lunes, 8 de diciembre de 2025

La Desconfianza de la Población Dominicana en los Procesos Penales contra la Corrupción


La corrupción es uno de los problemas más persistentes y debatidos en la República Dominicana. 


Aunque en las últimas décadas se han impulsado iniciativas para mejorar la transparencia y fortalecer la persecución penal, una parte significativa de la población continúa percibiendo estos procesos con escepticismo. 


La desconfianza no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores históricos, institucionales y sociales que han moldeado la relación entre ciudadanía, sistema judicial y clase política. 


Este artículo explora las raíces de esa desconfianza, sus manifestaciones actuales y los desafíos que plantea para la construcción de un Estado más confiable y eficiente.


Una historia marcada por la impunidad


Para entender la desconfianza actual, hay que mirar atrás. Durante décadas, la República Dominicana ha experimentado múltiples escándalos de corrupción que rara vez han culminado en condenas firmes. La percepción de impunidad ha sido alimentada por:


Procesos que nunca llegan a juicio


Investigaciones que se anuncian con gran impacto mediático, pero que terminan archivadas o durmiendo en los tribunales, generan la sensación de que las autoridades actúan más por presión social que por verdadera voluntad.


Acuerdo políticos y clientelismo


La tradición de pactos entre élites políticas y económicas ha fortalecido la percepción de que ciertos actores “nunca caen”, sin importar la gravedad de las acusaciones.


Sistemas de control débiles


Durante mucho tiempo, la falta de órganos de control independientes ha permitido que varias instituciones evadan la fiscalización efectiva.


Estos elementos históricos han creado un marco mental en la ciudadanía: el convencimiento de que los acusados por corrupción cuentan con ventajas, protecciones y mecanismos para evitar consecuencias reales.


La percepción actual: avances insuficientes


En los últimos años, el país ha sido testigo de múltiples casos de alto perfil, procesos judiciales extensos y un Ministerio Público que ha buscado mostrar mayor independencia. 


Sin embargo, pese a estos esfuerzos, una fracción importante de la población sigue desconfiando. ¿Por qué?


1. Procesos excesivamente largos


Muchos casos de corrupción tardan años en llegar a un fallo definitivo. Para la ciudadanía, estos plazos prolongados generan la impresión de que el sistema está diseñado para que el tiempo juegue a favor de los imputados. 


La lentitud se interpreta como una táctica deliberada que desgasta el interés público y debilita las posibilidades de una condena.


2. Complejidad procesal e incomprensión pública


Los casos de corrupción suelen involucrar cientos de documentos, informes periciales, movimientos financieros y estructuras complejas. 


Para el ciudadano común, este tipo de procesos se percibe como una maraña legal que favorece a quienes tienen recursos para contratar equipos especializados de defensa. 


La falta de comunicación clara de parte de las autoridades solo aumenta la confusión y alimenta la sospecha.


3. Selectividad percibida


Aunque actualmente se ven más acusaciones que en el pasado, muchos dominicanos consideran que los procesos son selectivos. Se cree que:


  • se persigue a quienes no tienen poder político en el momento,

  • se favorece a aliados,

  • se actúa por motivaciones electorales,

  • o se utiliza la justicia como herramienta de presión.

Esta percepción erosiona cualquier avance real.


4. Sospechas sobre la independencia judicial


Aunque el Ministerio Público ha intentado mostrarse independiente, sectores de la población consideran que todavía existen vínculos entre el sistema judicial y los poderes político y económico. 


El simple rumor de que “todo se negocia” basta para debilitar la confianza en las investigaciones.


El papel de los medios y las redes sociales


Los medios tradicionales y las redes sociales tienen un papel clave en la construcción de la percepción pública. Con frecuencia:


  • se amplifican acusaciones sin contexto,

  • se difunden teorías conspirativas,

  • se promueve sensacionalismo,

  • y se polariza la opinión pública.


Las redes sociales, en particular, se han convertido en un espacio donde los procesos judiciales son “juzgados” antes de que se presenten pruebas. 


Esta dinámica genera ruido informativo y contribuye al escepticismo generalizado.


El impacto emocional: cansancio y desesperanza


Más allá de los elementos técnicos y estructurales, existe un componente emocional profundo. La población dominicana está cansada. 


Cada nuevo escándalo confirma la idea de que “nada cambia”. La corrupción afecta la calidad de vida, desde la educación y la salud hasta la seguridad y el transporte. 


