Hay momentos en un proceso legal en los que el tiempo se convierte en el enemigo más peligroso — donde, si no se actúa con la rapidez y la estrategia correctas, una decisión se ejecuta y ya no hay vuelta atrás. Esta es la historia real de uno de esos momentos, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 10 de abril de 2026, en el que nuestro equipo de Abogados Siglo 21 representó con éxito al demandante. Por razones de privacidad, hemos sustituido los nombres reales por letras del alfabeto.
Una Deuda que se Acumuló Durante Años
Todo comenzó con una demanda en cobro de alquileres, rescisión de contrato de inquilinato por falta de pago, y desalojo, interpuesta por la señora B. en contra del señor A. La reclamación no era menor: se le atribuían 100 meses de alquileres vencidos y no pagados, correspondientes a un período que abarcaba desde el año 2017 hasta el 2025.
El tribunal de primera instancia, falló a favor de la señora B. el 9 de enero de 2026: declaró rescindido el contrato de alquiler, condenó al señor A. al pago de RD$500,000.00, y ordenó su desalojo del inmueble.
Un Plazo que Generó Controversia
El señor A. apeló esa decisión. Pero la Apelación declaró su recurso de apelación inadmisible por extemporáneo — es decir, consideró que se había presentado fuera del plazo legal.
Aquí es donde nuestro equipo entró a fondo en el caso. Al revisar cómo se había computado ese plazo, encontramos un problema serio: el tribunal había calculado el término para apelar en días corridos, en lugar de días hábiles, y además había omitido el aumento del plazo en razón de la distancia, un derecho establecido en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil. De ser cierto este error, el señor A. habría sido despojado de su derecho a apelar por un cálculo procesal incorrecto — no por haber actuado tarde realmente.
Con ese argumento, interpusimos un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, buscando que se anulara la decisión que había declarado inadmisible su apelación.
El Verdadero Riesgo: Que se Ejecutara Todo Antes de Resolver el Fondo
Pero interponer el recurso de casación no era suficiente por sí solo. En República Dominicana, conforme al artículo 27 de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, la casación no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia impugnada, salvo en materias específicas como estado y capacidad de las personas, divorcio, separación de bienes, entre otras — y este no era uno de esos casos.
Esto significaba algo crítico: mientras la Suprema Corte estudiaba si el plazo había sido mal calculado, la señora B. podía ejecutar el desalojo y cobrar los RD$500,000.00 — y si posteriormente la Corte le daba la razón al señor A., el daño ya estaría hecho, y sería prácticamente imposible de revertir.
Por eso, además del recurso de casación, presentamos una demanda en suspensión de ejecución ante la propia Suprema Corte de Justicia, solicitando que se detuviera la ejecución de la sentencia mientras se resolvía el fondo del asunto.
Lo que Dijo la Suprema Corte de Justicia
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia acogió nuestra solicitud. Su razonamiento se basó en dos elementos que, según la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son necesarios para conceder este tipo de protección provisional:
- La apariencia de buen derecho: es decir, que existiera una probabilidad razonable de que el recurso de casación pudiera ser acogido a favor del señor A.
- El riesgo de un perjuicio irreparable: que, de ejecutarse la sentencia antes de resolver el fondo, el daño causado fuera difícil o imposible de reparar — como ocurriría con un desalojo ya consumado.
La Corte determinó que ambos elementos estaban presentes en este caso: la denuncia sobre el cómputo erróneo del plazo para apelar tenía fundamento serio, y ejecutar la sentencia en esas condiciones habría comprometido el derecho de defensa del señor A. de forma irreversible.
La Decisión: Suspensión Total, Sin Necesidad de Fianza
La Suprema Corte de Justicia resolvió:
"ACOGE la demanda en suspensión, en consecuencia, suspende pura y simplemente sin prestación de fianza, la ejecución de la sentencia civil... hasta tanto se decida el recurso de casación interpuesto en su contra."
Esto significó que el señor A. no sería desalojado, ni se le cobraría un solo peso, mientras la Suprema Corte de Justicia no resolviera definitivamente si el plazo de su apelación había sido calculado correctamente. Y, algo especialmente favorable, la Corte concedió esta suspensión sin exigirle depositar ninguna garantía económica — una facultad discrecional del tribunal que, en este caso, jugó a nuestro favor.
La Lección Legal Detrás de esta Historia
Este caso deja enseñanzas prácticas muy importantes para cualquier persona enfrentando una situación similar:
- Un recurso de casación, por sí solo, no detiene un desalojo ni un embargo. Si su caso no está entre las excepciones de la Ley 2-23, necesita solicitar expresamente la suspensión de la ejecución.
- Los plazos procesales deben calcularse correctamente — en días hábiles, cuando aplique y con el aumento por distancia. Un error del tribunal en este cálculo puede costarle su derecho a apelar, si nadie lo detecta a tiempo.
- La rapidez y la estrategia importan. Detectar el vicio procesal, fundamentarlo correctamente, y actuar con velocidad ante la Suprema Corte de Justicia fue lo que evitó que se ejecutara una sentencia potencialmente viciada.
¿Enfrenta un Desalojo, un Embargo, o una Sentencia que Considera Injusta?
Si está enfrentando la ejecución de una sentencia mientras su apelación o casación sigue en trámite, si su recurso fue declarado inadmisible por un plazo que considera mal calculado, o si necesita detener un desalojo mientras se resuelve el fondo de su caso, el tiempo juega en su contra. Si desea llevar un proceso como este y tener éxito, no lo enfrente solo.
En Abogados Siglo 21 contamos con experiencia real, y casos ganados ante la Suprema Corte de Justicia, en materia de desalojos, cobro de alquileres, y suspensión de ejecución de sentencias.
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Este artículo está basado en la Resolución núm. 0260/2026, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 10 de abril de 2026. Los nombres de las partes han sido sustituidos por letras del alfabeto para proteger la privacidad de los involucrados. Este artículo tiene fines informativos y no sustituye la asesoría legal personalizada. Para más contenido sobre derecho civil, procesal e inquilinato en República Dominicana, visite nuestro blog Abogados Siglo 21.