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1.- La Constitución de la República Dominicana
La Constitución de la República Dominicana reconoce a la dignidad humana como un valor supremo y un principio fundamental, por tal razón, le dedica en su cuerpo múltiples normas tendentes a garantizarla en diferentes ámbitos dentro de las cuales podemos mencionar, de manera meramente enunciativa, las contenidas en los artículos 7, 8, 38, 44 y 49, las cuales rezan de la forma siguiente:
Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.
Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;
2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley;
3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;
4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley;
5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.
Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público.
Como vemos de manera breve y puntual, nuestra actual Constitución cuenta con una cantidad importante de normas que protegen no solo el valor supremo y principio fundamental de la dignidad humana sino que también tutelan bienes jurídicos o derechos que están estrechamente vinculados con ella como los son el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen.
Estas normas pueden constituir un tipo de fundamentación por el cual el legislador dominicano le ha prestado tanta importancia a los tipos penales de la difamación y la injuria, los cuales se encuentran plasmados en tres instrumentos legales diferentes vigentes en nuestros país como veremos más adelante.
No es extraño ver en los medios de comunicación o escuchar en los entornos sociales comunes que un ciudadano manifieste que va a accionar en contra de otro u otros por haber sido víctima de uno de los tipos penales de difamación o injuria. Y es que en la actualidad estos delitos pueden ser cometidos con una facilidad extrema debido al desarrollo y alcance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
Un ejemplo sencillo de un medio que pudiera ser utilizado para cometer los tipos penales de difamación o injuria en contra de una persona es el Twitter, el cual permite en cuestiones de segundo difundir una información a todas las personas que están siguiendo a quien escribe el Tweet o mensaje, y en caso de que esa información sea difamatorio o injuriosa, dañaría los bienes jurídicos ya mencionados precedentemente.
Esto sin pensar en las actuaciones de las demás personas que son seguidores del ciudadano originario que envió el Tweet o mensaje, quienes a su vez pueden difundir ese mensaje dañino a su otros seguidores y así seguiría la cadena de difusión de la información.
Como mencionamos anteriormente, la difamación y la injuria están contenidas en tres instrumentos legales penales vigentes en la República Dominicana que son los siguientes:
A) La Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología,
B) El Código Penal Dominicano, y
C) La Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, los cuales veremos en seguida.
2.- La Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
La difamación es un ilícito de alta tecnología que afecta el honor, el buen nombre y la imagen de las personas. La conducta que configura el tipo penal de difamación está descrita en la norma contenida en el artículo 21 de la Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, como se cita a continuación:
Difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
No es nuestra intención en esta parte proceder a analizar los caracteres que dan lugar a la configuración del delito de difamación, sobre el cual pudiera hacerse una memoria, y que dicho sea de paso, es conocido con mucha frecuencia dentro de los procesos que resultan apoderados los tribunales.
Sin embargo, ya que estamos frente a un tipo penal incompleto, que no establece en qué consiste la conducta de difamación, sino que simplemente se limita a establecer que la difamación cometida por unos de los medios que se señala en la norma, se va a castigar con la pena que se señala en la misma, es evidente, que para la determinación de si existe o no difamación es necesario recurrir a la norma contenida en el Código Penal vigente que la prevé.
3.- El Código Penal Dominicano
En este sentido, la conducta que debe cometer una persona para ser pasible de recibir la condena dispuesta para la difamación está descrita en la norma contenida en la primera parte del artículo 367 del Código Penal Dominicano, en la forma siguiente: “Difamación es la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa”.
El Código Penal Dominicano establece diferentes penas para castigar la difamación dependiendo de la condición del sujeto pasivo de la difamación, es decir, del cargo que ocupe el sujeto difamado. Este instrumento legal, contempla sanciones que van desde tres meses a un año de prisión para la persona que difame al Jefe del Estado, hasta prisión de seis días a tres meses para la persona que difame a un ciudadano particular.
4.- La Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento
Por otro lado, la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento contempla la difamación que se comete a través de los medios de comunicación. La norma contenida en el artículo 29, del referido instrumento legal se pronuncia en los mismos términos que la citada norma del Código Penal Dominicano al describir la conducta de la difamación, pero la primera establece una pena de quince días a seis meses de prisión.
De lo anterior, se puede evidenciar que las penas contenidas en el tipo penal de difamación comprendido en la norma prevista en el artículo 21 de la Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, no hace ninguna distinción en torno a la calidad del sujeto difamado, sino que se limita a establecer una pena de prisión de tres meses a un año para todos los casos de difamación, la cual se ve aumentada en la prisión y en la multa en comparación con las contenidas en los otros instrumentos legales.