Cuando un ciudadano siente que los recursos que paga en impuestos no se usan correctamente, la frustración se transforma en una desconfianza sistémica.


Este desgaste emocional provoca que incluso cuando se presentan avances reales, la ciudadanía los reciba con reservas, como si se tratase de promesas que ya han escuchado muchas veces sin resultados.


La importancia de la transparencia y la comunicación


Una de las principales quejas es la falta de información clara y accesible sobre el estado de los casos. La transparencia no solo se logra con documentos públicos, sino también con:


  • explicaciones claras,

  • comunicación periódica,

  • lenguaje comprensible,

  • y pedagogía jurídica.


Mientras los dominicanos no comprendan lo que está ocurriendo en cada etapa de un proceso, seguirán sintiendo que “algo se esconde”.


¿Qué se necesita para recuperar la confianza?


Reconstruir la confianza es un proceso largo y complejo, pero no imposible. Algunas medidas clave incluyen:


1. Independencia institucional real y verificable


No basta con proclamar independencia; debe percibirse y demostrarse con acciones coherentes.


2. Celeridad sin sacrificar el debido proceso


La justicia tardía es, para muchos, justicia negada. Acelerar los procesos con más tecnología, más personal capacitado y mejores herramientas investigativas es esencial.


3. Transparencia radical


La población debe tener acceso claro y oportuno a la información. La comunicación institucional debe mejorar.


4. Educación ciudadana


La alfabetización jurídica básica ayudaría a la población a entender mejor los procesos y disminuiría la percepción de manipulación.


5. Continuidad y coherencia


Un sistema que persigue la corrupción de manera consistente, sin importar colores políticos, genera credibilidad a largo plazo.


Conclusión


La desconfianza de la población dominicana hacia los procesos penales que persiguen la corrupción no surge de la nada. 


Es el resultado de décadas de impunidad, desigualdad, falta de transparencia y uso político del sistema judicial. 


Aunque existen avances importantes, estos todavía no han sido suficientes para revertir la percepción colectiva.


La ciudadanía dominicana desea un sistema que funcione, que no seleccione a quién perseguir, que actúe con firmeza y que esté blindado contra presiones externas. 


La reconstrucción de la confianza requiere tiempo, voluntad política, reformas profundas y un compromiso serio con la transparencia.


Mientras ese cambio no sea palpable, la desconfianza seguirá siendo una constante en la vida democrática del país.

martes, 2 de diciembre de 2025

RD rompe récord con más de 10.2 millones de turistas en 11 meses, pero estos ingresos solo benefician a unas cuantas familias


La República Dominicana se ha despertado una vez más con titulares que parecen sacados de un sueño de prosperidad infinita. El Ministerio de Turismo (Mitur) ha anunciado con bombos y platillos que el país ha pulverizado sus propias marcas: 10,202,573 visitantes en los primeros 11 meses del año. 


Las cifras son mareantes y consolidan a la media isla como el gigante indiscutible del turismo en el Caribe. Sin embargo, detrás del brillo de las estadísticas, los cocteles de bienvenida y las fotos paradisíacas en Instagram, se esconde una realidad económica mucho más sobria y desigual.


Mientras el Gobierno celebra el auge como un triunfo nacional, una mirada más profunda a la estructura financiera del sector revela que la "lluvia de dólares" no está mojando a todos por igual. 


De hecho, el diseño actual del modelo turístico dominicano garantiza que el grueso de la riqueza generada termine en las bóvedas de un grupo selecto de apellidos tradicionales y corporaciones transnacionales, dejando al pueblo llano con las migajas de la fiesta.




La Euforia de las Cifras Macroeconómicas


Es innegable que la maquinaria turística dominicana es eficiente. Según los datos oficiales presentados, solo en noviembre el país recibió 862,214 visitantes. De los más de 10 millones acumulados en el año, 7.4 millones llegaron por vía aérea y 2.7 millones a través de cruceros.


Este flujo masivo de personas representa, en teoría, una inyección vital de divisas extranjeras, estabilidad para la tasa de cambio y una contribución significativa al Producto Interno Bruto (PIB). El turismo se vende como la "locomotora" de la economía dominicana. Y macroeconómicamente, lo es. 


Mantiene las reservas internacionales altas y proyecta una imagen de estabilidad ante los mercados globales y las calificadoras de riesgo.


No obstante, el PIB no mide el bienestar de las familias, sino la producción total. Y es aquí donde la narrativa del éxito comienza a fracturarse.

