La desconfianza del pueblo dominicano en el sistema de justicia se debe a múltiples factores estructurales, institucionales y culturales que han afectado la legitimidad y eficacia de la administración judicial en el país:
Ineficiencia y retrasos judiciales: La justicia dominicana ha enfrentado problemas crónicos de mora judicial, con acumulación excesiva de casos pendientes y procesos lentos que impiden la resolución ágil de los conflictos.
Por ejemplo, en la década de 1990 la Suprema Corte tenía entre 15,000 y 20,000 casos pendientes, resolviendo muy pocos al mes, y en tribunales inferiores solo se fallaba un porcentaje reducido de casos, lo que generaba duplicación constante de la carga procesal.
Esta lentitud afecta la percepción de justicia y genera desconfianza.
Falta de independencia y probidad: Se ha denunciado influencia indebida de poderes políticos y privados en la selección y actuación de jueces y magistrados, lo que compromete la imparcialidad judicial.
Casos de enjuiciamiento selectivo, desestimación injustificada de casos, y corrupción dentro del sistema judicial han sido reportados, erosionando la confianza ciudadana.
Percepción de deshonestidad y crisis de legitimidad: Estudios y reportes internacionales muestran que la confianza en el Poder Judicial dominicano cayó del 52% en 2004 a un 21% en 2018, por debajo del promedio regional.
Esto refleja una percepción generalizada de deshonestidad y falta de ética judicial, que la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha señalado como una crisis que requiere compromiso ético y excelencia de los jueces.
Acceso limitado y desigualdad en la justicia: La justicia penal se percibe como inaccesible para muchos, especialmente para sectores vulnerables.
El alto costo de abogados privados, la ineficacia de la defensa pública, y la práctica de que muchos detenidos permanecen en prisión preventiva prolongada sin resolución judicial, contribuyen a la sensación de indefensión y desigualdad ante la ley.
Cultura política y debilidad institucional: La desconfianza en la justicia también está vinculada a una cultura política caudillista y a instituciones con capacidad limitada para responder eficazmente a las demandas ciudadanas, lo que afecta la gobernabilidad y la legitimidad del sistema judicial.
En conjunto, estos factores generan una percepción ciudadana de que la justicia dominicana es lenta, influenciable, desigual y poco ética, lo que explica la persistente desconfianza del pueblo en su sistema judicial.
Sin embargo, existen esfuerzos para revertir esta situación mediante reformas, mayor transparencia y fortalecimiento institucional.
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