viernes, 11 de agosto de 2017

LA DEMANDA EN RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE PATERNIDAD


Los Tribunales Civiles son competentes para conocer de las reclamaciones del estado de las personas como lo es la demanda en reconocimiento judicial de paternidad. La norma contenida en el Artículo 69 de la Constitución Dominicana, establece que: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respecto al debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas, entre otras, el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa.

La vigente Ley 136-03, denominada Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes dispone en la norma contenida en el Artículo 63, Párrafo III, que: Los hijos e hijas podrán reclamar la filiación en todo momento, luego de su mayoría de edadTambién la norma establecida en el Artículo 211, literal a) de dicho Código, dispone que el derecho de reclamación de filiación no prescribe para los hijos e hijas.

Mediante sentencia dictada en fecha 28 de marzo de 2012 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, la cual se fundamentada en la Ley Número 136-03 y el Artículo 17.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dispuso que la acción en reclamación judicial de paternidad no prescribe, es decir, que es imprescriptible. Es decir, que por más tiempo que transcurra, el hijo o la hija puede ejercer la acción en reconocimiento judicial de paternidad. Mediante esta sentencia se estableció que:

“Considerando, que el Artículo 64 de la Ley Número 136-03, reza: “la filiación estará regida por la ley personal de la madre al día del nacimiento del hijo o hija. Si la madre no es conocida, por la persona del hijo o hija”; que la corte a-qua realizó, al decidir en el sentido que lo hizo, una interpretación errónea de la norma antes señalada, en función de lo cual aplicó las leyes números 985 y 14-94, declarando prescrita la acción en reconocimiento de paternidad incoada por la señora Miguelina Domínguez; que se debe observar que, el texto antes citado, al hacer referencia a la ley personal de la madre, hace alusión a los atributos de las personas, los cuales son a saber: su identificación individual, mediante el uso de un nombre, estado civil, sus relaciones de familia y matrimonio, haciendo abstracción del régimen de los bienes; que la expresión: “ley personal”, tiene conexión con el sentido de extraterritorialidad de las leyes, pues, sus normas siguen a la persona donde quiera que se encuentre. Por tanto, este artículo forma parte integral del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de establecer cuál es la norma aplicable (nacional o internacional) cuando surjan dudas en la determinación de la ley aplicable para la solución de la controversia, lo cual no se aplica en la especie, pues no existe un conflicto de normas;

Considerando, que, la interpretación que realizó la corte a-qua del artículo 64 de la Ley núm. 136-03, norma que le sirvió de base para indicar que la ley aplicable al caso era la número 985, del 5 de septiembre de 1945, que fue modificada posteriormente, por la Ley número 14-94 del 22 de abril de 1994; que la jurisdicción de segundo grado expresó, que al haber nacido la demandante original, hoy recurrente, el 29 de noviembre de 1982, tenía un plazo para intentar su acción hasta el día 29 de noviembre de 2005; que sin embargo, la demanda incoada por la señora Miguelina Domínguez, en reconocimiento de paternidad, se introdujo el 16 de septiembre de 2009, cuando ya había entrado en vigencia la Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, de fecha 7 de agosto de 2003, norma que deroga de forma expresa en su artículo 487 las leyes números 14-94 del 1994 y la 985 del 1945, en lo que le sea contraria;

Considerando, que, el referido Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, es el instrumento legal aplicable al caso; que dicho instrumento legal ordena en el artículo 63, párrafo III, que: “los hijos e hijas podrán reclamar la filiación en todo momento, luego de su mayoría de edad”; que, de igual forma, el literal “a” del artículo 211 de dicho cuerpo legal, consagra “el derecho de reclamación de filiación no prescribe para los hijos e hijas. Las madres podrán ejercer este derecho durante la minoridad de sus hijos e hijas”; que por consiguiente, la demanda en reclamación de filiación paterna por parte de los hijos es por su naturaleza imprescriptible, derecho que por demás tiene rango constitucional, al estar consignado en el artículo 55 ordinal 7 de nuestra Carta Magna, cuando expresa que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos”; que la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Dominicano en fecha 21 de enero de 1978, consigna en el artículo 18: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”; que por el contrario la Ley número 985, así como la Ley núm. 14-94, planteaban el carácter prescriptible de la acción en reconocimiento cuando se trataba de hijos extramatrimoniales, sin embargo, el artículo 328 del Código Civil, establece la imprescriptibilidad de la acción con relación a los hijos denominados legítimos (denominación que hoy se encuentra proscrita por la Constitución); que debe observarse, que dicha dualidad en las mencionadas normas constituye una violación al principio de la igualdad de todos ante la ley; que en consecuencia, con la entrada en vigencia de la Ley número 136-03, que derogó las leyes números 985 y 14-94, ya citadas, consignó la imprescriptibilidad de la acción con relación a todos los hijos, creando uniformidad en la legislación y al mismo tiempo, permite aplicar el criterio de igualdad de todos ante la ley, estando pues en consonancia con lo dispuesto en el artículo 17, literal 5 de la mencionada Convención Americana de los Derechos Humanos, que consigna: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”;