 

El dato incómodo: A pesar de años de crecimiento turístico récord, los salarios reales en el sector turismo se mantienen entre los más bajos de la economía formal dominicana.

 



¿Quiénes son los Dueños del Paraíso?


Para entender por qué la riqueza no se distribuye, hay que mirar quién es dueño de la infraestructura. El turismo en República Dominicana no es un negocio de pequeños emprendedores; es un juego de monopolios y oligopolios.


Los Aeropuertos: La puerta de entrada al país está privatizada. La gran mayoría de esos 7.4 millones de turistas aéreos aterrizaron en terminales gestionadas por concesionarias privadas que pertenecen a grupos empresariales locales de inmenso poder, o a consorcios extranjeros. Las tasas aeroportuarias, unas de las más altas de la región, van directamente a estas cuentas, no al presupuesto público general.


La Hotelería y el "Todo Incluido": El modelo predominante es el All-Inclusive. Este sistema está diseñado para capturar el gasto del turista dentro del recinto hotelero. El dinero del visitante se paga a menudo en origen (a touroperadores internacionales) o se gasta dentro de hoteles que pertenecen a cadenas españolas, norteamericanas o a las grandes familias de la élite dominicana (los Vicini, los Rainieri, entre otros). El turista del "todo incluido" rara vez sale a consumir en el restaurante local, a comprar artesanía al pequeño comerciante o a utilizar transporte público.


Los Incentivos Fiscales (CONFOTUR): Quizás el punto más crítico es la Ley 158-01. Bajo el pretexto de fomentar la inversión, el Estado dominicano otorga exenciones fiscales masivas a estos grandes desarrolladores. Hoteles de lujo se construyen sin pagar impuestos de importación, sin pagar impuestos sobre la renta por periodos de 15 años y sin pagar impuestos inmobiliarios.


El resultado es perverso: El Estado deja de percibir miles de millones en impuestos para "ayudar" a familias multimillonarias a construir negocios que luego generan ganancias que, en gran parte, se fugan a cuentas en el extranjero o se reinvierten en el mismo círculo cerrado.




La Realidad del Trabajador Turístico


Si los dueños del capital se llevan la tajada del león, ¿qué queda para el trabajador? La respuesta es: supervivencia.


Visitar zonas como Verón, Friusa o los barrios periféricos de Puerto Plata es un choque de realidad. A escasos kilómetros de resorts donde la noche cuesta 500 dólares, los empleados que limpian esas habitaciones, cocinan los banquetes y sirven los tragos viven en condiciones de hacinamiento, a menudo sin agua potable constante, sin alcantarillado y con servicios de salud precarios.


Salarios de miseria: El sueldo mínimo en el sector turístico, aunque revisado periódicamente, apenas cubre una fracción de la canasta básica familiar, cuyo costo ha sido inflado precisamente por la presión del turismo.


La trampa de la propina: El sistema laboral del sector se apoya excesivamente en la propina (el 10% de ley) para complementar salarios base irrisorios. Esto traslada la responsabilidad del salario del empresario al cliente, creando una inestabilidad financiera constante para el empleado.


Mientras el país celebra 10.2 millones de turistas, el camarero que los atiende no puede permitirse unas vacaciones en su propio país.




El Costo Oculto: Gentrificación y Recursos


El éxito turístico tiene otro efecto secundario que golpea a la clase media y baja: la inflación inmobiliaria y de servicios.


La demanda turística, especialmente con el auge de los alquileres a corto plazo (tipo Airbnb), ha disparado el costo de la vivienda en zonas costeras y en la capital. Familias dominicanas están siendo desplazadas de sus barrios porque ya no pueden competir con los precios en dólares que pagan los extranjeros.


Además, el consumo de recursos naturales es desproporcionado. Un turista en un resort consume, en promedio, tres a cuatro veces más agua y electricidad que un residente local. En un país donde los apagones y la escasez de agua son el pan de cada día para la población, ver cómo estos recursos se garantizan prioritariamente a los enclaves hoteleros genera un resentimiento social latente.


Conclusión: ¿Un Récord para Quién?


Llegar a los 10.2 millones de turistas es, técnicamente, una hazaña logística y de marketing digna de aplauso. El ministro David Collado y el gabinete de turismo han hecho su trabajo: traer gente. Pero el Gobierno en su conjunto ha fallado en la tarea más importante: gestionar el éxito.


