En la República Dominicana, los ciudadanos se enfrentan a un desafío recurrente y frustrante: la aparente indiferencia de las fiscalías ante los delitos económicos cometidos contra particulares.
Mientras que crímenes como robos o asaltos suelen recibir una atención más inmediata, las estafas, el abuso de confianza, el fraude y otros ilícitos financieros a menudo parecen quedar en un segundo plano.
Esta situación no solo genera una sensación de impotencia en las víctimas, sino que también erosiona la confianza en el sistema de justicia y fomenta un ambiente de impunidad que perjudica la estabilidad social y económica del país.
Una de las principales razones por las que estos casos no avanzan con la celeridad deseada radica en la complejidad de su investigación.
A diferencia de un robo donde hay testigos o evidencias físicas directas, los delitos económicos involucran un rastro de documentos, transacciones bancarias, contratos y comunicación digital que requiere una experticia y recursos especializados.
A menudo, los fiscales y sus equipos carecen del tiempo, la capacitación o las herramientas necesarias para desentrañar estas complejas redes de engaño.
Esto provoca que, en muchos casos, las denuncias sean archivadas o que los procesos se dilaten por años, dejando a las víctimas en un limbo legal y financiero.
Otro factor crucial es la percepción de la gravedad de estos delitos. Para un ciudadano que ha perdido todos sus ahorros en una estafa piramidal o que ha sido despojado de sus bienes por un abuso de confianza, el daño es devastador.
Sin embargo, en el ámbito judicial, estos casos pueden ser vistos como "menos urgentes" que aquellos que implican violencia física.
Esta perspectiva sesgada minimiza el impacto real que tienen estos crímenes en la vida de las personas, quienes no solo pierden dinero, sino también su tranquilidad, su seguridad y, en ocasiones, su salud mental.
Además, la falta de una coordinación efectiva entre las fiscalías y otras entidades, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o los bancos, dificulta aún más la recopilación de pruebas.
En muchos casos, las víctimas son las que deben recabar la mayor parte de la información, invirtiendo tiempo y dinero en una tarea que, por ley, corresponde a las autoridades.
Esto crea una carga adicional y desmotivadora, llevando a que muchos simplemente abandonen el proceso y acepten la pérdida como un costo de la "viveza" del delincuente.
La consecuencia de esta indiferencia es clara: se crea un caldo de cultivo para la impunidad. Los defraudadores y estafadores, al ver que sus crímenes no son perseguidos con la debida firmeza, se sienten motivados a seguir operando.
Esto no solo daña a los particulares, sino que también afecta al clima de negocios en el país, ya que la falta de seguridad jurídica ahuyenta a los inversionistas y debilita la confianza en el mercado.
Para combatir este problema, es fundamental que el Ministerio Público dominicano adopte un enfoque más proactivo. Esto implica destinar más recursos y personal especializado a las fiscalías que manejan delitos económicos, invertir en tecnología de investigación forense y establecer protocolos de actuación más claros y eficientes.
También es crucial educar tanto a los fiscales como a los ciudadanos sobre la gravedad de estos crímenes y sus devastadoras consecuencias.
En última instancia, la lucha contra la indiferencia ante los delitos económicos no es solo una cuestión de justicia individual, sino una necesidad para fortalecer el estado de derecho en la República Dominicana.
Garantizar que todos los ciudadanos, sin importar el tipo de delito del que sean víctimas, reciban una respuesta justa y oportuna es un paso indispensable para construir una sociedad más segura y equitativa para todos.
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