Considerando, que es deber de esta Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley en las sentencias que son objeto del recurso de casación; que es evidente, en la especie, que la decisión impugnada contraviene las disposiciones de la Ley número 136-03, del 7 de agosto de 2003, así como también, la norma establecida en el supra indicado artículo 17.5, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, vinculantes para el país, al eludir toda vez que conocer del fondo del asunto, al declarar erróneamente prescrita la acción en reclamación de paternidad, no obstante consagrar de manera expresa la normativa antes mencionada, la imprescriptibilidad de la acción; que por tales motivos, procede acoger los medios del presente recurso de casación y casar con envío la sentencia atacada”. (Primera Sala, S.C.J., 28 de marzo de 2012, recurrente Miguelina Domínguez vs. Ángela Zomeni Aybar Ramos).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene en su Artículo 24.2 que: 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre (…). De su lado, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en el artículo 7.1 que: 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (…).

Además, el Artículo 8 de la citada Convención establece que:

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

El derecho al nombre del niño se encuentra tutelado, en general, conjuntamente con el derecho a la nacionalidad y con las relaciones y derechos familiares, como un elemento que determina la identidad de una persona y está asociado con los derechos a la intimidad y a la personalidad jurídica.

El derecho a la identidad es un derecho humano, fundamental para el desarrollo de toda persona y de toda sociedad. Es un derecho humano que comprende derechos correlacionados: el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como todos los derechos humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación y, por consiguiente, el Estado está obligado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo.

El derecho a la identidad personal se destaca una característica propia de los derechos humanos, esta es, su interdependencia: el menoscabo de este derecho conlleva la vulneración de otros derechos fundamentales, especialmente de los derechos políticos.

Esta interrelación se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el máximo Tribunal Regional, en el Caso Gelman vs. Uruguay, sostuvo que: (…) el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.


Este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mismo caso sostuvo que: (...) toda persona tiene derecho a la identidad, el cual constituye un derecho complejo, que por un lado presenta un aspecto dinámico, cuyo desarrollo se encuentra ligado a la evolución de la personalidad del ser humano, y contiene un conjunto de atributos y características que permiten individualizar a cada persona como única. La identidad personal tiene su punto de partida en la concepción y su construcción se prolonga durante la vida del ser humano, en un proceso continuo que abarca una multiplicidad de elementos y aspectos que exceden del concepto estrictamente biológico, y que corresponde a la “verdad personal” y biográfica del ser humano. Estos elementos y atributos que componen la identidad personal comprenden aspectos tan variados como el origen o la “verdad biológica”, el patrimonio cultural, histórico, religioso, ideológico, político, profesional, familiar y social de una persona, así como otros aspectos más estáticos referidos, por ejemplo, a los rasgos físicos, el nombre y la nacionalidad.

EL DESLINDE LITIGIOSO


El deslinde se define como el proceso mediante el cual se ubican, determinada e individualizan los derechos amparados en constancias anotadas.

El deslinde se convierte en litigioso cuando un colindante copropietario o alguien con interés jurídico, comparece al mismo oponiéndose a este. 

Se da si durante el procedimiento técnico alguna persona física o moral notifica un acto al agrimensor actuante encargado de la mensura o a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, oponiéndose a que dicho trabajo de deslinde se realicen. 