El crecimiento económico sin desarrollo social no es un milagro, es una burbuja. Mientras el modelo siga basado en exenciones fiscales para los ricos, salarios bajos para la clase trabajadora y un modelo de "enclave" que aísla los dólares de la economía local real, los récords seguirán rompiéndose año tras año, pero la brecha entre las "cuantas familias" que poseen el país y los millones que trabajan en él se hará insalvable.


La República Dominicana no necesita solo más turistas; necesita un nuevo pacto social turístico donde el paraíso sea rentable no solo para el que invierte el capital, sino también para el que invierte su vida y su sudor en mantenerlo funcionando. Hasta entonces, los 10.2 millones serán solo un número bonito en una hoja de Excel, muy lejos de la mesa de las familias dominicanas.

viernes, 7 de noviembre de 2025

Elaboración de Testamentos al 849-265-0004 en Santiago de los Caballeros


¿Ha pensado quién se encargará de su patrimonio y de sus seres queridos cuando usted ya no esté?


En Abogados Siglo 21 comprendemos la importancia de tener una última voluntad clara y legalmente protegida


La elaboración de un testamento es un acto de responsabilidad y amor que garantiza la tranquilidad de su familia.


⭐ Nuestros Servicios Incluyen:


  • Asesoría Personalizada: Le explicamos los tipos de testamento (Auténtico, Místico, Ológrafo) y cuál se adapta mejor a su situación y a la Ley Dominicana.

  • Redacción Legal Rigurosa: Aseguramos que su documento cumpla con todos los requisitos del Código Civil para evitar conflictos y nulidades futuras.

  • Protección de sus Bienes: Disposición clara de sus bienes, derechos y obligaciones, respetando la porción reservada a los herederos legítimos.

 

¡No deje el futuro de su familia al azar! Un testamento bien elaborado es el mejor regalo de paz que puede dejar.


📞 Contáctenos Hoy Mismo:


Para una consulta profesional sobre la Elaboración de Testamentos en Santiago de los Caballeros, llame al: 1-849-265-0004.


Abogados Siglo 21: Su socio legal para un legado seguro.

✅ ¡Garantice su Inversión Inmobiliaria con Abogados Siglo 21! 🏢 Traspaso de Inmuebles sin Riesgos en Santiago de los Caballeros al 1-849-265-0004


Comprar o vender una propiedad es una de las decisiones financieras más importantes. En Abogados Siglo 21, nos especializamos en asegurar que el proceso de traspaso de su inmueble sea rápido, seguro y 100% legal.


🛡️ ¿Por qué Necesita Asesoría Legal?


El traspaso de un inmueble en República Dominicana (compraventa, donación, sucesión, etc.) requiere el cumplimiento de múltiples pasos ante la DGII y la Jurisdicción Inmobiliaria, incluyendo:


Verificación del Estatus Legal: Confirmamos que la propiedad esté libre de cargas, gravámenes e hipotecas (Certificación de Cargas y Gravámenes).


Redacción y Notarización del Acto: Preparamos el Contrato de Venta bajo firma privada o acto auténtico.


Gestión de Impuestos: Calculamos y pagamos correctamente el 3% del Impuesto de Transferencia y aseguramos el cumplimiento del IPI (Impuesto al Patrimonio Inmobiliario).


Registro Definitivo: Depositamos la documentación en el Registro de Títulos correspondiente para obtener el nuevo Certificado de Título a su nombre.

 

Nuestro objetivo es proteger su patrimonio y evitarle demoras, multas o litigios futuros por errores en el proceso.


📞 ¡Dé el Próximo Paso con Confianza!


Si está comprando, vendiendo o transfiriendo una propiedad en Santiago, no asuma riesgos. Llámenos y reciba la asesoría que su inversión merece: 1-849-265-0004.


Abogados Siglo 21: Expertos en Traspasos Inmobiliarios. Su tranquilidad, nuestra prioridad.

⚖️ El Uso de la Prueba de ADN en los Tribunales Dominicanos: Necesidad de Orden Judicial Previa

 

La prueba de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) se ha consolidado a nivel mundial como uno de los medios probatorios más contundentes y fiables en el ámbito judicial. 


En la República Dominicana, su uso es cada vez más frecuente, especialmente en procesos de filiación (determinación o impugnación de paternidad/maternidad) y en el área penal. 


Sin embargo, dada su naturaleza invasiva y la potencial afectación de derechos fundamentales como la intimidad y la integridad personal, resulta imperativo establecer que su práctica en el contexto de un proceso judicial debe estar siempre precedida por una orden judicial.




