Existen situaciones procesales que, aunque parezcan un simple tecnicismo, encierran principios jurídicos fundamentales sobre la capacidad para actuar en justicia. Uno de esos casos fue resuelto recientemente por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, mediante su Sentencia Civil núm. 2026-00201 (NUC: 2021-0041611), de fecha 22 de junio de 2026, en un proceso en el que nuestro equipo de Abogados Siglo 21 representó con éxito a la parte recurrida. A continuación, analizamos las motivaciones de derecho de esta interesante decisión.
Los Hechos del Caso
Todo se originó con una demanda civil en nulidad de pagaré notarial, de certificado de acreedor inscrito, mandamiento de pago y reparación de daños y perjuicios, interpuesta en noviembre del 2021 contra el señor X. La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega acogió dicha demanda mediante sentencia de fecha 19 de mayo de 2025, declarando la nulidad del pagaré notarial correspondiente, estableciendo la responsabilidad civil del demandado conforme al artículo 1382 del Código Civil, y condenándolo al pago de dos millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00) por concepto de daños y perjuicios.
Pero aquí surge el detalle procesal que marcó el rumbo de todo el proceso: el señor X había fallecido el 19 de septiembre de 2024, es decir, casi ocho meses antes de que el tribunal de primer grado dictara su sentencia, mientras el expediente se encontraba en estado de fallo.
Posteriormente, ya estando fallecido desde hacía más de un año, se notificó la sentencia recurrida a través de su abogado apoderado, y en su nombre se interpuso un recurso de apelación en octubre de 2025.
El Planteamiento de la Parte Recurrida
Los recurridos —representados por nuestro equipo— plantearon de manera incidental la nulidad del recurso de apelación, argumentando que este había sido interpuesto más de un año después del fallecimiento del señor X, según constaba en el acta de defunción depositada en el expediente.
Lo que Decidió la Corte: Fundamentos de Derecho
La Corte de Apelación de La Vega estructuró su análisis en varios puntos clave que conviene explicar con detenimiento.
1. La Muerte del Demandado No Impidió que el Tribunal de Primer Grado Fallara
La Corte precisó, en primer lugar, que el fallecimiento del señor X mientras el proceso se encontraba en estado de fallo —es decir, ya instruido y a la espera de sentencia— no constituyó un obstáculo para que el tribunal de primer grado decidiera el caso como lo hizo. Esto es coherente con el principio de que un proceso ya cerrado a instrucción puede continuar su curso natural hasta sentencia, sin que la muerte de una parte, en esa etapa, invalide lo ya actuado.
2. Pero Notificar la Sentencia y Apelar a Nombre de un Fallecido Es Distinto
Aquí está el punto medular de la decisión: la Corte diferenció claramente entre que el tribunal fallara sobre un proceso ya instruido, y que posteriormente se realizara un nuevo acto procesal —el recurso de apelación— a nombre de una persona que llevaba más de un año fallecida. La Corte fue categórica al señalar que no se trataba de un acto cualquiera, sino de un recurso que abre una nueva instancia, con la consecuencia de que el proceso debía examinarse nuevamente y crearse un nuevo vínculo procesal entre las partes.
3. La Muerte Extingue la Personalidad Jurídica
El fundamento central de la sentencia descansa en un principio elemental de nuestro derecho civil: al morir una persona, su personalidad jurídica se extingue, y con ella, su capacidad para ser parte de un proceso judicial. En consecuencia, interponer un recurso de apelación a nombre de alguien que ya no existe jurídicamente constituye un acto sancionado con la nulidad absoluta, por ausencia de personalidad jurídica, de capacidad procesal, y de validez para actuar en justicia.
4. No Aplica la Renovación ni la Continuación de Instancia por los Herederos
Este es, quizás, el aspecto técnico más importante de la sentencia. La Corte fue explícita al establecer que a este caso no le aplican las figuras de renovación de instancia ni de continuación de instancia por los herederos, mecanismos que normalmente permiten que un proceso ya iniciado válidamente continúe cuando una parte fallece durante su curso. La razón es sencilla pero contundente: el proceso nunca nació válidamente, dada la irregularidad de haber sido promovido a nombre de una persona fallecida. No se trataba de continuar un proceso existente, sino de un acto que jamás llegó a tener existencia jurídica válida.
En palabras de la propia Corte, la única vía legal disponible en estos casos era que fueran los herederos legítimos del fallecido, si los había, quienes interpusieran el recurso correspondiente, actuando en su propia calidad de causahabientes, y no en representación de una persona ya fallecida.
5. Consecuencia: Nulidad del Recurso y Condena en Costas
Con base en este razonamiento, la Corte declaró nulo el acto contentivo del recurso de apelación, y condenó en costas a la parte sucumbiente, con distracción a favor de los abogados de la parte gananciosa, conforme al principio general en materia de costas procesales, según el cual toda parte que sucumbe en justicia debe asumir su pago.
La decisión se fundamentó, entre otras disposiciones, en los artículos 6, 68 y 69 de la Constitución dominicana, el artículo 1315 del Código Civil, y los artículos 130, 133, 138, 141, 146, 344, 443 y siguientes del Código de Procedimiento Civil dominicano, además de la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia TC/0046/12 del Tribunal Constitucional.
¿Por Qué Esta Sentencia es Relevante para Usted?
Este caso deja lecciones prácticas de gran valor, tanto para litigantes como para cualquier persona involucrada en un proceso judicial:
- La muerte de una parte durante el proceso tiene efectos procesales distintos según la etapa en que ocurra. No es lo mismo que ocurra mientras el expediente está en estado de fallo (donde el tribunal puede decidir válidamente), que promover un nuevo recurso a nombre de esa persona tiempo después de su fallecimiento.
- Los abogados deben verificar el estado vital de sus representados antes de notificar sentencias o interponer recursos en su nombre, especialmente cuando ha transcurrido un tiempo considerable desde la última actuación procesal.
- Los herederos deben actuar oportunamente y en su propia calidad, y no permitir que se realicen actuaciones procesales a nombre de un familiar fallecido, ya que ello puede acarrear la nulidad absoluta del acto, con las consecuentes pérdidas de tiempo y de recursos económicos.
- La condición de heredero no sustituye automáticamente la personalidad del causante en un proceso ya viciado; se requiere que los herederos comparezcan formalmente, en su propia calidad, para ejercer válidamente cualquier recurso.
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Este artículo tiene fines informativos y educativos, basado en el análisis de la Sentencia Civil núm. 2026-00201 (NUC: 2021-0041611), dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega en fecha 22 de junio de 2026. No sustituye la asesoría legal personalizada. Para más contenido sobre derecho civil, procesal y sucesoral en República Dominicana, visite nuestro blog Abogados Siglo 21.