Es preciso indicar que el hecho que una persona se oponga a la realización de los trabajos técnicos, no quiere decir, que estos trabajos de deslinde se van a paralizar, todo lo contrario, el agrimensor continuará hacia delante con sus trabajos e informe de la susodicha oposición para que el Tribunal en la Jurisdicción de juicio tome en cuenta esta situación y se cite a todas aquellas personas que con sus derechos manifestaron oposición al mismo.

La demanda en nulidad de deslinde es una litis sobre derechos registrados, ya que con ella se persigue la nulidad de un derecho. La misma debe recorrer los grados de jurisdicción que para la litis estipula nuestra legislación.

Entre las razones que pueden dar lugar a una demanda en nulidad de deslinde están las siguientes: 

- Nulidad de deslinde porque quien deslindó no era quien ocupaba esa porción de terreno.
Nulidad de deslinde porque al deslindarse ocupó parte de los derechos del colindante.
- Nulidad de deslinde porque se superpuso o montó su deslinde encima de otra parcela o solar.
- Nulidad de deslinde porque los derechos vienen de una sucesión, y lo que se hizo fue una determinación de heredero numérica, no hay partición en naturaleza, por tanto, como ninguno de los herederos saben en qué lugar del inmueble le corresponde.

LAS PRUEBAS EN LA DEMANDA EN RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


La filiación no solo se establece por el hecho del nacimiento y la prueba del ADN, sino también por la posesión de estado. Conforme al Artículo 322 del Código Civil, no es posible impugnar una posesión de estado corroborada por el acta de nacimiento. La filiación así establecida tiene un carácter irrefragable, es decir, juris et de jure, y, por consiguiente, no admite la prueba en contrario, incluso del ADN. S.C.J., 1ra. Sala, 2 de mayo de 2012.
  
Una vez verificada la existencia de los elemento que configuran la posesión de estado, queda sin objeto el pedimento de la prueba del ADN. S.C.J., Salas Reunidas 25 de septiembre de 2013.

Es preciso recordar que la acción en reconocimiento de paternidad es imprescriptible, conforme al párrafo III del artículo 63 de la ley 136-03.
  
El Artículo 328 del Código Civil, que dispone que la acción de reclamación de estado es imprescriptible con relación al hijo, se aplica a los hijos nacidos de una relación consensual aunque forme parten del capítulo II, título VII, del Código Civil, cuyo epígrafe expresa: ``De la prueba de la filiación de los hijos legítimos``. S.C.J., 1.a Sala, 26 de febrero de 2014.
  
La prueba de ADN, nombre genérico con que se designa el ácido desoxirribonucleico, sustancia responsable de transmisión de los caracteres hereditarios, es un elemento fundamental en las investigaciones forenses, biológicas, médicas, de ingeniería genética y en todo estudio científico en el que se hace necesario un análisis genético, y constituye, por tanto, la manera más precisa y concluyente de determinar la paternidad. 

La presunción irrefragable del Artículo 312 del Código Civil y la prohibición de reconocimiento de los hijos nacido de una unión incestuosa o adulterina, prevista en el Artículo 335 del mismo Código, son normas que discrimina o adulteran al menor y contravienen el artículo 5 de la Constitución, así como el Artículo 7 de la Convención sobre los Derecho del Niño. La prueba del ADN, que permite identificar al padre con una probabilidad cercana a la certidumbre de un 99%, no puede ser excluida sobre la base de dichas disposiciones. S.C.J., 1.a Cám., 24 de mayo de 2006.

La presunción del Artículo 312 del Código Civil admite prueba en contrario, es decir es juris tantum. S.C.J., 1.a Sala, 4 de abril de 2012, núm. 53, Bj. 1217.

El acta de nacimiento de una, regularmente instrumentada y expedida por el oficial del estado civil correspondiente, es la prueba legal por excelencia para probar la filiación. S.C.J., Salas Reunidas, 5 de marzo de 2014.

A falta de acta de nacimiento, la ley 659 sobre Actos del Estado Civil permite aportar otros medios que podrían arribar a los mismo resultados, como lo es la posesión de estado no controvertida y otros documentos que posibiliten, como principio de prueba por escrito, que a partir de ellos se pueda iniciar una investigación de paternidad. S.C.J., Sala Reunidas 5 de marzo de 2014.