Fundamento Constitucional y Legal


El marco constitucional dominicano garantiza la dignidad humana y el derecho a la intimidad personal y familiar, derechos que podrían verse comprometidos con la extracción compulsiva de muestras biológicas. 


Si bien el objetivo de la prueba de ADN es buscar la verdad material y garantizar el debido proceso, su práctica no puede ser dejada a la discreción de las partes o de la simple solicitud fiscal, sino que debe ser ponderada y autorizada por la autoridad judicial competente.


El Principio de Proporcionalidad


La decisión de ordenar una prueba de ADN implica un balance entre el interés público de administrar justicia y el derecho individual a la no injerencia en el cuerpo y la intimidad. 


Un juez, aplicando el principio de proporcionalidad, debe evaluar si la medida es:


Idónea: Si es adecuada para alcanzar el fin legítimo (establecer la verdad).


Necesaria: Si no existe un medio menos gravoso para lograr el mismo fin.


Estrictamente Proporcional (en sentido estricto): Si los beneficios de la prueba superan los sacrificios y riesgos para el derecho fundamental afectado.




🏛️ La Orden Judicial como Garantía


La orden judicial previa no es un mero formalismo, sino una garantía esencial del debido proceso por las siguientes razones:


Protección de Derechos Fundamentales: 


Solo el juez, como garante de los derechos y libertades públicas, puede autorizar una limitación o injerencia en la persona, asegurando que se cumplan todas las formalidades y que la toma de la muestra se realice bajo condiciones de respeto y dignidad.


Aseguramiento de la Cadena de Custodia: 


La orden judicial establece el procedimiento y el protocolo a seguir para la toma de la muestra, el embalaje, el transporte y el análisis en el laboratorio. 


Esto es crucial para garantizar la autenticidad e integridad de la prueba, evitando su contaminación o manipulación, lo cual es fundamental para su admisibilidad en juicio.


Control de la Coerción: 


En caso de oposición o negativa del individuo a someterse a la prueba, especialmente en materia penal o en casos de filiación donde se manejan presunciones de negativa. 


Solo el juez puede emitir una orden que contemple la posibilidad de coerción física para la toma de la muestra (si la ley lo permite para ese caso específico y siempre como último recurso), o determinar las consecuencias jurídicas de dicha negativa (ej. presunción de paternidad o responsabilidad), asegurando que cualquier medida coercitiva sea legal y proporcionada.




Aplicación en Materia Penal y de Familia


  • Materia Penal: En el proceso penal, la obtención de muestras biológicas (saliva, sangre, cabello, etc.) para la confrontación de perfiles genéticos se configura como un acto de investigación que afecta derechos fundamentalesConforme al Código Procesal Penal Dominicano, cualquier acto que implique una restricción de derechos requiere, salvo excepciones de flagrancia o consentimiento, la autorización de un juez de la instrucción.

  • Materia de Familia (Filiación): Si bien la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes) promueve la realización de la prueba para determinar la paternidad, si una de las partes se niega, el Tribunal debe ser quien ordene su práctica y determine la aplicación de la presunción de paternidad/maternidad ante la negativa injustificada.


Conclusión


El carácter científico e irrefutable de la prueba de ADN no la exime de los controles democráticos y las garantías procesales. 


En el contexto de los tribunales dominicanos, para que la prueba de ADN sea válida, lícita y admisible como medio de prueba, debe ser ordenada previamente por un juez competente


Esta exigencia no solo protege los derechos constitucionales a la intimidad e integridad, sino que también dota de legalidad, autenticidad, y rigor procesal a una de las herramientas más poderosas en la búsqueda de la verdad judicial.

jueves, 6 de noviembre de 2025

✈️ ¡Divorcio para Dominicanos en EE. UU.! 🗽


Divorcio por Mutuo Consentimiento desde el Extranjero


Si usted y su cónyuge son dominicanos, se casaron en República Dominicana y ahora residen en Estados Unidos, Abogados Siglo 21 le ofrece la solución legal más cómoda y eficiente para disolver su matrimonio.


🤝 El Proceso de Mutuo Acuerdo (con Poder):


Nuestro servicio está diseñado para que usted pueda divorciarse en los tribunales dominicanos de Santiago sin la necesidad de viajar constantemente.


1. Acuerdo y Estipulaciones: El Acta de Convenciones y Estipulaciones que recoge todos los acuerdos sobre la división de bienes (si los hay), guarda, visita y pensión de hijos menores.


