la decisión de fecha 17 de octubre del 2001, la cual fijó las características que constituyen el concubinato, dentro de las cuales se citan las siguientes:

A) La convivencia, una relación pública y notoria, la cual debe estar excluida de relaciones ocultas y secretas; B) La Ausencia de formalidad legal en la unión; C) La estabilidad, apariencia de matrimonio; D) La permanencia, constancia, duradera; y E) La singularidad, que consiste en la unión de dos personas de distintos sexos.

martes, 3 de enero de 2017

PROTECCION QUE OTORGA EL CERTIFICADO DE TÍTULO EN LA PROPIEDAD INMOBILIARIA


Es común ver en los medios de comunicación, en los tribunales y en otros escenarios que muchas personas plantean que luego de construir sus viviendas y habitar en ellas, en ocasiones hasta por décadas, aparecen otros ciudadanos que llevan procesos de desalojo en contra de las primeras pretendiendo despojarlas de su derecho de propiedad. Esto sucede comúnmente por la poca importancia que de forma errónea las personas les dan al Certificado de Título que avala el registro de sus inmuebles y los protege.

Recientemente se vio cómo en la ciudad de Santo Domingo surgió un escándalo mayúsculo cuando una entidad perteneciente al Estado supuestamente le vendió a una compañía privada unos terrenos en donde se encuentra ubicado un sector populoso de esa ciudad, cuyos habitantes dicen que tienen años en esa propiedad. La situación transcendió a los medios debido a que luego de la referida operación de comercio, la empresa compradora, para obtener beneficios de su operación, procedió a intimar a los habitantes de ese sector indicándoles que debían acercarse a la misma y comprarle la parte que cada uno ocupaba.

LA IMPORTANCIA DE CONFIRMAR QUE SU COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ VIGENTE ANTES DE COMPRAR SU PÓLIZA, POR YUNIOR DURÁN


Hace unos días estuve en la ciudad de Santo Domingo resolviendo algunos asuntos relacionados con mi oficio de gestiones legales. Entre estas actuaciones estaban la solicitud de tres certificaciones de vigencia de pólizas por ante la Superintendencia Seguros. Al llegar a dicha oficina y solicitar información en el departamento correspondiente una joven me dirigió a la segunda planta.

En dicho departamento le expresé a la funcionaria que me atendía el motivo de mi visita, quien procedió a gestionar solamente dos de mis solicitudes, ya que la que correspondía a la tercera compañía aseguradora no podía ser gestionada por ese departamento. Esta situación me sorprendió. Le pregunté porque no podía atenderme y simplemente me refirió la segunda planta de dicho edificio.