La prueba de la filiación está sujeta a las disposiciones del Código Civil, que existe la presentación de los actos civil. La filiación natural respecto del padre debe probarse por el reconocimiento voluntario de este o por decisión judicial. S.C.J., 3.a Cám., 14 de junio de 2006.

La determinación de la verdadera filiación del individuo depende actualmente de los resultados de la prueba de ADN, la cual ha pasado a  constituir un elemento fundamental en las investigaciones para determinar la paternidad más allá de toda duda razonable. La prueba de la filiación estuvo apoyada durante largo tiempo sobre el empirismo y las presunciones hechas por la ley y los jueces sin carácter científico. S.C.J., 1.a Sala, 11 de mayo de 2011, núm. 9, B. J. 1206.

La prueba de ADN es la manera más precisa y concluyente de determinar la paternidad. Procede utilizarla cuando, como en la especie, la sentencia de ratificación de la declaración tardía de nacimiento no se encuentra en los archivos del tribunal que la dictó. S.C.J., 1.a Sala, 14 de agosto de 2013.
  
Cuando la prueba de ADN expresa un grado de certeza mínima de 99.73% este porcentaje corresponde a una paternidad prácticamente probada y le confiere a la prueba un carácter autónomo y absoluto. Solo en los casos en que no se alcance ese 99.73% debe el juez solicitar la realización de pruebas adicionales, sean de ADN o otros sistemas genéticos, hasta alcanzar una probabilidad mayor a la señalada o más de dos exclusiones entre el presunto padre y el hijo o hija. Cualquier valor superior al 99.73% corresponde a una paternidad prácticamente probada, criterio consagrado por la jurisprudencia tanto nacional como internacional. S.C.J., 1.a Cám., 2 de septiembre de 2009.

El tribunal puede ordenar la prueba de ADN e incluso, dictar orden de conducencia contra la parte que no comparezca al laboratorio designado para practicarla. SCJ, 1.a Sala, 11 de mayo de 2011.

Cuando la cuestión de la filiación no constituye un debate directo, sino una cuestión de daño y perjuicios, la prueba del parentesco es libre y no está sujeta a ninguna restricción. Son admisibles, por tanto, al tenor del Artículo 46 del Código Civil, todos documentos públicos o privado y los Artículo 46 del Código Civil, todos los documentos públicos o privados y los testimonios. S.C.J., Cámaras Reunidas, 24 de octubre de 2007.

LA INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


Dentro del ámbito de la filiación, sea natural o legítima, el reconocimiento y la consecuencia inscripción de nacimiento sirven para probar, cuando es hecho por la madre, la circunstancia biológica del parto, prueba que no es ni prueba inobjetable ni inexpugnable, puesto que siempre cabe posibilidad de que ese reconocimiento no se corresponda con la realidad. El reconocimiento ad matrem, como prueba por excelencia del parto y, por consiguiente, de la filiación materna, admite prueba en contrario, inclusive hasta por presunciones. S.C.J., Salas Reunidas, 10 de abril de 2013.

Según el Artículo 2 de la Ley 985 de 1945, la filiación natural se establece, respecto del padre, por el reconocimiento o por decisión judicial. El reconocimiento paterno es válido cuando el padre se presenta personalmente a reconocer a su hijo o cuando se presentan sus ascendientes, en caso de muerte o incapacidad de aquel, o cuando se establece por vía judicial. No hay reconocimiento cuando quien declara al niño es un tercero quien no es su padre.

El reconocimiento legalmente establecido es un modo de demostración de la filiación de una persona. Tiene un carácter meramente declarativo, no atributivo, y, por tanto tiene efecto retroactivo a las fechas de la concepción y del nacimiento del hijo. La demanda en nulidad de una acta de nacimiento no puede suprimir per se la filiación paterna ni el reconocimiento de paternidad que ella avala. Es necesario interponer una acción en impugnación de reconocimiento de paternidad. S.C.J. 1ra. Sala, 1 de septiembre de 2010.