2. El Poder Consular/Notarial: Usted y su cónyuge otorgan un Poder Especial a un abogado en la República Dominicana para que los represente en el proceso. 


Este poder puede ser gestionado en el Consulado Dominicano en EE. UU.


3. Representación Judicial: Presentamos el expediente ante el Tribunal de Primera Instancia de la Jurisdicción competente en Santiago. 


Su presencia no es obligatoria si nos ha otorgado poder.


4. Finalización: Una vez obtenida la sentencia, nos encargamos de su Pronunciamiento, requisito indispensable para que el divorcio tenga validez legal.

 

¡El divorcio por mutuo consentimiento es la vía más rápida y menos conflictiva para cerrar este ciclo!


📞 Contacte a Nuestros Expertos Internacionales:


No deje su estado civil en el limbo. Confíe en la experiencia de Abogados Siglo 21 para manejar su divorcio a distancia con profesionalidad al 1-849-265-0004.


Abogados Siglo 21: Soluciones legales sin fronteras para la diáspora dominicana.

jueves, 30 de octubre de 2025

⚖️ El Laberinto de la Familia M: Cuando el Amor se Vuelve Trueque en el Pago de la Pensión Alimenticia y el Régimen de Visitas

 

1-849-265-0004

Después de su divorcio, la Señora M y el Señor J se encontraron en un ciclo de conflicto que tenía una víctima silenciosa: su hijo pequeño, Dani.


El Señor J, el padre, había comenzado a retrasar y, finalmente, a suspender el pago de la pensión alimenticia acordada. 


Su razonamiento era firme, aunque equivocado: "No le pagaré hasta que me deje ver a mi hijo en el horario y la forma que me corresponde. Ella está violando mi derecho de visita."


La Señora M, la madre, reaccionaba con una ira igual de equivocada: "Si no paga la manutención, ¡no tiene derecho a verlo! El dinero es para el bienestar de Dani, y si no cumple con su obligación, no puede ejercer sus derechos."


Este razonamiento, un peligroso círculo vicioso, se convirtió en la dinámica de la familia M:


  • La Madre decía: "No hay visitas porque no hay pago."

  • El Padre respondía: "No hay pago porque no hay visitas."


Ambos cónyuges, anclados en su orgullo y en su visión de lo que era "justo", estaban tratando al niño como una moneda de cambio o un premio. El derecho de visita era el pago por la pensión, y la pensión era el precio por la visita.


Esta situación escaló, y las llamadas se convirtieron en gritos, y los acuerdos en amenazas. Dani, el niño, era testigo de esta guerra. 


Encontraba excusas para no hablar con su padre, y su rendimiento escolar empezó a decaer por la constante tensión. El afecto y el dinero se habían convertido en un trueque, no en un deber.


Finalmente, el conflicto llegó a los tribunales. Cuando el Señor J visitó a Abogados Siglo 21 para demandar por la obstaculización de las visitas, y la Señora M acudió a exigir el cobro de las pensiones atrasadas, el abogado les presentó la cruda realidad legal:

 

"Señores, el derecho de visita y la obligación de pensión alimenticia son dos cosas totalmente separadas e independientes ante la ley.

 

La pensión es una obligación del padre hacia el hijo, basada en la necesidad del niño, no en la voluntad o permiso de la madre. La madre no puede usar la visita como un castigo por el impago.

 

La visita es un derecho del hijo a mantener contacto con su padre, y un derecho del padre a ejercer la paternidad. El padre no puede condicionar el sustento del niño a la concesión de las visitas."


El tribunal, al dictaminar, fue claro: el Señor J fue obligado a pagar la deuda de la pensión bajo amenaza de sanción penal, y la Señora M fue conminada a permitir las visitas bajo advertencia de prisión. 


Ambos perdieron el control de la situación por haber utilizado al niño para "negociar".


El error les costó a ambos procesos judiciales, honorarios y, lo más importante, un daño emocional innecesario a su hijo.




💡 La Moraleja


El bienestar del niño es un deber incondicional, no una condición recíproca.


Jamás condicione el cumplimiento de una obligación legal (como el pago de alimentos) al ejercicio de un derecho (como el régimen de visitas). 


Ambas son obligaciones y derechos independientes que tienen como fin último el interés superior del niño. 


Usar a los hijos como herramienta de negociación solo resulta en pérdidas legales y emocionales para toda la familia.