La falsificación de firmas en un contrato inmobiliario puede afectar gravemente la legalidad del mismo, dando lugar a diversas acciones legales por parte del perjudicado.
Algunos de los principales efectos son:
1. Nulidad del Contrato
La falsificación de firmas es considerada un vicio del consentimiento que vicia la validez del contrato desde su origen.
Esto significa que el contrato puede ser declarado nulo por los tribunales, dejando sin efecto todas las obligaciones y transferencias derivadas del mismo.
2. Responsabilidad Penal
La falsificación de firmas puede constituir un delito penal, dependiendo de las circunstancias del caso.
El Código Penal Dominicano contempla sanciones para los delitos de falsedad documental y uso de documentos falsos, que pueden conllevar penas de prisión.
3. Reclamación de Daños y Perjuicios
La parte perjudicada por la falsificación de firmas puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del contrato fraudulento.
Esto incluye tanto los daños patrimoniales (como la pérdida de la propiedad) como los morales (por el perjuicio a la reputación).
4. Prescripción de la Acción
En materia de tierras, el plazo general de prescripción para acciones relacionadas con la propiedad de bienes inmuebles es de 20 años, según el Código Civil.
Sin embargo, en casos de falsificación de firmas, el plazo comienza a contarse desde que el afectado tiene conocimiento de la falsificación, no desde la fecha del contrato.
5. Verificación Pericial de Firmas
Cuando se alega la falsificación de firmas, es común que los tribunales ordenen una prueba pericial caligráfica para determinar la autenticidad de las mismas.
Este informe pericial será determinante para probar la existencia de la falsificación y la consiguiente nulidad del contrato.
En resumen, la falsificación de firmas en un contrato inmobiliario puede acarrear graves consecuencias legales, incluyendo la nulidad del contrato, responsabilidad penal y civil, y la posibilidad de reclamar la propiedad.
Es fundamental actuar con diligencia y denunciar cualquier irregularidad en los documentos de propiedad para proteger los derechos de los propietarios.
