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El Juez Justiniano Montero, miembro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, ha cuestionado el abuso de solicitud de inhibición de jueces en el país.
En un dictamen emitido por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), Montero señala que el exceso de inhibición de jueces tiene efectos negativos en la celeridad de los procesos y puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial.
En sus conclusiones, el magistrado Montero asegura que la dimensión ética de las inhibiciones injustificadas de los jueces tiene efectos negativos en la tramitación y celeridad de los procesos. “Un abuso de las abstenciones puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial”, explica el magistrado en su dictamen.
El juez Montero sostiene en su dictamen que el abuso del derecho a la inhibición puede afectar el curso adecuado de la administración de justicia cuando atenta contra el principio de celeridad procesal, cuestión que los integrantes de la judicatura deben sopesar, particularmente cuando se aleguen causas que no se correspondan con las reguladas por el ordenamiento de cada país.
En sus recomendaciones, el también comisionado nacional ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, señala que los sistemas de justicia deben adoptar medidas sobre el abuso de la inhibición por los integrantes de la judicatura, con enfoque ético, cuando atenta contra la efectividad administrativa, la legitimidad de los sistemas y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
El juez Montero no es el único que ha cuestionado el abuso de solicitud de inhibición de jueces en la República Dominicana.
En un artículo publicado en el periódico Hoy, el abogado y profesor universitario Juan Manuel Pellerano afirma que “la inhibición de los jueces se ha convertido en una herramienta de presión y chantaje en el ejercicio de la función jurisdiccional”.
El abuso de solicitud de inhibición de jueces no solo afecta la celeridad de los procesos, sino que también puede tener un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
Los ciudadanos esperan que los jueces actúen con imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones, y el abuso de solicitud de inhibición puede socavar esta confianza.
En conclusión, el cuestionamiento del juez Justiniano Montero sobre el abuso de solicitud de inhibición de jueces en la República Dominicana es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de adoptar medidas éticas para evitar el exceso de inhibición de jueces y garantizar la celeridad de los procesos.
Los sistemas de justicia deben establecer políticas claras sobre el uso de la inhibición y seguir los procedimientos adecuados al momento de solicitarla.
Además, es importante que los ciudadanos confíen en el sistema de justicia y en la imparcialidad de los jueces para garantizar la efectividad administrativa y la legitimidad de los sistemas.
