Los tribunales dominicanos son competentes para conocer la demanda en divorcio
entre cónyuges dominicanos, aunque estos residan en el extranjero. Según la parte
final del artículo 3 del Código Civil, las leyes que se refieren al estado y la
capacidad de las personas obligan a todos los dominicanos, aunque residan en país extranjero.
Al tener el citado artículo 3 un efecto extraterritorial,
pues sigue a nuestros nacionales donde quiera que se encuentren, un juez
extranjero puede, asimismo, aplicar en su jurisdicción nuestro ordenamiento jurídico
al divorcio entre cónyuges dominicanos. SCJ,
1.a Sala, 22 de febrero de 2012, núm. 155, B.J. 1215.
En materia de divorcio, la opinión del fiscal es facultativa de las partes
y del juez. Sin embargo, la opinión es obligatoria tanto para las partes como para
el juez cuando se ventila la guarda de menores, conforme al artículo 85 de la
Ley 136-03. SCJ., 1.a Sala, 7 de septiembre
de 2011, núm. 2, B.J. 1210.
La comunicación al ministerio público es obligatoria en materia de guarda,
por mandato del artículo 85 de la Ley 136-03, que dispone que en "todo procedimiento
de guarda se requiere la opinión previa del Ministerio Público", sin exceptuar
si es conocida incidentalmente en el curso de un proceso de divorcio o ante la jurisdicción
de Niños, Niñas y Adolescentes. SCJ., 1.aSala,
7de septiembre de 2011, núm. 2, B. J. 1210.
La comunidad legal de bienes existente entre los esposos no se disuelve
durante el procedimiento de divorcio, sino a partir de su pronunciamiento. SCJ, Cámaras Reunidas, 30 de abril de 2003,
núm. 12, B.J. 1109, pp. 109-116; l.a Sala, 17 de julio de 2013, núm. 77, B. J. 1232;
19 de septiembre de 2012, núm. 61, B. J. 1222; 27 de junio de 2012,
núm. 86, B. J. 1219.
En los divorcios por mutuo consentimiento en que la ley exige convenir anticipadamente
una serie de estipulaciones, que comprende un inventario de los bienes comunes, los efectos jurídicos de
esa partición no pueden producirse sino a
partir de la disolución real y efectiva del vínculo matrimonial, que tiene lugar cuando se pronuncia el divorcio ante el Oficial del Estado Civil correspondiente.
SCJ, 1.a Cám., 24 de enero de 2007, núm.
39, B.J. 1154, pp. 343-355.
No se puede producir la disolución de la comunidad de bienes entre los esposos
antes de efectuarse el divorcio. El acto de partición suscrito antes del divorcio
es inválido, en razón de que el matrimonio es una institución de orden público que
no puede dejar de surtir sus efectos a menos que sea disuelto por un tribunal y
sean agotados los procedimientos fijados por la ley. SCJ, 1.a Sala, 1 de febrero de 2012, núm. 31, B.J. 1215.
Según el principio de la territorialidad de las leyes, la demanda en divorcio
por incompatibilidad de caracteres incoada ante los tribunales dominicanos debe
regirse por la ley dominicana en lo concerniente a las normas de procedimiento y
a las medidas provisionales. No procede, por tanto, la aplicación de una ley extranjera
respecto al otorgamiento de una pensión alimenticia a la esposa. SCJ, 1.aSala, 17de octubre de 2012, núm. 58,
B. J. 1223.
El procedimiento establecido por la ley de divorcio, incluyendo el requisito
de notificación a persona del emplazamiento, es de orden público. SCJ 1.a Sala, 8 de febrero de 2012, núm. 78,
B. J. 1215, 1.a Cám., 8 de mayo de 2002, núm. 4, B. J. 1098, pp. 87-91. Toda
la materia de familia y de divorcio es de orden público. SCJ 1.a Sala, 11 de septiembre de 2013, núm.27, B.J 1234.
El requisito establecido en el artículo 4 de la Ley de Divorcio de que
el demandante deberá notificar al demandado con el emplazamiento los documentos
en que justificará la demanda no está prescrito a pena de nulidad. Es norma de nuestro
derecho que ningún acto de alguacil o de procedimiento se podrá declarar nulo si
la nulidad no está formalmente prescrita por ley. SCJ, 1.a Sala, 7 de marzo de 2012, núm. 3, B. J. 1216; SCJ, 8 de febrero
de 2012, núm. 67, B. J. 1215.
Es nulo
en emplazamiento de divorcio notificado en una dirección distinta al domicilio de
la demandada, lo que leha impedido a esta comparecer. SCJ, 1.a Sala, 14 de marzo de 2012, núm. 66, B. J. 1216.