Se entiende que los delitos de difamación e injuria siempre que sean cometidos a través de medios de difusión como el Internet, tienen el carácter de la publicidad. En algunas legislaciones, quien administra el servidor en el cual se publica la información, es solidario civilmente por las informaciones que tengan el carácter de difamatorias o injuriosas[1].
Como estos delitos requieren para su configuración la publicidad, se concibe que este requisito se cumple cuando se utiliza el Internet para cometerlo, debido a que por sus características es la vía más fácil de buscar y colocar información a nivel mundial. Por esto, dentro de los bienes jurídicamente tutelados en el caso de la difamación e injuria están el honor y buen nombre de las personas, ya sean éstas físicas o jurídicas[2].
En otro orden de ideas, la norma contenida en el artículo 22 de la Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, contiene el denominado tipo penal de injuria pública. Este es también uno de los delitos de alta tecnología mediante el cual se vulnera el honor, buen nombre e imagen de las personas, el mismo tiene la siguiente descripción en la norma:
Injuria Pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
Al igual que como establecimos en el análisis del tipo penal anterior, no tenemos interés en entrar en detalles sobre el análisis de los caracteres que dan lugar a la configuración del delito de injuria pública, sin embargo, como en este caso también estamos frente a un tipo penal incompleto, que no describe la conducta que debe entenderse como injuria pública sino que se limita a señalar que la injuria pública que se ejecute por uno de los medios tecnológicos que señalan se va a castigar con una determinada pena, se sobreentiende, que para la determinación de la existencia o no del delito de injuria pública se debe acudir a la interpretación de la norma contenida en el Código Penal vigente que la describe.
Sobre la injuria, la norma prevista en el segundo párrafo del artículo 367 del Código Penal Dominicano, establece lo siguiente: “Se califica de injuria, cualquier expresión afrentosa, cualquier invectiva o término de desprecio que no encierre la imputación de un hecho preciso”.
De la misma manera que en el tipo penal de difamación, para castigar la comisión del tipo penal de injuria, el Código Penal Dominicano establece múltiples penas, tomando en cuenta la condición del sujeto pasivo del accionar injurioso.
En contra de este tipo de conducta, se establecen sanciones que van desde tres meses a un año de prisión para la persona que injurie al Jefe del Estado hasta prisión de ocho días a tres meses para la persona que cometa injuria en contra de un particular.
De su lado, la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, contempla la injuria que se comete a través de los medios de comunicación. Dicha normativa establece diferentes tipos de sanciones en contra de las personas que cometan el tipo penal de injuria, dependiendo de la condición del ciudadano injuriado. Se hace una distinción si la persona que ha sido objeto de la injuria es un funcionario público o un particular.
También con el análisis de esta norma podemos comprobar que para la aplicación de las penas establecidas en el tipo penal de injuria pública, contenido en la norma consagrada en el artículo 22 de la Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la ley tampoco toma en consideración la condición de la persona injuriada, como lo hace el Código Penal Dominicano, sino que fija una pena única.
De igual forma, en el tipo penal de injuria pública contenido en la señalada norma, la pena se aumenta en comparación con las diferentes penas contenidas en el Código Penal, por esta situación, si la injuria se comete mediante uno de los sistemas tecnológicos que señala la norma, el agente infractor es pasible de ser condenado a una pena superior.
Se ha establecido que en la actualidad se están incrementando las acciones penales por la comisión de los tipos penales de difamación e injuria a través del Internet. Estos delitos son considerados complejos debido a la distintas facilidades que tiene una persona que comete los mismos, de ocultar su verdadera identidad para evitar la sanción por su accionar.
Asimismo, se manifiesta que los espacios virtuales más utilizados para cometer estos tipos penales son los blogs, los foros de discusión y las denominadas redes sociales[3].
Lo cierto es que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han facilitado la forma de comisión de los tipos penales de difamación e injuria debido al rápido y amplio manejo de la información que permiten y de la forma en cómo pueden influir en que el proceso de investigación-sanción de estos tipo penales no sea tan sencillo.
Asimismo, las TICs permiten la intervención de pluralidad de agentes en la realización de las conductas que se prohíben en estos tipos penales, los cuales en algunos casos pueden incurrir en actividades delictivas sin tener pleno de conocimiento de las implicaciones de las mismas o a través de un accionar o participación que pudiera ser considerado mínimo como es el darle Retweet a un mensaje.
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[1]CASTILLO MOREL, Héctor. Derecho de las Telecomunicaciones: Editora Centenario, 2004, Santo Domingo, pp. 424 y 425.
[2] AGELÁN CASASNOVAS, Esther E. Ciberdelincuencia y Política Criminal. Internet: nuevo reto jurídico-penal: Editora Premium, 2011, Santiago de los Caballeros, pp. 32 y 33.
[3] Ibídem., pp. 35 y 36.
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