La Ley 60-23 sobre bienes incautados en República Dominicana autoriza la venta urgente de ciertos bienes sin necesidad de subasta.
A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes sobre esta ley:
La Ley 60-23 establece el marco legal para la custodia, administración y disposición de los bienes incautados, secuestrados o abandonados en un proceso penal.
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y/o Sustraídos (Incabide) es el encargado de administrar estos bienes.
Una de las novedades más destacadas de esta ley es la posibilidad de que el Incabide venda directamente ciertos bienes sin necesidad de subasta.
Esta venta anticipada se puede realizar en situaciones de urgencia, cuando la subasta no sea viable o cuando el valor de los bienes no justifique la realización de una subasta.
La venta anticipada de bienes incautados solo puede ser autorizada por el consejo directivo del Incabide y el Ministerio Público.
Además, la venta debe ser publicada en un medio de comunicación de amplia circulación y debe respetar los derechos de los terceros interesados.
La ley también establece que los bienes incautados deben ser utilizados para fines públicos o sociales, como la lucha contra el crimen organizado, la prevención del delito y la protección de las víctimas.
Los bienes que no sean utilizados para estos fines deben ser vendidos o subastados.
La Ley 60-23 ha sido objeto de críticas y controversias debido a la posibilidad de venta anticipada de bienes sin necesidad de subasta.
Algunos expertos han señalado que esta medida puede generar problemas de transparencia y de protección de los derechos de los terceros interesados.
En conclusión, la Ley 60-23 sobre bienes incautados en República Dominicana autoriza la venta urgente de ciertos bienes sin necesidad de subasta.
Esta medida busca agilizar la disposición de los bienes incautados y garantizar su utilización para fines públicos o sociales.
Sin embargo, esta medida también ha generado críticas y controversias debido a los posibles problemas de transparencia y de protección de los derechos de los terceros interesados.