Según el Artículo 486 de la Ley 136-03, sus disposiciones ``se aplicarán a todos los casos en curso de conocimiento``. En consecuencia, la ley que debe aplicarse a la acción en investigación de paternidad no es la que regía al momento del nacimiento del hijo o hija ni aquella que era aplicable al momento de iniciarse la demanda, sino la vigente al momento del fallo, pese al principio procesal de que toda decisión jurisdiccional debe reputarse como pronunciada en la época en que se inició la controversia judicial. S.C.J., 1.a Sala, 27 de marzo de 2013.

La Ley 136-03, que consagra la igualdad entre los hijos, beneficia y es aplicable a los hijos nacidos de una relación consensual que hayan iniciado su acción en reclamación de paternidad después de su entrada en vigor, aunque sus nacimientos hayan ocurrido estado vigente la Ley 985 de 1945, que establecía un plazo de prescripción de cinco anos para ejercer dicha acción.

La Ley aplicable a la acción en reconocimiento de paternidad es la ley personal. Según el Artículo 3 del Código Civil, las leyes el estado y la capacidad están ligadas a las personas, quienes se encuentran sometidas a esas leyes no solo en su país de origen, sino también fuera de él. 

En consecuencia, la acción en reconocimiento de paternidad de un puertorriqueño ha de regirse por la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aun cuando en dicha se establezca condiciones de plazo diferentes a las vigentes en la República Dominicana. La legitimación de un hijo natural solo suerte efecto jurídico respecto de la madre si esta ha parido el hijo legitimado en unión concubinato con su futuro marido.


LA DEMANDA EN RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA



La filiación natural o legítima establece el vínculo de parentesco que identifica a una persona respecto a su madre o a su padre, lazo este que le asigna al individuo su lugar personal en el seno de un grupo familiar y determina un estado civil, y que comporta, tanto en el ámbito personal como patrimonial del individuo, in conjunto de derechos y obligaciones. 

La determinación de la filiación consolida la identidad del ser humano, permitiéndole conocer no solo sus orígenes, sino también su nombre, derecho este que se encuentra consagrado en el numeral 7 del artículo 55 de la Constitución. S.C.J., Sala Reunidas, 25 de agosto de 2010, núm. 17, B. J. 1197.
  
Ha sido juzgado que en una demanda en reconocimiento de paternidad, cuya acción tiene naturaleza de orden público y con efecto erga omnes, si no todas las personas interesadas han sido emplazadas, los jueces, en lugar de declarar inadmisible la demanda o el recurso, tiene el deber de procurar que todas las personas que puedan poseer un vínculo de interés común en el proceso intervengan, sea voluntariamente u ordenando su puesta a causa, alcanzando ese deber a las partes en causa, quienes deben llamar al proceso a todos aquellos que consideren tener un interés. S.C.J., 1ra. Sala, 14 de marzo de 2012.
  
El derecho a la dignidad humana y el derecho al apellido del padre son derecho fundamentales que se encuentran tutelado en la Constitución de la República y en los tratados que forma parte del bloqueo de la Constitución de la República y en los tratados que forma parte del bloqueo de la constitucionalidad.

La determinación de la paternidad constituye una parte esencial del derecho a la identidad que el Estado se encuentra obligado a salvaguardar, al igual que los demás derechos familiares que se encuentran en mayor o menor medida vinculados a este, tales como el derechos a la protección integral de la familia, el derecho a la filiación, el derecho a un nombre, el derecho a la patria potestad y a la tenencia de los hijos. 

El derecho a la identidad del ser humano constituye un derecho fundamentales, irrenunciable, inalienable e inmutable, que depende, esencialmente, del establecimiento de la verdad filiación del individuo. 

Los derecho a la investigación judicial de paternidad y a la filiación están consagrados en el Artículo 18 de la Convención Americana de Derecho Humanos, que define el derecho al nombre, según el cual, ``toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos``. 

Los menores, al igual que toda persona, tienen derecho al apellido del padre y de la madre, así como a conocer la identidad de estos, conforme al Artículo 55 numeral 7 de la Constitución. 

El tipo de relación escogido por los padres no puede impedir el derecho a la preservación de la identidad del menor y su derecho a llevar el apellido de sus progenitores, de acuerdo con el Artículo 7 de la Conservación sobre los Derechos del Niño, a cuyo tenor el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer sus padres y ser cuidados por ellos. S.C.J., 1ra. Sala, 4 de abril de 20212, núm. 53, B. J. 1217.